Por Martín Granovsky Dos por uno: contra qué pared chocó Rosenkrantz  Es raro escuchar la nota que uno escribió leída por otro. Es más raro si esa nota fue escrita siete años atrás. Y es más raro todavía si la lee el secretario de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.
Cierta solemnidad en el tono hace que el texto parezca de otro. Y uno, entonces, hasta puede asombrarse por las enormidades que oye.
Miguel López, funcionario de carrera, es el secretario de la Comisión de Juicio Político. Leyó López: “Luis Muiña cometió delitos de lesa humanidad (…) como parte del autodenominado grupo paramilitar Swat que actuó a comienzos del golpe en el Hospital Posadas, ubicado en la calle Martínez de Hoz. Fue encontrado culpable de haber intervenido en la privación ilegal de la libertad y en los tormentos aplicados contra la enfermera Gladys Cuervo, Jorge Roitman, Jacqueline Romano, Jacobo Chester y Marta Graff. ‘¿Por qué tenés vos esto, sos judía?’, le gritaron los torturadores a Cuervo mientras le arrancaban una cadenita de oro y la encadenaban a una superficie metálica para aplicarle picana eléctrica. Le rompieron varias costillas y el esternón. Le preguntaron si sabía que Jacobo Chester ‘era judío y flojito’, porque no había aguantado la tortura. La Justicia dio por probado que el cuerpo ‘presentaba politraumatismos con fractura de vértebras dorsales, rotura de la médula, fracturas de todas las costillas de ambos lados y del esternón, lo que ocasiónó su muerte por asfixia por sumersión’. El cadáver ‘presentaba los pies atados con una tira de tela y otra arrollada alrededor del cuello’. La hija de Chester, Zulema, contó que cuando la patota cayó en su casa, después de encontrar libros escritos en hebreo, ‘hubo un giro total en cuanto a la violencia con la que se manejaban; rompieron una percha y con un pedazo de madera que tenía un clavo la golpearon y le preguntaban por las amistades de su padre. Dice el expediente judicial en otra parte del testimonio brindado por la enfermera Cuervo: ‘Relató que un día pidió a uno de los captores, Oscar Tévez, que la deje ver a Roitman, a quien escuchaba quejarse continuamente. Que aquel accedió y ella vio que Roitman estaba desvariando en un charco de sangre y orina, y Tevez le dijo que le habían metido un palo en el culo. Que en determinado momento no lo escuchó más quejarse a Roitman, sintió que hubo corridas por las escaleras, subían y bajaban, frenadas bruscas de autos’. Tevez le dijo a Cuervo: ‘Murió Roitman, vinieron los milicos a llevárselo’”.
Cuando López terminó de leer mi nota, el último martes 11 de abril a la noche, se hizo un silencio que parecía corpóreo. De lejos, porque yo estaba en la cabecera, en condición de testigo citado a prestar testimonio, alcancé a ver ojos llorosos en diputadas y diputados.
La nota fue publicada el 14 de mayo de 2017 en Página/12. Se llama “Los cruzados de Rosenkrantz”. Informa especialmente sobre Carlos Rosenkrantz, ministro de la Corte Suprema de Justicia, y de su colaborador letrado Federico Morgernstern. El artículo da cuenta en detalle de cómo Rosenkrantz comenzó a impulsar el fallo del Dos por Uno para aliviar las penas de los represores ni bien asumió. Llegó a la Corte el 22 de agosto de 2016 y el 29 de septiembre su equipo ya estaba trabajando en el Dos por Uno. Y nada menos que con el caso de Luis Muiña, el torturador del Hospital Posadas. El diario también publicó ese día la evidencia gráfica del circuito interno de legajos en la Corte, y documentó paso a paso el apuro del ministro.
Visto desde hoy y con más elementos que hace seis años, parece muy claro que aplicar el Dos por Uno para aliviar la situación de criminales de lesa humanidad, y en particular de Muiña, va contra un postulado del sistema interamericano de derechos humanos: el de la pena apropiada. El concepto figura en un caso famoso, «Manuel Cepeda Vargas y Familiares contra Colombia», presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte IDH, sobre un senador asesinado en 1994. Según la Corte IDH, “a pesar de los diversos recursos que se presentaron, no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a todos los responsables”. Para la Corte IDH, imponer una pena apropiada permite evitar que “se erija en una forma de impunidad de facto”. Por eso el documento cuestiona la disminución de la pena a los únicos dos perpetradores condenados. Esa disminución indica «una insuficiencia del Estado para perseguir y sancionar adecuadamente graves violaciones a los derechos humanos como las cometidas en el presente caso”.
En la ruptura de hecho con el sistema interamericano de derechos humanos está la clave de la conducta de Rosenkrantz. Al revisar la historia aparece, antes del fallo del Dos por Uno de mayo de 2017, fallo que la indignación social hizo enmendar por vía parlamentaria, otra sentencia más. Es del 14 de febrero de 2017 y se la conoce como “Caso Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina”. Se trata de un caso de libertad de expresión por el que fueron condenados en la Argentina los periodistas Fontevecchia y D’Amico. El jurista Damián Loreti dijo a este diario en 2017 que el fallo Fontevecchia de la Corte argentina es “una severa regresión en la posición del Estado argentino en materia de reconocimiento de los derechos humanos y una regresión de sus compromisos”. Agregó que la Corte argentina “hizo prevalecer normas de derecho interno frente a los tratados internacionales”.
La Corte Interamericana reaccionó y dispuso que el Estado argentino debía reparar la situación, es decir volver todo a su condición normal. Es decir, que informar no es delito. Es decir, que Rosenkrantz no podía desconectar a la Argentina del sistema interamericano.
Más allá del marco jurídico, la conexión del pueblo argentino con ese sistema, primero, y luego la del Estado una vez recuperada la democracia, es una virtuosa orfebrería histórica que comenzó en 1979. Ese año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó la Argentina y recogió sistemáticamente miles de testimonios sobre el Terrorismo de Estado. La visita fue posible por la tenacidad de dirigentes de derechos humanos como Emilio Mignone, del CELS, y Simón Lázara, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y por la persistencia de las Madres y las Abuelas. También por una solidaridad internacional tan sólida que llegó a interesar a dos figuras del Departamento de Estado de los Estados Unidos, la subsecretaria Patricia Derian y el diplomático Tex Harris. En Buenos Aires, Harris había elaborado a principios de la dictadura las primeras listas de desaparecidos, recogiendo denuncias en colaboración con el periodista de Associated Press Oscar Serrat.
La ratificación del Pacto de San José de Costa Rica, como se conoce a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, fue una de las primeras leyes de la democracia. Fue sancionada en sesiones extraordinarias y promulgada por Raúl Alfonsín en marzo de 1984. Desde la reforma de 1994 tiene rango constitucional.
Contra esa edificación colectiva quiso ir el Dos por Uno.
Contra esa construcción colectiva se chocó Rosenkrantz.
Lunes, 17 de abril de 2023
|
|
|
|
