Sábado, 31/7/2021   Paso de los libres
   Corrientes - República Argentina
 
POR SANTIAGO ASOREY
El cinismo PRO que repudia la violencia institucional
Se conoció en las últimas horas un comunicado del Pro, partido que encabeza actualmente la creadora de la doctrina Chocobar, Patricia Bullrich, repudiando una serie de graves hechos de violencia institucional, perpetrados en los últimos tiempos, como la muerte de Florencia Magali Morales, las torturas a la comunidad Quom, y la desaparición forzada de Luis Espinoza en Tucumán, entre otros casos.


El comunicado en el cual la dirigencia macrista expresa “una condena a los graves hechos de violencia institucional que se han suscitado en los últimos días en nuestro país y que son de conocimiento público”, solo puede leído como un gesto de cinismo y oportunismo político sin límites. En este sentido, es necesario realizar una serie de apreciaciones sobre estos hechos de violencia perpetrados por funcionarios públicos, que denominamos violencia institucional.

Tal cual lo señalábamos en el editorial La doctrina Chocobar detrás de las balas que mataron a Facundo Ferreira (niño de 14 años asesinado por la policía de Tucuman) “la violencia institucional no nació con el gobierno macrista”, se tratan de practicas que persisten en los cimientos de nuestras fuerzas de seguridad y reflejan lo hondo que caló el proyecto de la última dictadura militar en los agentes estatales. Desde el regreso de la democracia a la actualidad todos los Gobiernos han tenidos múltiples casos de violaciones a los derechos humanos perpetrados por uniformados. Se trata de una práctica arraigada y una deuda pendiente de la democracia argentina que necesita ser leída también al lado de la falta de democratización del Poder Judicial y el autogobierno relativo de las fuerzas de seguridad.



Ahora bien, es imposible soslayar que el impulso de Bullrich convocando abiertamente a los agentes actuar bajo nuevos protocolos que permitieran el fusilamiento por la espalda, llevó a la multiplicación de casos de gatillo fácil en todo el país. Las estadísticas de la CORREPI expusieron que el macrismo logró «récord absoluto» en esta materia. Bullrich fue la responsable de sembrar una política de Estado que habilitaba el respaldo político a uniformados que perpetraran hechos de violencia institucional. Así fue que Macri recibió junto a su ministra al agente Chocobar, quien fusiló por la espalda a Juan Pablo Kukoc de 18 años. En ese momento, Bullrich sostuvo que “Chocobar actuó de acuerdo a todos los protocolos y manuales que hemos elaborado sobre doctrina policial”. La defensa de la ministra no fue la primera que realizó una dirigente del macrismo a un policía apuntado en un hecho de violencia institucional. También lo había hecho María Eugenia Vidal en los albores del macrismo en el Poder Ejecutivo Nacional cuando defendió y justificó el accionar del policía Ricardo Ayala contra el joven Lucas Cabello. Casi cuatro años después. Ayala sería condenado a 16 años de prisión al agente por intento de homicidio agravado por pertenecer a una fuerza de seguridad. No solo el macrismo nunca actuó, sino que sus políticas de “seguridad” promovieron este accionar. Bullrich llegó a visitar a los Gendarmes imputados de reprimir a una murga de adolescentes y niños en el Bajo Flores. Podríamos estar todo el día enumerando los casos de violencia policial perpetrados por agentes de las fuerzas de seguridad durante la gestión de los cambiemitas y su configuración de un Estado Policial.

Pero bastará con dos señalamientos. En la represión de Gendarmería, fuerza federal, que lluevo llevaría a la desaparición forzada seguida de muerte del artesano y militante Santiago Maldonado, el exjefe de Gabinete de Patricia Bullrich, Pablo Nocetti, fue señalado por haber comandado – presencialmente – la represión en Chubut. Ese dato fue confirmado por el ministro de Gobierno de la provincia, Pablo Durán. Más allá de la evidente responsabilidad política, cualquier investigación seria por parte de la parte Justicia debería haberse preguntando por la responsabilidad penal de este funcionario del Poder Ejecutivo Nacional. Desde esta perspectiva, sería incomparable con la causa de los efectivos provinciales (no una fuerza federal como la que comandaba Bullirch) detenidos por la desaparición forzada en Tucumán de Luis Espinoza.

Ante hechos de violencia policial, es innegable que la comparación entre las actitudes del Poder Ejecutivo Nacional de Mauricio Macri y de Alberto Fernández fueron diametralmente opuestas. Ayer, el presidente Alberto Fernández señaló «que las imágenes de violencia institucional que hemos visto en las últimas horas en el Chaco son inaceptables. Celebro que el Ejecutivo provincial haya apartado a los efectivos, pero debemos trabajar más profundamente en una problemática que es una deuda de la democracia”. De esta manera, Fernández respaldó la decisión del Gobierno provincial de apartar a los efectivos involucrados en los hechos de Chaco. Asimismo, cuando se conocieron videos de integrantes de Gendarmería hostigando a vecinos de barrios populares, los uniformados fueron sumariados y apartados. De la misma manera actuó el Minstro de Seguridad Sergio Berni al apartar a los agentes señalados por la represión de una fabrica en Quilmes. ¿Alguien recuerda qué hizo y dijo el expresidente Mauricio Macri tras la desaparición forzada de Santiago Maldonado?

No es posible la erradicación de estas practicas sin la aplicación de una política de Estado que sea fundamentada en la conciencia del nuestro Pueblo. Esa conciencia se construye también con gestos, como aquella foto “nestorista” de Alberto con el compañero Brian que desmontaba los etiquetamientos que Bullrich construia sobre los pibes y pibas de los barrios populares. Porque también es imposible soslayar que la multiplicación de la violencia policial en los años macristas estuvo ligada íntimamente al disciplinamiento de los sectores populares, junto el despreció y la criminalización de la protesta social.


Viernes, 05 de junio de 2020

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