Viernes, 19/4/2019   Paso de los libres
   Corrientes - República Argentina
 
POR RAUL ZAFFARONI
Al borde de la ruptura: mejor no estirar más la soga
En nuestro país estamos viviendo desde hace tiempo una táctica de lo que ahora se llama “lawfare” bastante peligrosa. No sólo se persigue a opositores, sino incluso a empresarios argentinos. El gobierno nacional pretende acusar al juez federal Ramos Padilla ante el Consejo de la Magistratura para removerlo de su cargo y así frenar la causa que investiga la trama de espionaje y extorsión que involucra al fiscal Carlos Stornelli.

Toda interacción humana tiene algo de dramaturgia según los sociólogos interaccionistas. Esta afirmación es mucho más válida cuando se trata del proceso penal. Aunque quien observa un juicio oral nunca haya leído a un interaccionista, no puede dejar de observar que hay una distribución de roles muy cuidada y cada quien asume el suyo. Esta sensación es aun mucho más completa si los jueces visten togas y los abogados también. Cada uno ocupa su lugar, fiscal acusador y abogado defensor a los lados, los jueces en sus estrados, el acusado junto a su defensor. Cualquiera que se salga del rol asignado provoca lo que los interaccionistas llaman “una disrupción” y de inmediato el tribunal lo hace callar o lo excluye de la audiencia.

Pero hay una situación que provoca también “disrupción” y que no se resuelve tan fácilmente: es la que producen los jueces cuando se salen de su rol. En ese caso no hay nadie que los haga callar o los excluya. Por eso esas “disrupciones” de los jueces son mucho menos frecuentes e incluso diríamos que raras.

Los casos más extremos de “disrupciones judiciales” se dieron en las parodias de juicios llevadas a cabo en los regímenes totalitarios, tales como las purgas estalinistas –con el famoso fiscal servicial- o el llamado “tribunal del pueblo” nazi, con el no menos famoso payaso togado Ronald Freisler.

Cuando se llega a extremos de “disrupciones judiciales” se desarma directamente el escenario y la distribución de roles se quiebra definitivamente, pues ante la falta de autoridad que “ponga orden”, o sea, que preserve la distribución de los roles, cada quien no se siente obligado a mantener su rol. Adviene el caos y el drama corre por otros carriles.

En tales casos, en que cada quien pasa a elegir el libreto que quiere, suele plantearse un dilema a los acusados y a sus defensores: son conscientes de que las reglas del juego no funcionan y deben optar entre seguir un juego que ya no corresponde a la previa distribución de roles, o bien, proceder a lo que alguna vez se ha llamado el “juicio de ruptura”, que consiste en denunciar a los jueces y asumir un abierto rol de confrontación con éstos.

En esos casos se suelen escuchar expresiones tales como “veo el hacha del verdugo bajo la toga del juez” y similares, o sea, el proceso se acaba y lo que queda es una pura confrontación de poder que quiebra toda juridicidad y racionalidad. Es, cabe reiterarlo, el caos.

Este caso se debe a que en esta última variable, el proceso se sale de cauce y termina siendo una confrontación política, en la que el acusado y su defensor desconocen la autoridad de los jueces “disruptores”. Como es obvio, cuando las cosas llegan a este punto, la situación es de extrema gravedad y, por ende, a toda costa deben agotarse los esfuerzos para evitar que se produzca.

En nuestro país estamos viviendo desde hace tiempo una táctica de lo que ahora se llama “lawfare” bastante peligrosa. La persecución política a la oposición mediante un proceso en que se extorsiona a los imputados amenazándolos con un manejo arbitrario de la prisión preventiva es de conocimiento público. No sólo se persigue a opositores, sino incluso a los empresarios argentinos, lo que redunda en beneficio del capital financiero transnacional. Los propietarios del único canal televisivo que no responde al gobierno están presos. Las detenciones de ex– funcionarios se televisan, alguna vez con la persona en pijama. Las excarcelaciones se revocan en trámites procesalmente bastante objetables y por primera vez desde que se volvió a los cauces constitucionales tenemos presos políticos en nuestro país.

Las imputaciones pasan por alto la legalidad de los tipos a los que apelan : hubo “traiciones a la nación” sin guerra. Ante la obvia inadecuación de esta tipicidad, se apeló al encubrimiento y a una llamada “doctrina”, inaudita, porque no habría funcionario imputado de delito que pudiese beneficiarse con una excarcelación. Además, hay sentencias condenatorias que “estiran” los tipos penales como si fuesen de goma y hacen que actos debidos y legales de funcionarios pasen a ser criminales sólo porque se le ocurre a los jueces.

Se apela a la “asociación ilícita”, tipo penal que es inconstitucional, porque se consumaría con que tres o más personas, en una noche de medio borrachera, acordasen cometer delitos y pese a que al día siguiente hayan decidido que eso era absurdo y no hayan cometido ni intentado cometer ningún delito. Se sabe que este tipo penal, que proviene de la vieja criminalización de sindicalistas en tiempos en que la huelga era un delito, se usa en la instrucción para legitimar prisiones preventivas. También se sabe que es irracional, porque si quienes se ponen de acuerdo son tres “mecheras” de tienda, por el simple acuerdo serían más penadas que si cometiesen realmente los hurtos.

No vale la pena seguir recordando lo que todos sabemos, aunque no cabe olvidar la prisión política de Milagro Sala o la pretensión de que una adolescente casi niña sea amenazada con privación de libertad para acallar o debilitar a su madre. Si bien ambos casos son muy diferentes, tienen en común servir de muestra del grado de odio y crueldad extremos que mueven a quienes los impulsan.

Pero en las últimas semanas la cuerda se va estirando con serio riesgo de que la “disrupción” termine descalabrando todo. Ante las denuncias contra el fiscal del famoso proceso de los cuadernos fotocopiados que habría redactado un empleado grafómano, como consecuencia de la aparición de un personaje extraño, de servicios de informaciones mezclados en la actividad judicial, de indicios de extorsiones y demás escándalos, se pretende sacar la causa de las manos del juez federal que la investiga y ahora, nada menos que acusar al juez federal ante el Consejo de la Magistratura para removerlo de su cargo.

Cualquiera sea la verdad de los hechos, lo cierto es que si se consigue apartar al juez y más aún si se lo remueve, eso no haría más que engendrar serias presunciones de que algo sucio se quiere ocultar.

Pero al margen de todo esto o, mejor dicho, como resultado de la acumulación de todo lo anterior, lo cierto es que la cuerda se va estirando demasiado y está tocando un límite peligroso, muy riesgoso. La cuerda puede romperse, la “disrupción” generar la “ruptura”, los procesos acabar en disputas políticas abiertas, los acusados y sus defensores desconociendo la autoridad judicial, o sea, el caos total.

No sabemos si vale la pena invocar la razón, tan extraña a nuestro tiempo, pero al menos, aunque más no sea para tener la conciencia tranquila, debemos intentarlo, advirtiendo el riesgo que se está corriendo: nos movemos en los peligrosos límites del caos institucional. Se ha estirado tanto la soga en estos últimos años que está a punto de romperse. Aún es tiempo de evitarlo.


Miércoles, 20 de marzo de 2019

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