LUEGO DE ORDENAR UNA FEROZ REPRESION SOBRE LA RICCHERI, EL GOBIERNO INTERVINO PARA SOLUCIONAR EL CONFLICTO Palos y balazos de goma sobre la autopista  En un cambio repentino de actitud, el Gobiero dispuso ayer el fin de la protesta, lo que derivó en una represión con carros hidrantes y balas de goma. Luego hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo y por la noche llegó el acuerdo.
Los trabajadores de Cresta Roja decidieron anoche en asamblea levantar el acampe en la autopista Riccheri, luego de que el Ministerio de Trabajo les prometiera un aumento de 2 mil pesos en el pago de un programa asistencial que ya están cobrando, una ayuda para pasar las Fiestas y la posibilidad de retomar rápidamente la producción en la empresa. Fue al cierre de una jornada en la que sufrieron una feroz represión por parte de las fuerzas policiales que buscaron desalojarlos del corte sobre la autopista con carros hidrantes y balazos de goma que dejaron heridos entre los manifestantes, rompiendo con la lógica con la que se habían manejado las fuerzas de seguridad durante los años del kirchnerismo y, según los trabajadores, también con los compromisos que los funcionarios macristas habían tomado en este caso. Este cambio motivó el repudio de buena parte de la dirigencia política y de organismos de derechos humanos. “Llega el personal de Gendarmería y me dice que, si en cinco minutos no nos vamos, nos sacan. Me dijeron que la directiva de ayer no corría más por orden del Presidente. No me dieron tiempo de informar a todos ni de hacer asamblea”, contaría luego el delegado Cristian Villalba el inicio del accionar represivo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se adjudicó la orden.
A eso de las 9, los efectivos de Gendarmería –pertrechados con cascos, bastones y escudos– avanzaron para despejar el corte en el camino al aeropuerto de Ezeiza. Los gendarmes formaron un cordón para impedir que los trabajadores retomaran la protesta. Hubo algunos forcejeos y empezaron a volar piedras y botellas, lo que derivó en el caos y la represión generalizada, una postal que hacía tiempo no se veía. “Nos molieron a palos, varios terminaron en el hospital”, fue la síntesis que recogió Página/12 respecto del operativo ordenado por la ministra Bullrich.
Esa cartera acusó a “infiltrados de izquierda” de querer tomar el aeropuerto, desvirtuando los dichos de uno de los delegados sobre un cruce entre militantes y gendarmes que desencadenó el segundo ataque represivo. “Acá somos todos trabajadores, incluso los que vienen a apoyarnos, y además gracias a sus donaciones estamos comiendo. Lo que queremos es trabajar, hace dos meses que no faenamos”, dijo uno de los voceros mientras esperaban a los delegados que venían de Capital.
El acuerdo
“Hay un compromiso político de los gobiernos nacional y provincial de acompañar este proceso con los recursos de que disponemos para paliar las circunstancias de mucho sufrimiento para los trabajadores, pero respetando el fallo judicial”, dijo anoche Jorge Triaca, titular de la cartera laboral. Y agregó que “hay algunos interesados en hacerse cargo de la empresa”, cuya quiebra fue dictada ayer por la Justicia.
Poco antes de las 21, Triaca sintetizó la propuesta que le habían hecho a Cristian Villalba, representante de los empleados de Cresta Roja, a quienes se refirió como “los compañeros”. El funcionario dijo que analizaron el cumplimiento del fallo de la jueza Valeria Pérez Casado para “facilitar la quiebra”, y anticipó que hoy se reuniría con la magistrada. “Estos gobiernos nacional y provincial no los van a abandonar, estaremos atentos a cada uno de sus requerimientos y vamos a acompañar en todo lo que nos establezca la jueza para llegar a una salida tanto para los trabajadores como para poner a producir a la empresa”, aseguró Triaca.
“El Ministerio de Trabajo otorgó en los últimos días un programa Repro (Recuperación Productiva) de 4 mil pesos, y nos comprometimos a darles 6 mil pesos por trabajador a partir de enero”, agregó en alusión al beneficio que ya vienen cobrando desde hace un año. Y para que “pasen unas fiestas de la mejor manera posible entendiendo las dificultades del caso”, dijo que el Ministerio de Desarrollo Social y la provincia les van a entregar bolsones navideños. Triaca destacó que “no hace falta que corten una ruta para que los escuchemos”, les pidió que levanten la protesta y enfatizó que “ésta es una situación heredada del gobierno que se acaba de ir, hay que revisar los subsidios que se dieron y los dueños de la empresa deberán rendir cuentas ante la Justicia”.
El delegado Villalba afirmó que el levantamiento de la protesta sería decidido en la asamblea, cosa que sucedió poco después. “Los culpables de nuestra situación actual no van a pertenecer más a la empresa, el compromiso que tomaron los funcionarios es buscar un comprador para la empresa”, agregó. Habló de cuatro interesados.
Antes de irse admitió que esperaban otra respuesta, pero apuntó que esto es “medianamente favorable”. Mientras tanto, en el acampe otro de los delegados destacaba la unidad de las dos plantas en la protesta, y pedía que “cumplan así podemos volver a trabajar”. Las familias habían empezado a cocinar los alimentos que les donaron porque, a esta altura del mes, los 2 mil pesos que ya venían cobrando del subsidio Repro –surgido para auxiliar a las empresas en crisis con el pago por parte del Estado de una porción del salario de los empleados– ya se les terminaron.
“Mi tarea era colgar los pollos vivos que vienen de las jaulas”, dice a Página/12 Mauricio Herrera, 38 años, dos hijas. Y habla en pasado porque se acaba de enterar de que la Justicia decretó la quiebra de la empresa. Mientras los delegados estaban con Triaca, en el acampe de la Riccheri pensaban alternativas ante este nuevo escenario y se disponían a debatirlas en asamblea; no descartaban incluso hacerse cargo ellos mismos de la producción. “Hasta ahora el Gobierno y el dueño de la fábrica se pasaban la pelota y en el medio estábamos nosotros”, define con la sospecha de que el dictado de la quiebra podría significar la legalización de los despidos.
“Ayer a la tarde (por el lunes) teníamos un acuerdo con los dos jefes de Gendarmería, de que dejábamos dos carriles libres hasta la reunión en Trabajo que iba a ser al mediodía, pero hoy a la mañana (por ayer) ellos mismos lo rompieron al entrar al campamento nuestro con palos, chorros de agua y balas de goma, había apenas 20 personas, pero nos molieron a palos”, cuenta Herrera.
Luego de hacerse cargo de la orden represiva, sin que mediara orden judicial alguna, el Ministerio de Seguridad emitió un comunicado de corte macartista acusando al Partido Obrero de infiltrar la protesta de Cresta Roja, y acusó a “un grupo de militantes de ingresar al aeropuerto de Ezeiza con la intención de tomar posesión del mismo”. La ministra Bullrich se basó en declaraciones posteriores al segundo avance de los gendarmes, cuando el delegado Villalba habló de “infiltrados” para deslindar la responsabilidad de los trabajadores en una supuesta agresión a un gendarme.
Herrera dijo a este diario que “fue una persona de una agrupación que vino a apoyarnos, pero se le dijo que se fuera”, luego de que tuviera un cruce con uno de los uniformados. “De ninguna manera le pedimos a los partidos de izquierda que se retiren, como dijeron algunos medios, y tampoco es cierto que vinieron ahora por primera vez, nos apoyan desde que comenzó el conflicto”, agregó el trabajador. “Más allá de la ideología de cada uno acá somos todos trabajadores, vienen a apoyar nuestra lucha, si el compañero lo dijo es un error, nos apoyamos entre laburantes y gracias a ellos estamos comiendo”, enfatizó Herrera. El PO anticipó que denunciará penalmente a Bullrich por “recurrir a la injuria y la provocación política para justificar la represión” de ayer.
El conflicto en Cresta Roja se remonta a 2014, cuando la empresa avícola comenzó a aducir supuestos problemas económicos para obtener ayuda financiera del anterior gobierno, y lo hacía con amenazas de cierre causadas por “dificultades financieras ocasionadas por los reclamos de los trabajadores”. Los empleados respondieron con paros y bloqueos en la planta impulsados por las bases, al margen de la dirección sindical. El grupo Rasic realizó 650 despidos como represalia ante la exigencia de los empleados de que les pagara un retroactivo de 2 mil pesos, acordado entre le cámara avícola y el Sindicato de la Alimentación.
Anoche, luego de que el Gobierno cumpliera con la liberación de los trabajaodres detenidos, los manifestantes levantaron la protesta en la Riccheri y también se retiraron los efectivos de Gendarmería.
Miércoles, 23 de diciembre de 2015
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