Domingo, 9/8/2020   Paso de los libres
   Corrientes - República Argentina
 
POR JORGE ELBAUM
Guerra del cerdo neoliberal
Las personas mayores como centro de la campaña electoral.


El último martes 23 venció la moratoria previsional para quienes no han hecho aportes jubilatorios. La decisión anunciada por el titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso, supone una segmentación del universo de las personas mayores entre titulares de derechos y futuros excluidos.

De ahora en más alrededor de 100.000 amas de casa, anualmente, ingresarán en el conjunto de ciudadanos de segunda categoría que sólo podrán acceder a la Pensión Universal para los Adultos Mayores (PUAM), dispuesto por el gobierno en el marco de la Reforma Previsional aprobada en diciembre de 2017. Fiel a la promesa de que “no van a perder nada de lo que tienen”, el oficialismo continúa con la sórdida tarea de perturbarle la vida a uno de los grupos demográficos más vulnerables de la sociedad.

La clausura del acceso a la jubilación se aplica en pleno debate preelectoral. En la última semana Alberto Fernández anunció que, en el caso de ganar las elecciones, el Estado proveerá medicamentos en forma gratuita a la totalidad de los adultos mayores. En nombre del oficialismo le respondió el diario La Nación, quien acusó al candidato opositor de demagogia. Para fundamentar su imputación el matutino calculó el monto que sería necesario destinar para financiar dicha medida: alrededor de 19.000 millones de pesos anuales. Rápido de reflejos, el candidato del Frente de Todxs comparó el costo potencial de la cobertura con los ingentes desembolsos con que el Estado premia a los bancos por las LELIQs (títulos de deuda licitados diariamente a una semana de plazo, que sólo pueden ser adquiridos por entidades financieras): con el monto de 10 días de dicha sangría especulativa, deslizó Fernández, se podría cubrir la totalidad de las necesidades farmacológicas de ese segmento poblacional.

La pensión prevista por el PUAM supondrá, tal cual lo exigió el FMI, haberes inferiores a la jubilación mínima. Quienes accedan a ella obtendrán un 20 % menos que el resto de su grupo etario con derechos previsionales. Pero dado el deterioro progresivo de los actuales haberes jubilatorios, el PUAM se verá reducido por la pérdida incremental de su poder adquisitivo, provocado por el cálculo jubilatorio (también aprobado en 2017). Desde su aplicación ya produjo una disminución del 20% en relación a la inflación. En ese marco, quienes accedan al PUAM contarán con un 40 % menos que el haber jubilatorio mínimo actual.

En la actualidad existen 2.500.000 de mujeres que trabajan como amas de casa sin que se les reconozca remuneración alguna por las tareas de cuidado. Una proporción indeterminada de ese colectivo, además, forma parte del conjunto de trabajadores precarizados cuyos empleadores nunca han realizado los aportes que marca la ley. El 37 % del mercado laboral informal actual está compuesto por mujeres que, dada la finalización de la moratoria, se convertirán en personas mayores de segunda categoría. La contracara de esta segmentación en castas (que se consolidará y ahondará en el caso que el macrismo continúe en el gobierno) queda expuesta cuando se compara a los 3.500.000 nuevxs jubiladxs incorporadxs durante el kirchnerismo, dos tercios de los cuales son mujeres.

Para justificar el fin de la moratoria y deslegitimar los derechos previsionales universales, el macrismo ha proferido una falacia argumental con la que ha intentado confundir (y de alguna manera tergiversar) el funcionamiento del Sistema Integrado Previsional Argentino. El gobierno y los medios hegemónicos han insistido con que el FGS carece de capacidad para incorporar a los nuevos jubilados dado la ausencia de aportes a lo largo de la vida productiva. Este argumento, en principio, culpabiliza a quienes sufrieron la precarización laboral (porque sus empleadores no pudieron o no quisieron realizar aportes) y/o a quienes (específicamente las mujeres) dedicaron gran parte de su tiempo productivo a las labores familiares características dentro de las unidades domésticas, focalizadas sobre todo en las tareas de limpieza y de cuidado. El fraude argumental se hace evidente cuando se visibiliza que el sistema jubilatorio no es únicamente contributivo, sino que se sostiene, además, con las rentas producidas por las inversiones del FGS y recursos tributarios provenientes de ganancias, monotributo, impuesto a los combustibles e IVA.

Destrucción y después

Las diversas carnadas y justificaciones macristas para eliminar derechos ocultan en forma premeditada y sistemática el hecho de que las moratorias incluyen planes de cuotas para completar aportes. El modelo intrínseco que sustenta tales falacias (castigar a la víctima) es un paradigma darwiniano que busca imponer jerarquías sociales (triunfadores y derrotados) capaces de contaminar al resto de la sociedad: al naturalizar la exclusión social e instituir sujetos vulnerables (pero acostumbrados), se logra instalar una sociedad en constante competencia brutal (carente de solidaridad), desesperada por alcanzar recursos escasos, en perpetua guerra contra sí misma.

Dichas tergiversaciones han sido reiteradamente desenmascaradas por quienes hacen un seguimiento pormenorizado de las leyes provisionales y ponen en foco el deterioro de la calidad de vida de ese segmento etario. La legisladora opositora Luana Volnovich ha sido muy precisa al enumerar, en sus intervenciones en la Cámara de Diputados, las características del programa neoliberal orientado a las personas mayores. Sus medidas se sintetizan en:

– La reducción genérica del haber jubilatorio a través de la implementación del PUAM, la postergación de la edad jubilatoria para las mujeres y la aplicación del nuevo coeficiente (impuesto en diciembre de 2017) que deteriora en forma progresiva los incrementos cuanto más crece la economía. Desde la aplicación del nuevo calculo (que combina indicadores de inflación y de aumento salarial de los trabajadores formales), los haberes han perdido poder adquisitivo. La inflación llegó al 182 %, desde su aplicación, mientras que los incrementos otorgados por el gobierno solo alcanzaron el 116 %.

– El desfinanciamiento del ANSES, al sustraerle el 15 % de aportes provenientes de la coparticipación federal (resultado de la Reforma Previsional de 2017) y al habilitar la derivación de recursos del FGS hacia el Tesoro Nacional. Luego de la aplicación de estos cambios, para fines de 2018 la gestión de Emilio Basavilbaso registró una pérdida de 29.000 millones de dólares, un 55 % de total de recursos recibidos por el gobierno de Cambiemos en diciembre de 2015.

– El recorte progresivo de las prestaciones ofrecidas por el PAMI.

– La reducción y quita de medicamentos.

Estas medidas perjudican aún más a los sectores más vulnerables cuando otras medidas empeoran el contexto familiar. El ajuste fiscal sumado al creciente desempleo y precarización se hacen más gravoso cuando se vincula a:

– La suspensión de las pensiones por invalidez,

– La licuación de los montos vinculados a la Asignación Universal por Hijo (AUH),

– Y la reducción significativa de las becas estudiantiles secundarias (FINES) y universitarias del PROGRESAR.

El impacto negativo sobre los grupos de mayor edad se amplía porque las familias más humildes ven reducidas sus capacidades económico-financieras, motivo por el cual no logran asistir o colaborar con las acuciantes necesidades de sus padres o abuelos. El resultado final de las medidas busca instituir un clima propicio para el regreso de la capitalización individual, capaz de viabilizar la segmentación darwiniana y volcar la economía al formato especulativo que los centros financieros internacionales reclaman para nuestro país. La capitalización (no suelen advertirlo los prohombres del establishment) autorizaría a que los administradores de los recursos previsionales puedan realizar opciones de inversión óptimas o desacertadas. Estas últimas, llegado el caso, podrían generar quiebras que verían esfumarse los aportes de toda una vida.

El colectivo etario de las personas mayores parece ser un puntal del voto neoliberal, en términos relativos al resto de los grupos de edad. Son, quizás, los más receptivos a gestualidades políticas de sensibilidad familiar y serenidad publica. También los más confiados e ingenuos a la hora de recibir (acríticamente) mensajes por las redes sociales. Empoderarlos e interpretar sus demandas materiales y simbólicas parece ser una de las tareas centrales de quienes buscan dejar atrás la pesadilla neoliberal.


Lunes, 29 de julio de 2019

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