LA TORTURA DE MALVINAS Los documentos secretos que prueban la tortura a soldados  Los archivos desclasificados por el Ministerio de Defensa, que aportan nuevas pruebas sobre los apremios sufridos por soldados argentinos, fueron enviados a los juicios en curso contra los militares que actuaron en las islas. Ya imputarán a los primeros represores.
Clase 63. Instrucción, tercer año industrial. Lugar de procedencia, provincia de Córdoba. Unidad de combate, Regimiento de Infantería 25, el emblemático puesto de combate de Mohamed Alí Seineldín, una península pequeña, ubicada en la zona del aeropuerto de Puerto Argentino, a 5 kilómetros del pueblo dedicado a la protección del área costera. Sus funciones eran de apuntador de mortero 120, alistamiento y traslado de los equipos. Después de dos meses en el puesto, el joven de 19 años fue recibido maltrecho en Campo de Mayo, donde llenó un Acta de Recepción, una de las 700 Actas desclasificadas por el Ministerio de Defensa el mes pasado y que ahora impulsan el primer pedido de indagatorias a ocho integrantes de las tres Fuerzas Armadas por parte de la fiscalía federal de Río Grande que investiga los crímenes en Malvinas. Cuando le preguntaron por las características del terreno, dijo que era frío, húmedo, con lluvias y suelo arenoso. Un relato bajo el cual hay que imaginar los cinco grados constantes o térmicas de 20 grados bajo cero alentados por el paso del viento helado. Cuando lo recibieron, le preguntaron por las “Experiencias recogidas en las actividades que cumplió”. El soldado dijo “aprendí a valorar más la vida”. Y también que “el trato recibido por oficiales y suboficiales era muy malo. Acumulaban raciones para ellos. Pegaban y estaqueaban”. Le preguntaron si recibió una orden que significara gran sacrificio. Dijo que sí. ¿Cuál? La de trasladar municiones, respondió.
“En una oportunidad nos estaban haciendo hacer movimientos vivos por no llevar las municiones como ellos deseaban”, explicó sobre los ejercicios de salto de rana, cuerpo a tierra y demás, que se extendían durante horas, espetados por oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas. “Eramos 12 soldados y cargábamos 40 cajones de municiones de 71 kilos cada uno. Cansado de hacer movimientos vivos, me caí cuando el sargento A. me pegó con el casco en la nuca. Al inclinarme me pegó una patada en los testículos. A raíz de esto tengo un quiste en el testículo izquierdo por el cual tengo que operarme. Luego de esto, el teniente 1 V. me ató las manos y las piernas a la espalda, y me puso cara al suelo en la arena mojada de la playa, desde las 9 de la mañana hasta las 17.30. Conmigo estaba el soldado C. Esto se repitió en otras dos oportunidades”.
Cuando habla de los movimientos vivos, hay que leer castigos por el modo en el que habían trasladado las municiones. Cuando dice me pegó con el casco, quiere decir que el sargento A. se sacó el casco para pegarle. Cuando describe las horas en las que permaneció de cara al suelo y atado, debe leerse congelamiento. Cuando menciona en términos sucesivos la actuación de un sargento y luego de un teniente 1, debe verse el funcionamiento de la cadena de mandos. Cuando, finalmente, se lee la descripción completa de la secuencia debe verse la continuidad en las islas de las sistemática represiva de las Fuerzas Armadas que operaba en el continente desde 1976.
Esta es una de las más de 700 Actas de Recepción que acaba de desclasificar el Ministerio de Defensa para reimpulsar las investigaciones de Malvinas como crímenes de lesa humanidad. Cuando se desclasificó el informe Rattenbach en 2012 quedó afuera un cuerpo de documentos rotulados como secretos por las Fuerzas Armadas. Entre los documentos están los legajos de los militares que estuvieron las islas y cientos de actas que completaban los soldados cuando volvían al continente con respuestas sobre su estado físico y denuncias sobre la vulneración de derechos.
En febrero de este año, la Corte Suprema de Justicia cerró un tramo de las investigación del juzgado de Río Grande, Tierra del Fuego, al dejar firme un fallo de Casación que consideró que una parte de estos hechos ya estaban prescriptos. La presidenta Cristina Kirchner ordenó poco después la desclasificación de estos archivos que podían reimpulsar el proceso de Justicia local, pero además contribuir con pruebas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, adonde las víctimas acudieron a presentar su reclamo. El último 9 de septiembre, el ministro Agustín Rossi puso el resultado de ese trabajo de desclasificación en manos de las querellas y entregó un informe con el análisis de los documentos a los distintos juzgados que llevan tramos de la causa. Las Actas de Recepción poseen un valor incalculable por su volumen; porque son piezas de primera mano realizadas durante la vigencia de la dictadura. Porque las denuncias muestran los parentescos con los métodos usados en los campos de concentración, tortura y exterminio en el territorio continental. Porque las actas señalan a través de los nombres la existencia de las cadenas de mandos y porque los legajos muestran a los perpetradores entrenados en los centros clandestinos del continente. Allí estaban los nombres emblemáticos de la ESMA como Jorge Acosta, Antonio Pernías, Alfredo Astiz, Rodolfo Oscar Cionchi, Juan Carlos Rolón o Jorge Vildoza. Pero además, otros integrantes de las Fuerzas Armadas como Daniel Alejandro Delfor Polano del Campito, Carlos Eduardo del Valle Carrizo Salvadores, responsable de la masacre a los militantes del ERP en Capilla del Rosario de Catamarca, modelo 1974, o el más conocido y ahora fallecido Mario Benjamín Menéndez, jefe del Estado mayor del Ejército durante el Operativo Independencia, de 1975, en Tucumán, y más tarde gobernador de Malvinas, desembarcado a días de iniciada la guerra. Y porque, finalmente, en conjunto muestran las prácticas represivas como sistemáticas.
En ese contexto ya están dando los primeros resultados. Munidos con los primeros datos, la querella encabezada por el Cecim de La Plata presentó a fin de agosto en el juzgado de Río Grande un pedido de indagatoria a ocho imputados, entre ellos una mayoría de la Armada, pero también del Ejército y uno de la Fuerza Aérea. Sólo uno está detenido por otras causas. Ese pedido, que puede abrir los primeros procesamientos, será acompañado por la Procuración, según adelantó a este diario el fiscal general de esa jurisdicción Adrián García Lois. “La decisión de la Corte y su fallo no impidió continuar con el proceso penal dentro del país porque la Corte sólo se pronunció por un imputado y no por la cuestión de fondo, como aclaró a pedido de las querellas, y en la causa hay unos 70 imputados”, señaló. “El fiscal federal de Río Grande Marcelo Rapoport ya amplió el requerimiento de instrucción y en coincidencia con lo que están pidiendo las querellas vamos a solicitar la indagatoria para estos ocho imputados.
La fiscalía también pidió la incorporación formal al proceso de los documentos desclasificados. Estas actas contienen pruebas que demuestran que además de los delitos, hubo un aparato estatal que estuvo direccionado a ocultar y lograr la impunidad de estos hechos, un dato que consolida la idea de que no pudieron ser investigados y consolida su imprescreptibilidad”.
Pablo Vassel es el abogado que impulsó la primera investigación sobre Malvinas judicializada en el año 2007, cuando era responsable de derechos humanos en Corrientes. “El informe Rattenbach analizaba el marco estratégico de la política militar. Ese informe contenía el análisis del contexto histórico, norte-sur, este-oeste, los No Alineados, las dictaduras, Margaret Thatcher y el análisis de la respuesta militar argentina. Estas actas son otra cosa”, dice. “Es la primera información que entregaron los soldados cuando eran recibidos por ejemplo en Campo de Mayo, con el 40 por ciento del peso corporal, hambrientos, mutilados, para engordarlos o curarlos, documentos que hasta ahora estaban clasificados como secretos”.
Lunes, 5 de octubre de 2015
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