Por Juan Grabois ¿Que son los Movimientos Populares?  Desde 2014, cuando se produjo el primer encuentro de movimientos populares con el Papa Francisco, utilizamos esa noción como sustituto de «movimientos sociales».
Para referirnos a una forma específica de organización que está compuesta, mayoritariamente, por personas que provienen de los sectores excluidos de la población, personas que viven y trabajan en las periferias urbanas y rurales.
Los sin tierra ni techo ni trabajo (3-T), que no los tienen en la cantidad y calidad indispensable para una vida digna o directamente no los poseen.
Se trata de una forma específica de utilizar el término en sentido principalmente social, atento a la posibilidad de utilizarse en otros tantos sentidos. Un movimiento popular puede ser también político, e incluso puede designarse así al conjunto de movimientos políticos con perspectiva y composición popular en un determinado país. La denominación que utilizamos nosotros y que aquí se reproduce tiene que ver con un aspecto fundamentalmente reivindicativo de la lucha por las 3-T, con independencia de que cada organización en particular la aplique a sus otros usos.
La elección de este nombre tuvo una serie de fundamentos filosóficos y prácticos. Entre los prácticos estaba diferenciarnos del Foro Social Mundial, que había sido capturado por las ONG más poderosas por no establecer claramente parámetros para sus participantes, en particular un componente de clase o sector social, un fin determinado de las deliberaciones, un comité organizador claro. Entre los filosóficos está la influencia de la teología del pueblo, en particular la bergogliana, que establece una diferencia categorial fundamental entre lo social y lo popular, entre sociedad y pueblo: «‘Ciudadanos’ es una categoría lógica. ‘Pueblo’ es una categoría histórica y mítica. Vivimos en sociedad, y esto todos lo entendemos y explicitamos lógicamente. ‘Pueblo’ no puede explicarse solamente de manera lógica. Cuenta con un plus de sentido que se nos escapa si no acudimos a otros modos de comprensión, a otras lógicas y hermenéuticas. El desafío de ser ciudadano comprende vivir y explicitarse en las dos categorías de pertenencia: de pertenencia a la sociedad y de pertenencia a un pueblo. Se vive en sociedad y se depende de un pueblo…», Documento «Nosotros como ciudadanos, nosotros como pueblo» (2008), J. M. Bergoglio.
Estas definiciones fueron adoptadas por el comité organizador del Encuentro Mundial de Movimientos Populares, realizado en Roma en 2014, que coordinamos fundamentalmente entre nosotros y el Movimiento de los Sin Tierra de Brasil, en el que también participaron el Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos, la organización Slum Dwellers International y distintas redes de trabajadores informales. Los delegados debían pertenecer a organizaciones con una base probada en los sectores populares-excluidos, el centro de las deliberaciones estaba en las 3-T, y cada encuentro tenía una temática trasversal que unía las luchas de los excluidos con los grandes dilemas de la humanidad.
En la Argentina, el concepto fue rápidamente adoptado por el conjunto y convivió con nuestra idea de sindicalización de los trabajadores de la economía popular. Es que, en nuestro país, los movimientos sociales tienen una larga trayectoria y su disolución en una organización única es imposible, además de inconveniente. Para comprenderlo es importante hacer un breve repaso del origen, vertientes y funciones de los movimientos populares.
Llamo «movimientos populares» a organizaciones que agrupan a personas excluidas del acceso a bienes elementales para la vida —tierra, techo, trabajo— que deben unirse a luchar por ellos. Los primeros movimientos populares en la era neoliberal no tenían ninguna filiación política. En la actualidad, por el contrario, la inmensa mayoría de estos tienen participación política como tales. Existen algunos casos minoritarios que carecen de ella, como el Movimiento de Trabajadores Excluidos, aunque cuenta con dirigentes importantes que sí participan en instancias político-partidarias. Esto genera múltiples potencialidades, pero graves tensiones y riesgos. A veces los dirigentes caemos en una crisis fuerte de identidad… ¿Qué somos? ¿Militantes sociales, sindicalistas, políticos, funcionarios?
Históricamente el rol de agrupamiento de los trabajadores del campo y la ciudad lo tuvieron los sindicatos, así como los pequeños productores estaban agrupados en la Federación Agraria Argentina. Esto cambió con la irrupción del neoliberalismo en los años noventa, cuando surgieron otras expresiones en el campo como las Ligas Agrarias, y fue profundizándose con las privatizaciones, cuando además aparecieron los movimientos campesinos e indígenas, el movimiento de mujeres rurales y el poderoso movimiento de desocupados en los pequeños pueblos, que hacia fines de los noventa se fue trasladando a los centros urbanos. Allí se sumaban los movimientos de lucha por tierra y vivienda, clubes de trueque, empresas y fábricas recuperadas, trabajadores cartoneros y una extensa red de grupos solidarios, de protección a la niñez y diversas organizaciones comunitarias que ya brotaban en un territorio signado por creciente miseria y exclusión.
Aquí el huevo de la serpiente. El neoliberalismo. Desordenó las formas sindicales de agrupamiento de la clase trabajadora, muchas veces con la anuencia y la comodidad de la dirigencia sindical, que, a cambio de cierta participación en el poder y concesiones económicas o corporativas, claudicó en defender al conjunto, con honrosas excepciones. Los sindicatos fueron las organizaciones libres del pueblo que históricamente habían organizado a la comunidad resolviendo la dignidad del trabajo y el acceso a la vivienda, y gestionando créditos o planes específicos; todo eso comenzó su agonía con la dictadura y estalló en la década de 1990.
Hasta la década de 1970, el mercado interno era un espacio de oportunidades laborales y habitacionales, que incluso absorbía las migraciones internas y externas en barrios obreros formales; luego se convertiría en un espacio de exclusión sin que las migraciones internas se detuvieran, sino que se profundizaran, merced a la «modernización» de la producción rural extensa con la introducción del glifosato (1980) durante la dictadura militar y la apropiación de las zonas periurbanas con la expansión de los countries, que hoy ocupan una superficie equivalente a varias ciudades de Buenos Aires.
Este proceso de exclusión urbana, rural, laboral es la base material de la existencia de los movimientos populares, que tuvieron una fase inicial puramente defensiva, por ejemplo, del territorio en desuso ocupado en la década de los ochenta —con fuerte participación de los curas en zonas como Quilmes— o de los puestos laborales a principios de los noventa con los piquetes de desocupados y puebladas de Mosconi, Tartagal y Cutral Có, que pedían la recuperación de los puestos de trabajo perdidos.
Sin embargo, los puestos de trabajo no se recuperaron más que en una ínfima medida y fueron «compensados», por lo que posiblemente hayan sido los primeros planes sociales coadministrados por movimientos populares, en este caso, la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de Tartagal y la Coordinadora de Trabajadores Desocupados de Mosconi, que a partir de las puebladas lograron que el gobierno les permitiera administrar en forma directa el famoso Plan Trabajar, bajo cierta supervisión de la Iglesia católica. Luego, estas organizaciones consiguieron importantes recursos para proyectos comunitarios en los barrios de sus localidades mediante acciones de lucha frente a las petroleras, en las que además lograron que se contratara a alguno de los desocupados.
En particular, la UTD se dio una estrategia para lograr un impresionante despliegue de acción social, con mano de obra paga mediante el Plan Trabajar (por entonces, ciento cincuenta pesos/dólares); no solo sostenía los comedores infantiles, sino que realizaba limpieza de los barrios, desmalezamiento y descacharre (contra el dengue), producción de alimentos, mantenimiento de escuelas, construcción de viviendas, centros comunitarios, salitas, desarrollo de infraestructura, comedores, refacción de todo tipo de instalaciones públicas, iglesias, clubes, distintos emprendimientos (como reciclado, herrería, costura, forestación) y una infinidad de cursos de capacitación.
La UTD se convirtió así en el primer «Estado paralelo» frente al retroceso del «Estado de bienestar», que ya era ESTADO IMPOTENTE. Su líder: José «Pepino» Fernández, un hombre de la más absoluta honestidad que llega a la vejez con varios dedos menos de tanto trabajar y sin un peso de patrimonio. Durante los últimos años del kirchnerismo, importantes políticos salteños y nacionales que pertenecían al peronismo disidente lo mencionaron como un paradigmático «gerente de la pobreza». Sinvergüenzas.
Si bien la historia no termina ahí, vale la pena detenerse en este punto porque en esto radica el origen, esencia y paradigma de los debates intelectualmente honestos sobre el «gerenciamiento de la pobreza». Desde mi punto de vista, esta descripción de la UTD, más allá de su devenir actual —que en gran medida desconozco—, responde al deber ser de los movimientos populares y sus tres roles.
Las tres funciones de los Movimientos Populares
Las tres funciones que refiero a continuación no van en un orden secuencial; en efecto, muchas veces el primer momento consiste en organizar la lucha, una lucha defensiva por el derecho al trabajo. Esta fue nuestra historia, la del Movimiento de Trabajadores Excluidos, la lucha por el derecho a trabajar de los cartoneros frente a lo que ni eso les permitían; pero vamos a dejarlo así por ahora.
Organizar el trabajo: Un movimiento popular tiene un rol fundamental en la organización de una diversidad de grupos de trabajo; no uno o dos grupos, no en una o dos localidades; muchos grupos en muchas localidades, a veces cientos de grupos a nivel nacional. Debido a la diversidad de geografías y actividades, además de requisitos de orden legal, esto implica muchas veces la asignación de recursos y la definición de tareas en forma descentralizada, donde la unidad está dada por una identidad grupal, parámetros comunes de funcionamiento y herramientas compartidas de gestión.
Organizar la comunidad: Un movimiento popular tiene gravitación en una comunidad que supone un área de influencia superior a las personas que trabajan en los grupos que organiza de manera directa. Son, por ejemplo, las familias que asisten a los comedores o los vecinos de los barrios que urbaniza, en definitiva, las personas para las que nuestros compañeros trabajan, que en general son sus vecinos.
Organizar la lucha: En tanto trabajadores, en tanto miembros de su comunidad, los integrantes de los movimientos populares están excluidos de los derechos a un trabajo, una vivienda, un pedazo de tierra digno; del acceso a la salud, a la educación, a la recreación; ellos, sus familias y sus vecinos. Tienen entonces la obligación de luchar permanentemente para ampliar esos derechos en cantidad y calidad. En ese sentido, construyen alianzas que en el terreno laboral implican la sindicalización en el marco de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular.
¿Esto implica un gerenciamiento de la pobreza? Estimado lector, hay algo de peyorativo en la frase; se trata tal vez de una cuestión semántica implícita en la palabra «gerencia», porque refiere al mundo empresario, al mundo de la riqueza y la ganancia; implica de alguna manera que los supuestos gerentes nos quedamos con la parte del león. Entonces no podemos aceptarla como exacta, pero de algún modo capta un elemento de la realidad.
Los militantes populares, en particular los dirigentes, somos organizadores y movilizadores de los pobres.
La dinámica organizacional varía con relación a las condiciones que establece el Estado y la situación socioeconómica. Por dar un ejemplo, en la actualidad el principal programa con el que contamos para organizar el trabajo comunitario es el Potenciar Trabajo. El funcionamiento teórico de este programa es el siguiente:
Las organizaciones populares organizamos la demanda social. Registramos a las personas con necesidad de acceder a un puesto de trabajo en los programas sociales y presionamos para obtener los cupos necesarios. La necesidad de presionar por los cupos responde al principal problema de este programa: no es de acceso universal.
La única obligación de los trabajadores que acceden al programa es realizar una contraprestación laboral en un proyecto comunitario de una Unidad de Gestión que debe ser registrada ante el Ministerio de Desarrollo Social. También pueden desempeñarse en actividades de la economía popular organizada supervisadas por dicha Unidad de Gestión.
Los proyectos comunitarios de la organización son diseñados sobre la base de lineamientos que propone el Estado, pero adaptándolos a la realidad de cada comunidad y territorio; son aprobados por el área competente y auditados contable y físicamente. No hay lugar a arbitrariedades en el manejo de esos fondos.
Las Unidades de Gestión deben consignar si los trabajadores realizan la contraprestación laboral correctamente. Los trabajadores tienen mecanismos de denuncia y pueden cambiar de Unidad de Gestión.
En ocasiones, los proyectos permiten a los trabajadores obtener un excedente por su producción. Esto sucede fundamentalmente en las cooperativas de reciclado, costura, producción de alimentos, empresas recuperadas y otras unidades productivas. No sucede en las ramas sociocomunitarias (comedores, centros comunitarios, etc.).
Los trabajadores que ingresan al programa reciben un salario social complementario equivalente al 50% del salario mínimo vital y móvil directamente en una tarjeta magnética sin intermediación de la Unidad de Gestión.
Este es el esquema teórico del programa Potenciar Trabajo. Estaría completamente de acuerdo con este esquema si el acceso fuera universal, porque la necesidad de presionar por los cupos genera una enorme arbitrariedad: el que no llora no mama, el que no sabe qué puerta tocar se queda afuera. Si así fuera, estaría completamente de acuerdo, porque creo en una economía mixta donde la comunidad organizada sea el organizador del trabajo de aquellos a los que las cadenas globales de producción excluyen parcial o completamente. Podría cuestionarse si es el Estado quien debería organizar esa fuerza laboral. La realidad que nos tocó es un ESTADO IMPOTENTE, incapaz de planificar y mucho menos de dirigir el trabajo, sobre todo en un sector que requiere mucho más que una actitud patronal. Puedo defender este mecanismo. Puedo demostrar empíricamente su éxito cuando los procedimientos se cumplen correctamente. Pero también puedo mostrar qué sucede cuando no se cumplen, cuando el Estado no ejecuta su rol de garantizar una supervisión mínima, cuando los que tienen un poco de poder abusan de él… Lo que sucede es muy feo, como veremos en el capítulo siguiente.
Las responsabilidades del incumplimiento son compartidas. Los adalides de la no intermediación tienen miedo cuando ven al «aluvión zoológico»… tanto miedo que solo piensan en resolverlo con represión. Están los que no dejan trabajar a quienes quieren hacer las cosas bien en el Estado porque hacer las cosas bien siempre trae problemas, hay muchos que dicen algo y después hacen exactamente lo contrario, están los que pretenden convertir los planes en trabajo pero disfrutan que los planeros les llenen los actos… Sin embargo, el fenómeno fundamental es que, salvo para joder a otro, salvo para disputar instrumentos de poder, a nadie le importa demasiado qué pasa con la gente que vive en la otra orilla de esta vieja cultura frita.
Los movimientos populares tienen capacidad para organizar el trabajo de una determinada cantidad de personas. Hoy el número de beneficiarios del Salario Social Complementario excede con creces esa capacidad. Además, los recursos que se destinan a los procesos de trabajo son ínfimos si efectivamente se quiere promover procesos laborales en términos de obras, servicios y producción.
Lo que necesitamos es un sistema mixto en el que todas las personas tengan un ingreso de base garantizado sin contraprestación equivalente a la canasta alimentaria (Salario Básico Universal) y vayan incorporándose en el sector privado, público o de economía popular organizada a medida que las empresas, el Estado y las organizaciones desarrollen las habilidades para crear trabajo decente. De lo contrario, caeríamos en posiciones esquizofrénicas que van sin contradicción aparente de un extremo a otro: del asistencialismo de la tarjeta alimentar a la ficcionalidad de que todos los que están incluidos en los programas sociales tienen la vida resuelta. Nos engañamos y no construimos respuestas creativas al desafío del mundo que defensores y detractores del capitalismo han denominado como «la era del fin del trabajo».
Miércoles, 1 de marzo de 2023
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