CONTEXTO SOCIAL Y JUDICIAL DE LA SENTENCIA DE LA CORTE La oposición social  Las señales de “la calle” que el Gobierno no comprendió. Lo que cambió entre abril y agosto. De cómo el macrismo construyó su oposición. De la renuncia a recaudar al déficit. Y algo sobre audiencias y fallos futuros.
El fallo de la Corte Suprema del jueves no nació de probeta: se dicta en un contexto político y judicial que influyó en los magistrados. Las sentencias y dictámenes acumulados previamente no son imperativos para el Máximo Tribunal pero demarcaron un camino y una jurisprudencia muy sólida, difícil para revertir de plano. Pero, sobre todo, los amparos y demandas son consecuencia de una intensa movilización popular que prevaleció al silenciamiento de los grandes medios y al ninguneo del gobierno. Los cortesanos captaron que se los quería hacer dictar el fallo más antipopular de la Corte desde que el presidente Néstor Kirchner la depuró y requete mejoró en 2003.
Los usuarios comenzaron a conseguir la nulidad poniendo el cuerpo en calles y plazas, mostrando las facturas, metiendo bulla por doquier. Millones de hogares quedaron, por ahora, a cubierto del tarifazo porque cientos de miles de personas de a pie defendieron con ahínco su derecho, forzando a los poderes públicos a prestarles atención. La secuencia temporal protesta-sentencias de tribunales de todo el país- fallo de la Corte describe una ilación lógica y un crescendo político.
El oficialismo, encabezado por el presidente Mauricio Macri, cayó en trampas habituales para los gobernantes: creerse la narrativa que inventa, subestimar a los adversarios, no releer paso a paso cómo se desarrolla un conflicto y como varían las correlaciones de fuerzas. La arrogancia, el ensimismamiento, la confianza en las trenzas de los operadores llenaron el disco rígido M sin dejar espacio para otras variables, también determinantes.
La resolución de la Corte es menos drástica y justa que la de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial de La Plata que marcó el punto de inflexión del conflicto. Pero contiene muchas refutaciones al relato de la Casa Rosada que se proyectan a futuro. El más importante es reconocer a los usuarios residenciales, con una amplitud jamás establecida antes, la “acción de clase” cuyos efectos atañen a todos ellos.
La obligatoriedad de las audiencias públicas, contra las que se encapricharon los macristas, debía ser reconocida porque es de manual.
El saldo de la sentencia se proyecta más allá: por lo pronto a los tarifazos de otros servicios públicos (ver nota aparte). Pero además, redondea un protocolo eficaz para los afectados por las políticas antipopulares del gobierno: agruparse, reclamar, marchar y judicializar si es necesario. El escenario es novedoso, el revés mayor para el gobierno en seis meses. Un cuadro transitorio, jamás definitivo, como tampoco lo era el anterior, por decir algo el de…
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…fines de marzo, primero de abril: Las resoluciones del Ministerio de Energía llevan los números 28 y 31 del año 2016, se publicaron con fecha 28 de marzo y primero de abril. En aquel entonces, el gobierno era una aplanadora. Haciendo palanca en su legitimidad de origen y en la dispersión opositora había devaluado y reducido o eliminado retenciones (combo jamás cometido antes), arreglado con los fondos buitres, derruido pilares de la Ley de Servicios de Comunicación Audivisual (LdSCA) y producido una imponente transferencia regresiva de ingresos contra la clase trabajadora.
Los dirigentes cegetistas parecían comer en la mano del gobierno, lucían pasivos y hasta serviles.
Las denuncias judiciales asediaban a ex funcionarios kirchneristas, el juez federal Claudio Bonadio se aprestaba a “meter presa a Cristina”, la demanda gritada desde Clarín y susurrada por los operadores macristas ante los magistrados más impresentables.
El escenario era real y tremendo, suponer que se proyectaría sin variaciones durante este año se reducía a una hipótesis, virtual. Cuando se insinuaba abril todavía se daba por hecho que el segundo semestre acarrearía reactivación, lluvia de inversiones, baja de la inflación…
Las reacciones comenzaron a sucederse. El acto masivo del kirchnerismo en las inmediaciones de Comodoro Py comprobó que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner conservaba su liderazgo respecto de un sector político numeroso y vivaz.
Las dos CGT y las dos CTA convocaron a un acto que resultó masivo al que asistieron (mayormente) laburantes formales de numerosos sindicatos. Se congregó una muchedumbre que por su cantidad necesariamente debía comprender muchos votantes de Macri en las presidenciales. Los jerarcas sindicales se distanciaban de un gobierno cuya política económica perjudica a sus bases y cuya compulsión al despido puede además, debilitar a sus organizaciones.
Las comunidades universitarias se organizaron luego. Los trabajadores de la economía popular y organizaciones sociales de diferentes banderías hicieron suyo el día de San Cayetano.
Minorías intensas se fueron constituyendo en oposición activa, plural, poli clasista. Sus reclamos son sectoriales y no son conducidos por la dirigencia política partidaria. Es el estadio actual con crecientes niveles de movilizaciones cotidianas, sin una propuesta nacional que las vertebre. Pero fervorosas y, por lo visto, con bastante punch.
El Gobierno manejó con astucia y desparpajo la relación con los gobernadores, legisladores e intendentes opositores. Le puso empeño y dinero al trato con las organizaciones sociales. Contuvo, distrajo, hasta sumó. Pero se durmió sobre esos laureles sin reparar en que estaba construyendo una vastísima oposición social, merced a la política económica. Los despidos, la deliberada reducción del salario real, la suba de precios y tarifas “sacaron a la calle” a argentinos de muchos estratos sociales y de todas las regiones. No los mueve la pertenencia partidaria sino el espanto de sus conquistas puestas en peligro.
El macrismo insiste retóricamente en buscar manos negras del kirchnerismo en cada movida de acción directa y se equivoca feo. También lo hará si acentúa el macartismo y lo extiende a los partidos de izquierda que, sin duda ni contradicciones, se suman a la protesta. Pero ésta es la respuesta racional a un conjunto de medidas que solo benefician al primer decil de la población por ingresos o por patrimonios. Como el capitalismo concentra la riqueza, ese colectivo no contiene siquiera al diez por ciento del padrón electoral.
El sindicalismo peronista tradicional, contenido en las dos CGT es, por definición, un jugador organizado, institucionalizado lo que lo distingue de los movimientos sociales “silvestres” que proliferan en el ecosistema macrista. Comparte con ellos haber sido “arrojado” a la oposición: no le queda otra cuando atacan a su base social. Lo harán, a menudo, con mañas, rebusques burocráticos o falta de combatividad. También con el peso específico que conservan y ponen en juego. Escribirán agenda mañana si consiguen reunificarse y en los meses venideros, con los dirigentes a la cabeza o como venga a cuento.
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Aprovechar la herencia: La derrota es táctica, el oficialismo sigue primando en el tablero político. El Gobierno domina, pongámosle, naturalmente la escena en un país democrático estable. Decide, arbitra, gestiona, promueve la parte del león de las leyes que se dictan. El macrismo cumple la regla y, cuando la oposición dictó una ley anti despido “por las suyas” olvidó sus pantomimas “consensuales” y republicanas: la vetó y a otra cosa. El relato es una cosa, el poder otra y queda claro cuál predomina.
El estado argentino es más solvente, eficaz y dotado técnicamente que el de 2003. Hay caja, recursos materiales y simbólicos… con esos materiales es factible construir poder. El macrismo se lanzó a una ofensiva contra el Frente para la Victoria (FpV), herido por la derrota electoral en la Nación y en todas las provincias más grandes, incluyendo la de Buenos Aires. Las divisiones y cooptaciones, antes que diferenciar entre “leales” y “traidores”, acentuaron problemas internos preexistentes, elevados a la enésima potencia por la caída. En abril, los bloques peronistas del Congreso sufrían sangrías, bien trabajadas por el macrismo.
En aquel momento, el gobierno hacía agenda a través de la corrupción (ajena) tanto como de sus iniciativas políticas. Hace un par de meses que la corrupción K es su mono tema predilecto que sigue dando leche. Se le empioja porque se entrometen los Panamá Papers, las cuentas en el exterior, la bolsa de la vicepresidenta Gabriela Michetti que contenía más dinero que la de la ex ministra de Economía Felisa Miceli aunque por ahora le produjo menos quebraderos de cabeza. La trama de Fundaciones opacas salpicó al oficialismo. La agenda de la corrupción es, ahora, una pelea en el barro y no solo un linchamiento.
La agenda laboral y social se convierte en un repertorio de bajones. La inflación sigue alta, la recesión se hace sentir, los consumos de productos básicos se reducen. Las únicas consultoras que todavía pueden dar buenas noticias al gobierno son las de imagen porque trafican un material gaseoso y porque el modo de preguntar ayuda a dibujar respuestas gratificantes.
Suponer que el escenario actual se proyectará linealmente a futuro es tan equivocado como era pensarlo a fines de marzo. Nadie tiene la bola de cristal y, si ésta existiera, le contaría a su dueño que el futuro no está escrito pues depende del desempeño de protagonistas y sectores sociales. Y, aunque para ahorrarnos temores no solemos contarlo, de una cantidad de factores externos, ajenos a la competencia de los gobernantes y los gobernados.
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Creatividad contable y renuncia a recaudar: No hay motivos para creer en la creatividad contable oficialista que pretende camuflar el golpe recibido. Pensaba favorecer a las concesionarias con facturas exorbitantes desde mayo, deberá esperar a octubre con precios más bajos, todavía supeditados a control social y judicial.
Las cifras que bartolea el gabinete macrista deben tomarse con pinzas. El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, calculó de entrada la mengua de ingresos por tarifas de gas en 12.000 millones de pesos, luego la prolongó a 20.000 millones. Le conviene mandar al service su ábaco que, además, no computa lo que sobrevendrá con las tarifas por los servicios de electricidad y agua.
Mono causalista tenaz, el macrismo achaca al fallo de la Corte el déficit machazo que acumuló. Es una falacia entre tantas: la principal causa del déficit endógeno es una amplia renuncia a recaudar. Comenzó con la reducción o eliminación de retenciones a las actividades más rentables. La recaudación por IVA tenía que bajar, medida en valores reales, cuando se redujeron adrede el valor adquisitivo de los salarios y el consumo popular. Otro tanto ocurre con el impuesto a las ganancias, que también es sensible a la recesión.
El ¿equipo? económico está forzado a revisar la hoja de ruta, el Excel para pocos. El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, emitió una primera señal a los ruralistas. Avisó que tal vez haya que desacelerar los nuevos favores (otra poda a las retenciones) al sector del que proviene. Seguir sableando muchos bolsillos conspira contra el consenso democrático. Habrá que ver cuánto y cómo lo registra el Gobierno y cómo sigue la película.
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Los gremios y la 125: Acá y allá se comparó el tropiezo oficialista con el que padeció el kirchnerismo en el conflicto con “el campo”, por la Resolución 125. Los anacronismos son tentadores y didácticos, a condición de no engolosinarse con la comparación y no creer en las repeticiones calcadas.
Es interesante evocar que Cristina Kirchner resolvió que el Congreso definiera el diferendo, mientras el macrismo hizo lo imposible para imponer su criterio al Poder Judicial.
Para quienes se jactan de haber acatado “como nunca antes” la sentencia de la Corte: el kirchnerismo derogó la 125 inmediatamente después de la votación “no positiva” en el Senado. También aceptó las chicanas y complicidades de los tribunales inferiores y la Corte que ralentaron la puesta plena en vigencia de la LdSCA.
Otro detalle: el kirchnerismo sufrió su primera derrota a casi cinco años de gestión cuando acumulaba aumentos del nivel de empleo, de las reservas, de la masa de jubilados, de desendeudamiento, política señera en Derechos Humanos, por hacer una lista cortita. El macrismo se machuca a los ocho meses, sin medidas “pro gente” dignas de mención. Penúltimo: el movimiento obrero estaba entonces al lado del oficialismo que había favorecido a los trabajadores.
Y, para cerrar, un dato interesante: aquella revuelta campestre abusó de la acción directa, bloqueó caminos, desabasteció, vertió alimentos en las rutas. La protesta ciudadana de estos meses se destaca por su alegre temple y su pacifismo. El ruido es su expresión más rotunda: una variante de lo que Perón llamó “la más maravillosa música” que algunos sordos no quieren o no saben oír.
mwainfeld@pagina12.com.ar
Y la luz se hizo
Por Mario Wainfeld
El Gobierno acató, acaso a medias, la exigencia de audiencia pública para el aumento de tarifas de gas dispuesto por la Corte Suprema (CSJN): fijó una para el 12 de septiembre. La sentencia dispuso que el acto no debe ser un ritual hueco, que todas las partes deben ser oídas y sus planteos tomados en cuenta para determinar el cuadro tarifario, que es potestad (no absoluta) del Ejecutivo. Da la impresión que una sola convocatoria es poca para atender a la cantidad y diversidad de reclamos y sectores en danza. Si se convirtiera en simulacro, los damnificados podrían argüir su nulidad, con buen sustento en la sentencia del jueves.
En paralelo, la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, tiene en sus manos el expediente en el que se decidió frenar el tarifazo de tarifas eléctricas en toda la provincia de Buenos Aires. Entre los actores, está la Defensoría del Pueblo provincial, facultada para representar a todos los usuarios. El plazo para que Gils Carbó dictamine y devuelva la causa a la Corte expira el 6 de septiembre. Si los cortesanos sentenciaran de volea, como hicieron respecto de las tarifas de gas, llegarían antes que la audiencia pública que el oficialismo sacó de la galera, in extremis. Se supone que será el 13 de septiembre para no superponerla con la del gas. Tal vez los abogados del Estado pidan una prórroga al tribunal para no cumplir con el requisito constitucional obligatorio y no quedar, de nuevo, en off side.
De cualquier manera, cuesta imaginar que la Corte altere las líneas maestras de la sentencia flamante.
El aterrizaje tardío de Carlos Rosenkrantz, que jura mañana, cambiará la composición del cuerpo. Rosenkrantz es abogado de corporaciones, incluyendo al Grupo Clarín con el que además tiene acuerdos académicos en su carácter de Rector de la Universidad Austral.
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El principal aporte positivo del fallo de la Corte es la validación de la “acción de clase” para el conjunto de los usuarios residenciales. La regla imperará en otros pleitos semejantes.
Contra lo que propagan usinas oficialistas, nada cierra la posibilidad de demandar a otros usuarios ni quedan “condenados” a accionar de a uno en fondo Por lo pronto, las personas jurídicas tienen capacidad para hacerlo, lo que racionalmente debería dejar margen a corporaciones como la CAME, APYME o la mismísima UIA. Con más razón y apego a derecho las Universidades, las empresas recuperadas, los clubes de barrio y las organizaciones sociales deben tener legitimidad procesal. Son colectivos con intereses homogéneos y muchos de ellos limitados en recursos económicos. La solución inversa (exigir que actúen “individualmente”, en fila india) sobrecargaría a los juzgados de pleitos casi idénticos sin funcionalidad alguna. Es cierto que los jueces se fascinan con el papelerío y las dilaciones pero sería un exceso, caramba.
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Dos puntos centrales de la decisión de la CSJN servirán de fundamento a reclamos que, tal como informó ayer la nota de tapa de Página/12, ya se están pergeñando.
Estableció que los aumentos de tarifas deben ser “graduales” y no pueden ser confiscatorios. Agregamos, sin distorsionar: “confiscar” es privar al consumidor de sus derechos constitucionales entre ellos el de “trabajar y ejercer toda industria lícita”. Las tarifas exorbitantes no pueden, legalmente, llevar a la quiebra a los usuarios no domiciliarios. Ni tampoco, dice la sentencia con todas las letras a privarlos “de la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos”. El precio prohibitivo del gas o la electricidad, de existir, debe ser anulado por los tribunales. Por cierto, determinar qué es “confiscatorio” varía en cada caso, que puede haberlos individuales o colectivos como serían los clubes de barrio.
La “gradualidad”, en cambio, puede ser discernible a simple vista si la cuantía del aumento es exorbitante. El juzgador tiene facultades para establecer cuál es el “x por ciento” que configura abuso del concesionario.
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El jurista Gustavo Arballo avizora el horizonte, con buen saber y mejor olfato en el blog Saber Derecho. “Mi sensación -escribe– es que a pesar de que la Corte “tira el achique” para evitar que proliferen acciones que sean un rejunte promiscuo de actores, siempre que haya causa común a todo grupo que demuestre numerosidad y analogía es una (acción de) clase plausible. Así las cosas, veremos florecer amparos de grupos, clases y mini clases, y, finalmente, la opción de litigar en modo cuentapropista”.
También serán de la partida los Defensores del Pueblo que representan “promiscuamente” a todos los ciudadanos. Y las propias provincias, cuya legitimidad para actuar en nombre de sus ciudadanos-habitantes es difícil de controvertir, si se habla en serio. San Luis parece haber primereado, los reclamos sociales seguramente despabilarán a otros gobernadores para hacerse cargo de sus mandatos.
Domingo, 21 de agosto de 2016
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