Miércoles, 23/9/2020   Paso de los libres
   Corrientes - República Argentina
 
POR GRACIANA PEÑAFORT
Un mundo hostil
Vivo en un mundo donde casi nada y casi nadie es lo que parece. Ni lo que se muestra. Gente en la que confío me dice cosas poco agradables de otras personas en las que también confío. Y luego esa gente en la que también confío me cuenta cosas feas de otros en los que confío. Y así con muchos, casi con todos. Incluso me pasa con gente que un día se odia entre sí y después aparece de la manito como si nunca se hubiese odiado. Sin registro de lo que pasó y de lo que dijo. Tal vez por eso, entre otras cosas, la banco tanto a Cristina Fernández de Kirchner.


Porque no hace eso. Cuando estuvo lejos de Alberto Fernández me lo dijo y cuando discutieron todo lo que tenían pendiente, también me lo dijo. No se trató de un hecho mágico ni pretendió que hiciéramos de cuenta que nunca había sucedido el distanciamiento político y personal. No es que me dé explicaciones de nada, no tiene porque ni yo lo pretendo —tampoco podría, por cierto—, pero valoro que me dice las cosas. Porque así puedo entender. Con todas las aristas que pueda tener, Cristina Fernández de Kirchner es una de las personas más consistentes que conocí en mi mundo donde casi nada ni nadie es lo que parece.

Mucha de esa consistencia se vio con claridad el día 2 de diciembre de 2019, cuando Cristina Fernández declaró como acusada ante el Tribunal Oral Federal N° 2 en el juicio que investiga el presunto direccionamiento de los contratos de obras públicas viales en Santa Cruz. Hacía poco más de un mes, el 27 de octubre, Alberto Fernández y Cristina Fernández habían ganado las elecciones presidenciales en primera vuelta. La regla no escrita de Comodoro Py establece que al poder político se lo trata bien… mientras dura. Y que, a cambio de ese buen trato, el poder político no opina sobre lo que hacen o hicieron en Comodoro Py.

Durante la campaña, Alberto Fernández había cuestionado duramente el funcionamiento del Poder Judicial, y en particular el del Poder Judicial federal penal. Había hablado de los juicios sin prueba, de las arbitrarias prisiones preventivas, de los jueces que persiguieron sin respetar el debido proceso ni el derecho a Defensa.

Ese 2 de diciembre, munida de la documentación, la Vicepresidente electa, durante casi cuatro horas, declaró y describió detalladamente no solo la ausencia de pruebas en el caso que la tenía como acusada, sino además la infinita cantidad de vulneraciones a sus garantías procesales que había padecido durante los últimos años. Cristina hablando siempre es abrumadora, pero en esa oportunidad fue incluso más sorprendente la cara de estupor de los jueces, porque ahí estaba alguien que les estaba diciendo frente a frente que el gobierno recientemente electo no iba a aceptar el pacto espurio de impunidad que le había ofrecido Comodoro Py. El fiscal de la causa, quien en esos días no dejaba de buscar cómo hablar con el nuevo gobierno, como contó Horacio Verbitsky, le preguntó a la Vicepresidenta si iba a contestar preguntas de las partes. Flamígera, ella respondió: “¿Preguntas? Preguntas van a tener que contestar ustedes”.

El 10 de diciembre de 2019, en su acto de asunción como Presidente, Alberto Fernández dijo ante la Asamblea Legislativa: “Sin una Justicia independiente del poder político, no hay república ni democracia. Solo existe una corporación de jueces atentos a satisfacer el deseo del poderoso y a castigar sin razón a quienes lo enfrenten. Hemos visto el deterioro judicial en los últimos años. Hemos visto persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias inducidas por los gobernantes y silenciadas por cierta complacencia mediática. Por eso hoy vengo a manifestar frente a esta Asamblea y frente a todo el Pueblo Argentino, un contundente Nunca Más».

«Nunca Más a una Justicia contaminada por servicios de inteligencia, ‘operadores judiciales’, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos».

«Nunca Más a una Justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno».

«Nunca Más a una Justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas, ni a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno».

«Lo digo con la firmeza de una decisión profunda: Nunca Más es nunca más”.

Esos eran los lineamientos de la Reforma Judicial que Alberto Fernández se comprometía a realizar ante toda la sociedad argentina.

Limpiar La Casa

Y rápidamente el Poder Ejecutivo comenzó con su realización. Antes de que terminase diciembre, se dispuso la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia y se puso a su frente a una ex fiscal de conducta intachable. Los abogados nos sorprendimos cuando dejamos de ver a los operadores —y denunciadores seriales— caminado por los pasillos de Comodoro Py. El análisis de la documentación que se encontró en la AFI luego de su intervención dio lugar a múltiples denuncias por la realización de espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri. Solo un juez, que a mi criterio es uno de los más valientes y mejores de la Argentina, se había animado a investigar las actividades ilegales de inteligencia ilegal del gobierno de Cambiemos, mientras gobernaba Cambiemos. La investigación la llevó adelante el doctor Alejo Ramos Padilla, mientras era perseguido de modo ostensible y público por el gobierno de Cambiemos. De esa investigación surgieron como operadores de los servicios de inteligencia, funcionarios de la AFI, periodistas reconocidos y miembros del Poder Judicial que compartían, amañaban y blanqueaban información proveniente de tareas de inteligencia ilegal. Es por esa causa que el fiscal Carlos Stornelli, fiscal en la mediática causa conocida como “Cuadernos”, esta procesado. El fiscal sigue siendo fiscal, entre otras cosas porque su procesamiento duerme el sueño de los injustos en la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata.

Pero fue esa causa, en la ciudad de Dolores, la que delineó buena parte de lo que hoy se investiga en diversas causas sobre espionaje ilegal llevado a cabo por el gobierno de Cambiemos. El espionaje sobre la propia Cristina Fernández y el Instituto Patria, la inteligencia ilegal y la persecución sobre sus funcionarios, la fabricación de pruebas falsas por parte de la AFI, el espionaje a las personas privadas de su libertad y las presiones gubernamentales del gobierno de Macri sobre el Poder Judicial. Falta un capítulo, que supongo se abrirá en algún momento, y es la participación de servicios de inteligencia extranjeros en las maniobras de persecución. La puerta la abrió Marcelo D’Alessio y su vinculación aun no del todo esclarecida con la DEA y la CIA.

Las investigaciones judiciales sobre espionaje ilegal y el dictado del Decreto 214/20 que limitó la participación de la AFI en investigaciones judiciales, empezaron a poner luz donde solo había basura y a ordenar de cara al futuro el funcionamiento y misiones de los servicios de inteligencia.

La colonización

Otra de las reformas judiciales que ya está sucediendo es la revisión de los traslados de jueces que hizo el gobierno de Cambiemos, a los fines de colonizar cargos estratégicos dentro del Poder Judicial. Y quiero ser clara en esto: no todos los jueces trasladados fueron malos jueces. No se trata de revisar su accionar como jueces. Se trata de cumplir la Constitución que establece un trámite federal complejo para la designación de los jueces de la Nación. Trámite en el que intervienen el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo Nacional y el Senado de la Nación. El Consejo de la Magistratura aprobó el jueves un dictamen en el que se informa de la situación de varios jueces trasladados y cuya designación en determinados cargos o juzgados no dio cumplimiento a los requisitos constitucionales. Todo parece indicar que se revisarán esas designaciones y se someterán al trámite constitucional correspondiente. Lo digo con honestidad, a algunos de esos jueces les tengo un enorme respeto y afecto y no me consta que hayan pagado un precio horrible por ese traslado. Sólo de uno de ellos me consta en primera persona el precio que pagó, que como suele ser siempre en el Poder Judicial, no lo pagó el juez que obtuvo su traslado, sino un tercero que era juzgado por ese juez. Lo pagó a la vista de todos y de un modo desvergonzado. No me lo contaron, yo estaba ahí.

También dentro de las reformas al Poder Judicial que ya están sucediendo pasan cosas en el Congreso, tales como la activación de la Comisión de Control y Seguimiento de las actividades de los Organismos de Inteligencia que finalmente está haciendo las investigaciones que debió haber hecho siempre y no hacía. Además se puso en funcionamiento la Comisión Bicameral de Ministerio Publico. Curiosidad cruel de los últimos días, se le pidieron desde la Comisión al fiscal interino Eduardo Casal una serie de informes sobre sus actividades como responsable del Ministerio Público. Respondió que le resultaba imposible contestar, por falta de personal. Esa misma semana se vio con toda claridad que a los fines de perseguir a la fiscal Gabriela Boquín, Casal no estaba taaan falto de personal, ya que el miércoles en horas tardías de la noche le comunicó a la fiscal el inicio de un sumario administrativo. Dato de color, una de las denunciantes es la esposa de un juez ternado para ser camarista comercial. La denunciante le dijo a la fiscal Boquín que quería ser trasladada lejos de la fiscalía, porque mientras trabajara con la fiscal de la causa Correo Argentino, que involucra a Mauricio Macri y a su familia en una fenomenal maniobra fraudulenta, corría riesgo la designación de su esposo como camarista, por parte del gobierno de Cambiemos. En el sumario están acompañados los mensajes de la denunciante a la fiscal. Escenas de macrismo explícito. Así funcionaban las cosas entonces.

Mientras tanto está pendiente en el Senado el tratamiento del pliego de Daniel Rafecas para su designación como Procurador. Fue uno de los pocos jueces que conozco que no se dejó presionar y respetó derechos y garantías durante los cuatro años que gobernó Cambiemos.

La reforma

El miércoles 29 de julio de 2020 el Presidente de la Nación presentó la Reforma Judicial. Los puntos destacados son la creación de una Justicia Federal Penal, la que será conformada por la fusión del fuero penal federal (12 juzgados) con el fuero Penal Económico (11 juzgados). Jugada arriesgada, porque los abogados le tenemos poca confianza a ambos fueros. Penal Cómico, solemos decirle a Penal Económico, para que se den una idea; y Comodoro Pus o Pro a Comodoro Py.

También se prevé la transformación de una de las dos secretarías de cada uno de los juzgados hoy existentes, en un nuevo juzgado. Lo cual dará lugar a un total de 46 juzgados con competencia penal federal. El objetivo es desconcentrar el poder casi omnímodo de Comodoro Py y evitar su colonización por parte de los poderes políticos, económicos o mediáticos. Ello además con la creación de nuevas fiscalías, defensorías y tribunales orales para los juicios. En lo personal, me preocupa que no se modifique la Cámara de Casación Penal federal, que es el órgano máximo de la Justicia Penal Federal y que por cierto fue, en algunas de sus salas, parte activa del Lawfare. Jueces como Bonadio y fiscales como Stornelli no hubiese podido hacer lo que hicieron sin la colaboración de miembros de la Casación Penal Federal.

Un acierto sin dudas es el sistema de subrogancias de los nuevos juzgados, que será cubierto transitoriamente y por un plazo máximo de un año, sólo prorrogable por seis meses más, mediante un sistema en el que participarán la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, que enviará la nómina de los potenciales subrogantes al Consejo de la Magistratura de la Nación para su evaluación y luego remitirá al Poder Ejecutivo los que aprueben la evaluación, para que este los designe, previo acuerdo del Senado.

El proyecto además establece la entrada en vigencia del Código Procesal Acusatorio en el plazo de dos años. Cosa que celebro con las tripas. Desde el punto de vista operativo resulta entendible el plazo, ya que hay que crear la estructura para hacer posible el funcionamiento del sistema, pero me permito señalar que el Código acusatorio establece una serie de salvaguardas y garantías para los procesos penales que ya han estado suspendidas por mucho tiempo por decisión de Mauricio Macri y me pregunto si es razonable —y legal— seguir con garantías de raigambre constitucional en modo “pausa”. Mi instinto de abogada defensora me grita que no.

Sin perjuicio de ello, celebro la incorporación de las reglas de actuación del sistema acusatorio, esas reglas que ordenan cosas tan básicas como que el Poder Judicial debe asegurar un trato equivalente con las partes, sus representantes y abogados, ejercer sus funciones libre de interferencias y denunciarlas cuando las sufre y no permitir el tráfico de influencias. Pero además el incumplimiento de esas reglas será causal de mal desempeño. Lo cual implica que los miembros del Poder Judicial podrán ser denunciados, e incluso removidos de sus cargos por incumplir dichas reglas.

Respecto a la Justicia Federal, el proyecto promueve la creación de 100 juzgados nuevos en lo penal, a los fines de concluir con los juzgados de competencias múltiples y demoras imperdonables. Iniciativa que ya había tenido el proyecto de “Fortalecimiento de la Justicia” presentado por legisladores hoy opositores.

La competencia penal no federal, es decir la investigación y juzgamiento de los delitos no federales que se cometen en la ciudad de Buenos Aires y hoy tienen los juzgados nacionales, será transferida a la Ciudad, junto con los recursos necesarios por parte del Estado Nacional.

Mi corazón de administrativista gritó: ¡Viva Perón!, cuando leí que finalmente se unifican los fueros Contencioso Administrativo con Civil y Comercial. Se acabó el forum shopping mas grosero de la historia, donde el poder económico siempre elige un juzgado de conveniencia a sus intereses. Y espero que la unificación nos dé mejores jueces en fueros donde se discuten cuestiones importantes y que muchas veces pasan desapercibidas. Y que les proporcione a jueces que parecen tener patrones entre el dinero y los servicios, la vocación de libertad e independencia que a veces algunos parecen olvidar.

Mas allá de todo, yo quiero agradecerle como abogada a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner la enorme esperanza que, creo, nos ha dado la posibilidad de discutir una reforma judicial. No fui una entusiasta defensora de las leyes de democratización de la Justicia de Cristina Fernández, porque siendo buenas leyes, me pareció siempre que no iban al núcleo del problema. Y una de ellas me parecía particularmente poco justa y he solicitado su inconstitucionalidad y la he obtenido en más de una oportunidad. Porque a las leyes que rigen el funcionamiento del Poder Judicial hay que pensarlas siempre desde el lado de quien solicita el amparo judicial. Como decía Scalabrini, las leyes hay pensarlas siempre a favor de los débiles, porque los fuertes no necesitan ley que los proteja. Ya la tienen. Es su propia fuerza.

No veo en esta ley ninguna cláusula de impunidad para nadie. Veo más garantías y búsqueda de desconcentrar el poder. Veo un intento honesto de mejorar el servicio de justicia de este país. Veo también un sector de la oposición política aferrado al sistema tan horrible que tenemos hoy en día. Como si se le fuese la vida en ello — y pienso que tal vez se les va la impunidad en ello. Veo que no quieren siquiera dar el debate, porque pretenden sostener un sistema que no imparte Justicia. Un sistema injusto y sospechado por todos, incluso por quienes necesitan defenderlo y no pueden. Negar el debate es negar la democracia. Espero que reflexionen sobre ello.

A lo largo de los años de ejercicio profesional me ha tocado ganar y perder. Es parte de mi vida. Aprendí que las victorias no deben quitarnos a los abogados ni la humildad ni la generosidad ni mucho menos restarnos humanidad e inteligencia. Que las derrotas son parte de la vida. Y que el único reclamo digno es el de Justicia.

Sólo hay una derrota que no he podido superar. Porque le costó la vida a un amigo que yo adoraba. Y fue el Poder Judicial argentino el que, sin humanidad, ni compasión ni decencia ni mucho menos Justicia lo empujó a morirse, infamado en su buen nombre y quebrado de dolor. Mi amigo se llamaba Héctor Timerman. Antes de morirse me pidió que le prometiera que iba a reclamar Justicia. Tengo la esperanza infinita de que esta reforma judicial que se presentó permita que el horror por el que el Poder Judicial argentino hizo transitar a Héctor Timerman y a su familia sea el primer paso para que lo que le hicieron a mi amigo no pase Nunca Más. A Nadie Más.


Lunes, 03 de agosto de 2020

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