Viernes, 24/5/2019   Paso de los libres
   Corrientes - República Argentina
 
UNA RADIOGRAFIA SOCIAL DE LA VIOLENCIA POLICIAL
Percepción negativa de la intervención punitiva con excusa de la inseguridad
Una encuesta del Observatorio de Seguridad del Instituto Gino Germani desmiente la idea de que la violencia policial es legitimada por la población.

La violencia institucional está tan naturalizada que el 99 por ciento de quienes experimentaron algún tipo de agresión por parte de las fuerzas de seguridad no realizaron la denuncia porque “no tiene sentido” o porque carece de “importancia”. Al mismo tiempo y contra el discurso imperante, el 56 por ciento afirmó que no aprueba que se reprima la protesta social y el 67 por ciento dijo que no avala que los uniformados retiren a los vendedores ambulantes de la vía pública. Mientras que los principales receptores de las agresiones fueron los jóvenes. Los datos surgen de la primera encuesta acerca de las percepciones sociales sobre las fuerzas de seguridad, del Observatorio de Seguridad (Obse) del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. “Los datos sirven para entender cómo el discurso securitario hegemónico construye a la inseguridad como problema social”, dijo a PáginaI12 la investigadora y coordinadora del Observatorio Gabriela Seghezzo.

La encuesta, tomada a mayores de 15 años, fue realiza a comienzos de diciembre pasado en la ciudad de Buenos Aires y en 24 partidos bonaerenses, con un diseño muestral estratificado por localidades y datos ponderados según nivel educativo, edad y sexo, y una muestra de 447 casos.

De acuerdo a los datos del relevamiento, el 22 por ciento de los encuestados dijo haber sufrido en los últimos doces meses algún tipo de violencia por parte de fuerzas de seguridad. Sin embargo, el reparto de agresiones se concentra en los jóvenes de 15 a 29 años: el 41 por ciento afirmó haber experimentado algún grado de violencia de las fuerzas estatales mientras que esa cifra cae al 12 por ciento para los de 30 años o más.

El ranking de agresiones propinadas por las fuerzas de seguridad lo encabeza el lenguaje inapropiado: el 60 por ciento dijo haberlo sufrido. Sin embargo, el ítem de respuesta múltiple, consigna también que: el 44 por ciento recibió insultos; 34 por ciento pedidos de coimas o extorsión; 30 por ciento intimidación; 29 por ciento hostigamiento; 24 por ciento gases lacrimógenos o balas de goma; 22 por ciento amenazas; 21 por ciento hurtos; 21 por ciento discriminación; 13 por ciento golpes o lesiones; 10 por ciento hostigamiento por condición de género; 8 por ciento robo (con violencia); 4 por ciento ataques sexuales y 3 por ciento secuestro.

El 65 por ciento de las violencias mencionadas fueron psicológicas o simbólicas, mientras que los responsables del 42 por ciento del total de las agresiones estuvieron a cargo de la policía bonaerense, seguida por la Policía de la Ciudad, en el 19 por ciento de los casos, la Federal 18 por ciento, 14 por ciento Policía Municipal, 11 por ciento Gendarmería y 3 por ciento Prefectura.

En cuanto a la falta de denuncia, el 32 por ciento no la realizó porque consideró que “no tenía sentido/no iba a tener consecuencias”. El 29 por ciento porque no le dio importancia a las violencias experimentadas y el 16 por miedo.

El Observatorio busca indagar en los distintos mecanismos con que se construye el discurso de la inseguridad y cuáles son sus efectos, en un contexto en el que el discurso punitivo en alza construye enemigos internos y utiliza el miedo y la sospecha permanente como recurso para validar métodos estatales violentos.

“En la medida en que esa construcción asocia cierto tipo de delitos protagonizados por sectores populares deja por fuera grandes ilegalidades, delitos de cuello blanco, pero también otras formas de desprotección social quedan fuera del discurso hegemónico”, explicó.

El efecto más concreto de esta dinámica que desplaza la inseguridad social para hacer eje en la inseguridad ciudadana es, según detalló la investigadora, que “esta asociación de los sectores populares con los delitos genera intervenciones, que se proponen como soluciones, y ejercen violencia sobre esos grupos, donde los más castigados son los jóvenes”.

Para Seghezzo, un dato significativo del relevamiento es el altísimo rechazo a realizar denuncias después de haber sufrido algún grado de violencia. “Muchos dicen no haberla hecho porque no tiene consecuencias y un segundo grupo porque ni siquiera percibe esas situaciones como un problema. Está tan naturalizado que no se vislumbra como una situación disruptiva, por lo que no habría nada que denunciar. Estamos tan acostumbrados a ciertas prácticas, que cuando las tenemos enfrente no las percibimos como problemáticas”.

Otro dato muy relevante para la coordinadora del Observatorio, es que “en el clima punitivo y la dinámica política que está absolutamente dispuesta a prácticas violentas de las fuerzas de seguridad, uno tendería a creer que esas prácticas están legitimadas. Pero no es cierto, sobre todo en algunos casos. El 56 por ciento no está de acuerdo con que se reprima la protesta social, y el 67 por ciento con que se reprima a los vendedores ambulantes. Si en la configuración de aquel que sufre la violencia se lo representa como un trabajador, es difícil que haya legitimidad del uso de la violencia sobre ellos, y ese es un dato interesante porque contrasta con el discurso de los políticos que se llenan la boca hablando de que la gente quiere castigo y sanción, y una policía fuerte para intervenir sobre aquellos que están desordenando la vía pública”. Seghezzo remarcó que el 97 por ciento de los encuestados privilegió asignarle a las fuerzas de seguridad un rol de asistencia a la ciudadanía y no el de la dinámica punitivista.

“Lo que podríamos afirmar es que, en el AMBA, las intervenciones violentas contra estos dos sectores mencionados no están legitimadas. Dato relevante cuando estamos frente a una contienda política y un discurso securitario que afirma que hay que limitar las manifestaciones y que no debería haber vendedores ambulantes. Todos estos datos permiten pensar el modo en que se construyen ciertas ‘sensaciones’ y problemas públicos, y como la violencia policial es efecto de esa construcción”.




Lunes, 13 de mayo de 2019

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