Viernes, 22/2/2019   Paso de los libres
   Corrientes - República Argentina
 
Los detalles de la pelea y las acusaciones cruzadas entre Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti
UNA PULSEADA QUE SUMA TENSION EN LA CORTE SUPREMA
A pesar del intento por atenuar la disputa, una ONG denunció a Carlos Rosenkrantz sobre la base de los planteos de Ricardo Lorenzetti.


Los jueces y la jueza de la Corte Suprema llegarán a su reunión de acuerdo habitual, prevista para hoy, en uno de los escenarios internos más hostiles vividos en el tribunal, como consecuencia de las acusaciones cruzadas entre el nuevo presidente supremo, Carlos Rosenkrantz, y el desplazado Ricardo Lorenzetti, en torno del manejo del Centro de Información Judicial (CIJ) como síntoma de una disputa de fondo. Pese a que el plenario suele ser un ritual bastante tedioso, donde se firman fallos y a veces se intercambian ideas, es probable que éste no sea uno más. Otros dos supremos intentaban ayer bajar la temperatura de la pelea y pedirles calma a los contrincantes, pero la tensión subsiste. Rosenkrantz jugó fuerte contra Lorenzetti al firmar una resolución donde lo acusaba de paralizar el sitio web del tribunal, que difunde fallos y actividades, pero el segundo le contestó con una carta cargada de denuncias y le atribuyó amenazas, violencia de género y un intento de privatizar el CIJ. Los hechos fueron tomados por una ONG habitué de Comodoro Py que hizo una presentación por posible abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes del funcionario público. Mientras tanto, comenzaron a conocerse más detalles de la disputa interna.

El escándalo por el CIJ expresa una batalla profunda por el manejo del poder dentro del tribunal pero que, es evidente, tiene una faceta política, y no empezó ahora, sino cuando Mauricio Macri nombró por decreto a Rosenkrantz y a Horacio Rosatti como jueces de la Corte, aunque después recibieron aval del Senado. Los tironeos que se vivieron desde su desembarco en el máximo tribunal en 2016 maduraron con la decisión de los jueces más nuevos de cortar el mandato Lorenzetti como presidente, que debía durar hasta fin de año pero terminó hace diez días. Para eso tuvieron el apoyo de Elena Highton de Nolasco, vice durante once años del ahora desbancado.

La resolución que firmó Rosenkrantz al comienzo de esta semana, en la que acusa a Lorenzetti de vaciar el CIJ e impedirle el acceso a las claves para manejar el sitio, fue llamativa por tratarse de un asunto que se podía saldar en conversaciones e incluso en diálogo en el plenario. Puertas adentro de la Corte Suprema, fue leído como una decidida provocación y un intento por doblegar a Lorenzetti, quizá para en algún momento forzar su salida y lograr imponer una línea afín al Gobierno y al establishment empresario. Rosenkrantz fue abogado de grandes empresas y es muy cercano a uno de los hombres clave de la mesa chica judicial del presidente Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, también ligado al Grupo Clarín. En su avanzada logró imponer el año pasado el fallo del 2x1 a favor de la libertad anticipada para los genocidas. No es que Lorenzetti sea kirchnerista –de hecho terminó muy mal con Cristina Fernández de Kirchner– o antimacrista acérrimo, sino que siempre apostó a la acumulación de poder propio, a punto tal de generar dudas sobre sus propias aspiraciones a la Presidencia de la Nación. En su juego, intentó acercamientos con el Gobierno pero siempre tuvo el factor “Elisa Carrió”, su eterna denunciante, jugando en contra, sin claudicar en los pedidos de juicio político en su contra.

El traspaso y la carta

El CIJ era manejado por la periodista María Bourdin, que trabajaba en equipo con Pablo Méndez. Antes de que Lorenzetti terminara la presidencia del tribunal, firmó el traslado de ambos a su despacho. Méndez fue sumariado por Rosenkrantz por no querer dar acceso al CIJ a un consultor privado, ajeno a la Corte y al Poder Judicial. El actual presidente dijo en su resolución que el traspaso de ambos dejaba al CIJ acéfalo y paralizado. Pero Lorenzetti le mandó una carta, que hizo pública, donde le atribuye amenazas hacia varios funcionarios de la Corte y violencia también hacia Bourdin.

Ayer el periodista Jorge Asís exhibió en Twitter un costado de esta guerra que patentiza el alineamiento político de Rosenkrantz: contó que el motivo de la salida de Bourdin del sitio web y el manejo de la comunicación fue un furibundo entredicho de la periodista con Carrió, por declaraciones que la dirigente que integra la alianza Cambiemos había hecho sobre ella. Bourdin le contestó en un texto que hizo público: “Carrió miente, abusa de su poder como diputada nacional y de la confianza que depositaron en ella quienes la votaron (...) no tuve ni tengo una relación personal con Lorenzetti (...) tampoco le organizo rees secretas ni participio de estrategia golpista alguna”, fue parte de lo que sostuvo. Según reprodujo Asís, Rosenkrantz le dijo a Bourdin: “Sellaste tu suerte en la Corte porque le contestaste a Carrió. Eso no se hace, no podés seguir”. Ella, al parecer, le respondió: “Echame y explicá que me echás porque me defendí de las agresiones de Carrió”.

En la carta a Rosenkrantz que Lorenzetti decidió difundir en plena reunión del J-20 –a la que asisten jueces y juezas de las cortes de los países que integran el G-20–, lo trata de autoritario y mediocre y le atribuye amenazas, además de un intento de manejar con un privado la comunicación del tribunal, algo que le señala que no tiene precedentes y va contra las reglas internas. Le adjudica también actitudes propias “de épocas que hemos querido superar”, lo que hay quienes leen entre líneas como combinación de ideas que aluden al régimen dictatorial pero también a la vieja Corte adicta al menemismo.

El CIJ tiene una gran importancia real, ya que es una herramienta a través de la cual se administra la información judicial. Fue muy innovador en un comienzo, cuando fue ideado en 2006, porque rompía el concepto tradicional de que los jueces hablan sólo por sus sentencias: generaba un puente con la sociedad. Pero también fue cuestionado por hacer recortes temáticos, no publicar todos los fallos y cargar las tintas sobre determinados temas con intencionalidad política.

Rosenkrantz señaló en su resolución que el portal depende en forma “directa” de la presidencia de la Corte. Lorenzetti se lo refutó, le dijo que su dependencia es de todo el tribunal. Quien ocupa la presidencia de la Corte tiene un papel de dominio sobre la agenda de la Corte: va decidiendo, por ejemplo, qué temas tienen prioridad para ser tratados. La Corte, al ser la última instancia judicial, tiene una voz decisiva sobre grandes temas de la vida de un país. Habrá que ver qué pasa cuando se sienten en el acuerdo de hoy los supremos y cómo remontan este culebrón que sigue escalando. La agenda próxima, frente a este panorama, es imprecisa. Lorenzetti, está claro, se anticipa a futuros ataques que es cantado podría recibir en distintos planos, desde el manejo del dinero, las designaciones hasta la creación de la oficina de escuchas, que quedó en el ojo de la tormenta con las filtraciones de conversaciones privadas de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Mientras, por su lado, Bourdin analizaba la conveniencia de hacer alguna denuncia formal. De todos modos, hizo una Fernando Miguez, quien se presenta como periodista por Fundación por la Paz y el Cambio Climático en la Argentina y suele llevar denuncias a Comodoro Py. Basándose en la carta de Lorenzetti pidió investigar a Rosenkrantz invocando “gravedad institucional” y los posibles delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Le tocó al juez federal Luis Rodríguez. En el J-20, los supremos trataron de poner buena cara para una nueva foto –esta vez sin el presidente Mauricio Macri, sugestivamente sentado en el medio de ellos–, pero la crítica situación se nota demasiado.


Jueves, 11 de octubre de 2018

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