CHILE EN PUNTO DE BIFURCACIÓN Entre el neoliberalismo pinochetista y Asamblea Constituyente  Chile se ha convertido en uno de los países más desiguales del mundo, con una seguridad social completamente privatizada, extranjerización de los recursos naturales, privatización de todo el aparato productivo y una educación superior que es la segunda más cara internacionalmente.
Chile transita hoy por una situación que otros países sudamericanos experimentaron aproximadamente una década atrás: el agotamiento de un ciclo político y el desafío para las fuerzas de izquierda de proponer otro.
Vemos hoy la decadencia de un pacto, suscrito a fines de los ’80 entre la derecha pinochetista y la concertación de partidos que prometía recuperar la democracia y la justicia social. Y ya sin los militares en el poder, se legitimaba la construcción de una sociedad post-pinochetista que mantenía su modelo socio-económico (el neoliberal), y su modelo político-institucional (con la Constitución de 1980).
Esa institucionalidad, consolidada bajo los gobiernos de “centro-izquierda” de Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet, ha convertido a Chile en uno de los países más desiguales del mundo, con una seguridad social completamente privatizada, extranjerización de los recursos naturales, privatización de todo el aparato productivo, una educación superior que es la segunda más cara del mundo, y, aunque parezca increíble, con el mismo Plan Laboral que elaboró la dictadura en 1979, que regula hasta hoy las relaciones laborales (Chile es uno de los pocos países donde no existe derecho a huelga efectivo).
Sin embargo, a partir del intenso ciclo de movilizaciones sociales que comenzaron el 2011, que pusieron el tema del lucro y la desigualdad en la agenda, el consenso post-pinochetista comenzó a resquebrajarse. La sociedad chilena ha experimentado desde entonces un interesante proceso de repolitización; de hecho, el reciente Informe de Desarrollo Humano, elaborado por el PNUD (2015) se titula “Los tiempos de la politización” y muestra cómo han cambiado las demandas en relación con “lo político”. Si diez años atrás el 61% consideraba que los cambios “necesitan tiempo” hoy un 62% pide “actuar rápido porque los cambios no pueden esperar”.
Temas antes excluidos de la discursividad oficial, como la regresiva estructura tributaria, el modelo educacional de mercado o la Constitución pinochetista no han podido ser acallados. La agenda de la calle se impuso a la agenda mediática. Y de la calle pasó a los programas electorales. Efectivamente, en marzo de 2014, Michelle Bachelet asumía la jefatura de Estado con la promesa de hacer cuatro reformas estructurales en el país: tributaria, educacional, laboral y constitucional (¡hubo 60% de abstención electoral!).
Sin embargo, hoy, a poco más de un año de Gobierno todas están en duda. Los empresarios y los sectores más conservadores del Gobierno, liderados por la Democracia Cristiana, han obstaculizado todas las reformas. Los movimientos sociales, por su parte, presionan por su cumplimiento, especialmente por una nueva Constitución y legislación laboral. Entre medio, vemos un liderazgo presidencial débil, golpeado por acusaciones de corrupción que pesan contra el hijo y la nuera de Bachelet, en un oscuro caso de especulación inmobiliaria y que la Presidenta no supo (o no quiso) condenar, perdiendo de manera irrecuperable gran parte de su capital político. A ello se sumó el escándalo de financiamiento irregular de campañas políticas que ha significado un desfile de grandes empresarios e importantes políticos de la derecha y de la alianza de gobierno por los tribunales de justicia.
La errática conducta presidencial se ha reflejado en el debate constitucional. Bachelet anunciaba sorpresivamente en abril, el inicio para septiembre de “un proceso constituyente que deberá desembocar en una nueva Carta Fundamental, plenamente democrática y ciudadana”. Fue una suerte de “giro a la izquierda” que recogía una de las demandas centrales de los movimientos sociales. Sin embargo, en julio y, so pretexto de una “desaceleración de la economía”, anunció la revisión de todas las reformas. “Realismo sin renuncia”, fue la frase que se inventó para explicar este giro a la derecha y descartar explícitamente la posibilidad de una Asamblea Constituyente.
Los límites de la crisis
Y aunque todas las encuestas indican la pérdida de legitimidad de la clase político-empresarial, esta crisis de régimen no se ha convertido en crisis orgánica. Pues aun existiendo una gran actividad social y una repolitización, no se ha consolidado un bloque alternativo que logre proponer un horizonte de época, tal como ocurrió, por ejemplo, con el liderazgo de Chávez en Venezuela o de Kirchner en Argentina, o con organizaciones como el MAS en Bolivia, o Alianza PAÍS en Ecuador, cuando estos países hermanos vivieron el agotamiento de un ciclo.
Por su parte, el bloque neoliberal carece de estructuras de lealtad y conexión con el mundo social que sí tuvo entre 1990-2010, y gracias a lo cual ocurrió la aparente paradoja que a pesar que la derecha perdía todas las elecciones, el país se fue derechizando cada vez más. Por el contrario, actualmente existe una mayoría social ajena a los aparatos de representación e inmune a la cooptación. Los movimientos sociales han mostrado capacidad de convocatoria persistente en el tiempo, la energía movilizadora de cientos de miles les pertenece, y ha nacido toda una nueva generación de militantes de izquierda. El bloque de poder no tiene posibilidad de aspirar a algo parecido y debe asumir que el consenso pasivo entorno al neoliberalismo se resquebrajó.
Sin embargo, aun cuando el oficialismo ha perdido su capacidad de contención social, tiene capacidad de contención electoral. En cambio, los movimientos sociales carecen de fuerza político-electoral. Y 2016/2017 son años de elecciones (locales y presidenciales, respectivamente).
Pero nada hace desaparecer la contradicción fundamental: continuar con el modelo socio-económico heredado de la dictadura cívico-militar o avanzar hacia un nuevo ciclo. Eso está en juego en el país y, a corto plazo, el punto central de su resolución será cómo se afronte el reemplazo de la Constitución de 1980, ya sea institucionalmente, como lo demanda el bloque oficialista, o a través de una Asamblea Constituyente, como lo exigen las fuerzas sociales.
Como tantas veces en Chile, el mes de septiembre –mes en el que debería empezar el “proceso constituyente” anunciado por la Presidenta – marcará un punto de inflexión en la correlación de fuerza entre el nuevo ciclo que se niega a morir y el nuevo que no termina por nacer.
Jueves, 20 de agosto de 2015
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