POR DEMORAS Y CONDUCTA REPROBABLE Le quitan a un juez el 30 por ciento de su salario  El Superior Tribunal de Justicia le cuestionó retrasos en la tramitación de juicios. Y remitió el expediente a la Fiscalía General y al Consejo de la Magistratura, ante la posible comisión de hechos ilícitos y mal comportamiento.
El Superior Tribunal de Justicia puso "en capilla" a un juez de Ituzaingó aplicándole una severa multa equivalente a un 30 por ciento de su sueldo, al considerar que no cumplió con recomendaciones que el Alto Cuerpo judicial le había formulado oportunamente. El magistrado carga con varias denuncias por demora en la tramitación de procesos.
Pero no sólo en esa instancia queda la sanción. También la Corte provincial remitió el expediente a la Fiscalía General y al Consejo de la Magistratura, para que determinen, respectivamente, la posible comisión de hechos ilícitos o la factibilidad de un jury de enjuiciamiento.
Se trata del juez Civil, Comercial, Laboral y de Menores de Ituzaingó, Walter León Turraca Schou, a quien, por si lo anterior fuera poco, se lo acusa de actos reñidos con el decoro y la solvencia moral, conducta que resultó violatoria del Código de Ética para Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de Corrientes.
El Superior Tribunal de Justicia tomó esa decisión tras culminar un sumario administrativo iniciado contra el magistrado, en el que se desestimaron sus planteos de nulidad y se le aplicó la máxima sanción a la que la institución está habilitada, esto es, una multa equivalente al 30 por ciento de la retribución que percibe en forma mensual.
El sumario se inició el 17 de octubre pasado a efectos de investigar la actuación y conducta del Juez Civil, Comercial y Laboral, a raíz de que no pudo dar respuesta satisfactoria a recomendaciones elaboradas por el STJ por problemas detectados en una inspección efectuada el 9 de octubre de 2013 ni tampoco pudo solucionar otras recomendaciones formuladas por el Alto Cuerpo el 1 de abril de 2014.
Ello, en razón de que no se adoptaron medidas que estuvieran inequívocamente dirigidas a agilizar la tramitación de los procesos, "lo que revela la ausencia de voluntad, decisión o capacidad de revertir las dificultades que afrontaba el Juzgado, prima facie imputable al doctor Turraca Schou en su condición de titular de dicho tribunal y que, por otro lado, la demora en la tramitación de los procesos ha generado múltiples denuncias por vía de superintendencia".
Por otra parte, se consideró acreditada la responsabilidad administrativa prima facie atribuida al magistrado en actos reñidos con el decoro y la solvencia moral, conducta que resultó violatoria del Código de Ética para Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de Corrientes.
APERCIBIMIENTO
En otra resolución, el STJ aplicó un apercibimiento a la doctora Ana de Jesús Gauna de Atencia, juez Civil y Comercial de Paso de los Libres, por omitir notificarse de resoluciones emanadas del Tribunal Oral Penal relativas a su designación como subrogante de ese cuerpo, lo que dificultó la integración y funcionamiento de ese Tribunal.
La magistrada fue advertida que de repetirse situaciones similares a las planteadas se procederá a aplicar sanciones más severas.
El Tribunal Oral Penal de Paso de los Libres informó que la Juez Civil y Comercial, doctora Ana de Jesús Gauna de Atencia, se negó de forma reiterada y sistemática a notificarse de los decretos dictados por ese Tribunal mediante los cuales se dispuso su integración, en los términos del artículo 29 de la Ley Orgánica de Administración de Justicia (Loaj).
Esa circunstancia se acreditó con las certificaciones labradas por la Secretaría del Tribunal Oral Penal (TOP) que -en cada caso- dieron cuenta que remitidas las actuaciones al despacho de la magistrada a fin de que tomara conocimiento de las resoluciones, los expedientes fueron devueltos sin su firma, es decir, sin haberse cumplido con la diligencia de notificación que se pretendía realizar.
En su descargo, la Juez negó haber incurrido en la conducta que se le atribuía, afirmando que solicitó la asistencia de un escribiente del TOP para ingresar a la parte penal del sistema Iurix y expresar por escrito lo que correspondiera, sin que el mismo se hubiera presentado.
Según el sumario realizado, esa circunstancia no sólo no fue probada, sino que fue expresamente desmentida desde la Secretaría del TOP.
Viernes, 28 de agosto de 2015
|
