EL IMPACTO DEL FALLO DE LA CORTE SUPREMA A FAVOR DE LOS JUBILADOS Quién te ha visto y quién te ve  La sentencia del máximo tribunal desnuda la lógica arrasadora del ajuste macrista y es un severo revés para el Gobierno. Se suma a los recientes fallos sobre el 2x1 y la Ley de Lemas en Santa Cruz, todas derrotas que Mauricio Macri no tenía en su radar para las fiestas de 2017 cuando se daba por reelegido.
La Corte Suprema (CS) hizo lugar al reclamo de Lucio Orlando Blanco y declaró la inconstitucionalidad de la actualización de sus haberes jubilatorios dispuesta por la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS). Ordenó aplicar al efecto el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (Isbic) por considerar injusto y violatorio de derechos el de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) que dispuso el Ejecutivo. Además de Blanco, se beneficiarán muy pronto más de 11.000 jubilados con pleitos iguales radicados en la Corte. Esos fallos saldrán pronto, son un calco.
El número de reclamos parecidos que recorren anteriores instancias es aproximado, se los suele estimar en bastante más de 100.000. Demorarán mayor tiempo para resolverse.
Es prematuro extrapolar otras proyecciones, que seguramente surgirán: cuantos jubilados podrán intentar demandas similares o la traslación de la jurisprudencia a nuevos beneficios. En cualquier caso, la sentencia constituye un revés severo para el Gobierno del presidente Mauricio Macri.
El devenir de la legislación previsional guarda simetría con las peripecias políticas del oficialismo que viene en baja casi desde el mismo momento en que ganó las elecciones de medio término.
Parece que fue hace un siglo pero transcurrió poco más que un año. Mauricio Macri, tonificado por la victoria en las urnas, habló en el Centro Cultural Kirchner y anunció un puñado de reformas ambicioso, regresivo, cuasi fundacional. La jubilatoria era un pilar dentro del combo, que incluía también la laboral.
Arrancó rápido: se está cumpliendo un año clavado de la aprobación en Diputados de la ley de reforma jubilatoria. El Gobierno tocaba el cielo con las manos. Ya leía mal la coyuntura porque subestimaba el rechazo social a la nueva norma, traducido en las encuestas, datos costumbristas como las llamadas de oyentes a las radios (anche los oficialistas), movilizaciones masivas y transversales. Como correlato y remate de ese vuelco de la opinión pública se unió la oposición parlamentaria, en especial las distintas vertientes del peronismo. La victoria en el recinto embriagó al macrismo que tras reprimir ferozmente acusó de violentos a sus rivales políticos. La foto trucada (la tapa de los diarios oficialistas del día siguiente) engañó a sus propios gestores, un error que manipuladores astutos deben evitar.
Los tecnicismos de la discusión, la televisación sesgada, pasaron al olvido y la gente común comenzó a evaluar cuál era el saldo real del cambio de normas. El Gobierno seguía enfrascado en su relato fantasioso. El correr del tiempo, la pérdida de valor adquisitivo, la cuenta de cada ciudadano de a pie, desnudaron el carácter confiscatorio de la política jubilatoria de Macri.
La Corte Suprema le propinó otro golpe, votado por 4 contra 1. La mayoría se segmentó en dos posiciones.
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Tres de los jueces que formaron mayoría –Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti-- consideraron que el coeficiente dispuesto por el Ejecutivo viola el artículo 14 bis que garantiza “la realización de los bienes sociales”. También que la ANSeS se arrogó potestades del poder Legislativo, en forma indebida. Detecta dos causas de inconstitucionalidad, la primera es la más relevante mirando al futuro porque podría aplicarse a numerosos derechos sociales en casos futuros.
Elena Highton sumó a la mayoría con uno solo de los fundamentos, el más acotado: el organismo administrativo dictó disposiciones de carácter legislativo para las que no se encontraba facultada, circunstancia que “la Constitución Nacional sanciona con la nulidad absoluta e insanable”.
Rosenkrantz, el juez que Macri designó por afinidades ideológicas, votó como quería el Ejecutivo pero volvió a quedar en soledad, como le sucediera en la sentencia que excluyó a los autores de crímenes de lesa humanidad del “2x1”.
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Los cortesanos entienden que debe ser el Congreso el que dirima un índice de actualización adecuado. Lo expresan en los fundamentos del fallo y lo han comentado con legisladores y funcionarios del Ejecutivo. Exhortan ahora por escrito al Congreso.
La Corte carece de facultades para obligar al Congreso a dictar una ley. Su finalidad es interpelarlo, deslindar responsabilidades y alertar a la opinión pública. Tan es así que la mayoría dispuso que “hasta tanto el Congreso cumpla con el mandato constitucional del art. 14 bis” (o sea legisle, agregamos) el criterio de la Corte deberá ser aplicado de inmediato a las causas judiciales en trámite. No habrá privación de derechos para los jubilados pero, dicho en palabras del cronista, sí un vacío legal que los legisladores deberían reparar.
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A pocas horas de publicados los fundamentos es prematuro desbrozar cuestiones jurídicas que el debate público iluminará según pasen los días.
Desde la óptica de este cronista la decisión es ajustada a derecho, deja algo menos desvalidos a los jubilados y desnuda la lógica arrasadora del ajuste macrista. Los inquilinos de la Casa Rosada y su representante en la Corte, Rosenkrantz, minimizan la gravitación de lo sucedido como esos boxeadores que reciben una piña y menean la cabeza para mostrarse enteros. En verdad, los más recientes fallos de la CS (Ley de Lemas en Santa Cruz, 2x1 y Blanco) configuran derrotas del gobierno que no estaban en el radar para las fiestas de 2017 cuando Macri se daba por reelegido, comiéndose la cena antes de la hora del almuerzo.
Martes, 18 de diciembre de 2018
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