GOYA Gerardo Bassi denunció el "avasallamiento institucional de la Justicia" a la Comuna  Desde tempranas horas de la mañana una veintena de efectivos policiales allanaron las oficinas de la Municipalidad de Goya, como también depósitos donde se resguardan herramientas en el contexto de un operativo ordenado por el juez de instrucción de esa ciudad Darío Ortiz con la asistencia del fiscal Francisco Arrué.
La intervención se llevó adelante en cuatro edificios –uno de ellos, la vivienda de un empleado municipal- con una movilización espectacular de móviles policiales que ingresaron a las dependencias de la tesorería municipal, pero posteriormente se trasladaron a un corralón lindante al edificio municipal.
El operativo llevó cuatro horas, tiempo en el que ningún operario pudo ingresar o egresar del edificio municipal.
Respecto a la causa que originó el operativo ningún funcionario judicial accedió a dar detalles de los motivos por los que se ordenó la intervención.
Un funcionario del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia informó a NOVA que “se carece de información por parte del juzgado de las razones por las que se ordenó el allanamiento”.
Recordaron que tiempo atrás se había iniciado una causa judicial por “pero se desconoce si este allanamiento se dispone dentro de esa causa”. Se trata de una acción iniciada por un convenio firmado con el Ejército Argentino, por el que investigan el uso de fondos.
Respecto a esto, el intendente de Goya, Gerardo Bassi informó este lunes 13 que la orden de allanamiento fue emitida por el juez de instrucción Darío Ortiz quien ordenó la búsqueda de un expediente de orden de pago a plazos.
El jefe comunal cuestionó la orden judicial al indicar que la modalidad de pago “fue aprobada por el Honorable Concejo Deliberante en la Ordenanza 1927/17".
Además puso en dudas la legalidad del operativo que calificó como un “avasallamiento institucional”.
Agregó que “nos parece que no fue necesario hacer un allanamiento. Nos pudieron haber pedido el expediente, como hicieron otros jueces en otras oportunidades durante estos cuatro años”.
En este contexto el titular del Ejecutivo –y presidente del Partido Justicialista- sostuvo que “es lamentable este hecho inédito, que muestra una vez más el avasallamiento institucional que ejerce el juez Darío Ortiz, que ya sabemos cómo se maneja, y por lo cual ya lo hemos denunciado ante el Consejo de la Magistratura”.
Deslizó la posibilidad que el operativo tenga intenciones políticas partidarias relacionados con el cambio de gestión. Es que Bassi culminará su período de gobierno el 10 de diciembre y asumirá en el cargo el radical Ignacio Osella.
Es por ello que sostuvo: “nos parece contradictorio que hablen de buena voluntad en la transición”.
Explicó que “en la primera reunión de equipos técnicos de la actual gestión y del intendente electo, nuestro secretario de gobierno les interiorizó acerca del estado general del municipio, en temas sobre los cuales estaba puntualmente el cheque de pago a plazos. Después de esta clara muestra de transparencia por parte nuestra, ahora nos mandan este allanamiento”.
Juez funcionario
El juez de Instrucción de Goya, Darío Ortíz había sido denunciado en el Concejo de la Magistratura de la Provincia al ponerse en dudas su objetividad en el manejo de causas en las que están relacionados funcionarios locales.
Uno de los argumentos es que Ortíz había ejercido un cargo en una secretaría municipal cuando Ignacio Osella llevaba adelante su segundo periodo de gobierno al frente de la municipalidad. Desde allí coordinaba acciones proselitistas del radicalismo y también se le atribuyen “aprietes” a empleados municipales que se negaban a participar en acciones políticas.
Luego, al asumir Gerardo Bassi como intendente de Goya, Ortiz tomó en el cargo de Director de Transportes de la Provincia durante el gobierno de Ricardo Colombi, dependencia que funciona bajo la órbita del Ministro de Industria, Trabajo y Comercio, Ignacio Osella.
Renunció al cargo de Director 24 horas antes de jurar como juez.
Martes, 14 de noviembre de 2017
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