PAPEL PRENSA La Cámara decidirá si Magnetto y Mitre son indagados  El pedido incluye a Herrera de Noble. El fiscal señaló que "el expediente se podría transformar en instrumento de impunidad" si Clarín y La Nación no explican esa compra irregular. Y habló de "obstrucción" judicial a la causa.
Después de dos fallos negativos del juez Julián Ercolini, el fiscal federal Leonel Gómez Barbella insistió ayer ante la Cámara Federal porteña para indagar a los directivos de Clarín y La Nación, que están acusados por delitos de lesa humanidad por la adquisición forzada de Papel Prensa durante la última dictadura cívico -militar. El fiscal consideró que, al rechazar las declaraciones e insistir con una pericia contable como medida excluyente, "el expediente se podría transformar en instrumento de impunidad". En las próximas horas, también la Secretaría de Derechos Humanos se presentará en queja ante ese tribunal.
La causa Papel Prensa continúa virtualmente frenada: el juez negó con una velocidad inusitada el pedido de indagatoria a los copropietarios del Grupo Clarín, Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble, y de La Nación, Bartolomé Mitre. También rechazó –una semana después– la posterior apelación del fiscal.
Las dos medidas, leídas por los organismos de derechos humanos como una señal de la corporación judicial para no avanzar hacia los sectores civiles cómplices con la dictadura, fue uno de los ejes centrales de la masiva movilización que la semana pasada recordó el 39º aniversario del Golpe, el 24 de marzo.
En las primeras horas de la mañana de ayer, al borde del vencimiento del plazo legal, el fiscal Gómez Barbella presentó un recurso de queja para que sea la Cámara Federal porteña la que decida sobre la procedencia de las indagatorias en una causa tan delicada.
El recurso quedó radicado ante la Sala I, que está integrado por los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler, la misma que recientemente desestimó la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández.
Allí mismo se presentarán en las próximas horas los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos, para presentar también un recurso de queja (ver aparte).
Antes de emitir el fallo, los camaristas consultarán la posición del fiscal general de Cámara, Germán Moldes, ya explícitamente posicionado como opositor al gobierno nacional. En la reciente denuncia impulsada por Nisman, la posición de fiscal fue de investigar la acusación que ya había sido rechazada por el juez Daniel Rafecas.
ARGUMENTOS
Gómez Barbella consideró que las decisiones del juez impiden "de hecho" perseguir y juzgar posibles crímenes contra la humanidad y "comprometen" la responsabilidad del Estado por un posible incumplimiento de sus obligaciones internacionales.
Señaló que la "obstrucción" del expediente es grave y reviste "interés institucional", por lo que recurrió a la Cámara a pesar de que, como regla, no se suele apelar la decisión de convocar o no a una indagatoria, una potestad del juez de instrucción. Gómez Barbella consideró que este caso es una excepción y debe aceptarse porque la resolución impugnada "resulta equiparable a sentencia definitiva", ya que "su efecto práctico es el de paralizar el proceso".
PRUEBAS
Tanto la fiscalía como las querellas sostienen que con las pruebas que hay en la causa existe motivo suficiente para escuchar en declaración indagatoria a Magnetto, Herrera de Noble, Mitre y los también imputados Raymundo Pío Podestá, secretario de Desarrollo Industrial de la dictadura, y Guillermo Gainza Paz, intermediario entre los diarios y el grupo Graiver.
La fiscalía considera probado el desapoderamiento de bienes. Que este se realizó bajo amenazas e intimidación contra la familia Graiver y que los imputados participaron en la "transferencia extorsiva" y se beneficiaron de la persecución política de las que fueron víctimas de los antiguos propietarios.
OBJETO PROCESAL
Para el fiscal y las querellas, el objetivo de la causa es "elucidarse si existió un conjunto de acciones ilegales, diversas y articuladas entre sí que, con intervención de la estructura del aparato represivo estatal, habrían tenido por finalidad lograr la transferencia compulsiva" de Papel Prensa, según lo señaló la Cámara Federal.
Ahí está una de las diferencias centrales con Ercolini, quien ponderó como una de las "hipótesis principales" si se pagó o no un "precio vil" por la empresa. Por ello ancló el avance de la causa a un peritaje contable que lleva dos años. El estudio contable no define "en absoluto" sobre el objeto procesal de la causa y no debería ser un impedimento para avanzar con las indagatorias, sostuvo la fiscalía, ya que la investigación no se centra sobre el delito económico sino sobre las maniobras extorsivas a las que fue sometida la familia Graiver en el marco del terrorismo de Estado.
Recurrieron a la Corte por Blaquier
El fiscal de Casación, Javier De Luca, presentó ayer un recurso extraordinario para que la Corte Suprema decida sobre la situación procesal de Carlos Blaquier, del Ingenio Ledesma, acusado por delitos de lesa humanidad en la provincia de Jujuy. Semanas atrás, la Sala IV de la Cámara de Casación dictó la falta de mérito al empresario en una decisión muy cuestionada por organismos de derechos humanos jujeños. “La resolución no sólo vulnera el interés que este Ministerio Público Fiscal representa sino que pone en riesgo el juzgamiento de hechos calificados de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional, constituyendo un supuesto de gravedad institucional”, manifestó De Luca en su presentación.
La secretaría de DD HH se sumó al pedido
"Insistimos en que se indague a los imputados", señaló ayer a este diario Luis Alen, subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El funcionario explicó que nunca fueron notificados por el juez Julián Ercolini de la apelación al rechazo de la indagatoria, por lo que se presentarán directamente ante la Cámara Federal.
“En los próximos días nos vamos a presentar en queja directamente ante la Cámara Federal. Nunca nos llegó la notificación, nos vamos a presentar dándonos por notificados”, detalló Alen a Tiempo Argentino.
Sobre la las indagatorias, el funcionario destacó la importancia de la medida. "No creemos que sea necesario finalizar la producción de estas pruebas contables, determinar si el precio que se pactó en la operación fue o no justo no tiene nada que ver con lo que denunciamos", se quejó sobre la decisión del juez de no avanzar hasta terminar un análisis contable para "probar o descartar una de las hipótesis principales de sospecha, de que la empresa Papel Prensa fue vendida-adquirida a un precio vil o irrisorio".
El subsecretario consideró que las querellas ya han ofrecido todas las pruebas sobre el caso y que los elementos son coherentes en relación con la mecánica del secuestro y violación de los Derechos Humanos sobre la familia Graiver.
"Nosotros denunciamos que, a partir de la muerte de David Graiver, hubo una campaña para obligar a su familia a transferir las acciones de la empresa a los diarios Clarín, La Nación y La Razón. Si se transfirió la empresa, aunque hayan pagado el precio justo, hubo una transferencia forzada", manifestó el funcionario, y recordó que "lo único que se pagó fue una especie de adelanto y el resto nunca se cobró porque los Graiver fueron secuestrados".
Martes, 31 de marzo de 2015
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