CESAR SOTELO, FISCAL GENERAL DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES "A mí nadie me va a torcer el brazo"  Se refirió a la relación entre política y justicia. Reivindicó el papel social de la primera, pero rechazó su injerencia en el plano judicial. Admitió los bajos niveles de sentencias en los casos tratados. Reclamó mayor exigencia de calidad en la integración de los cuerpos legislativos.
Siempre bien predispuesto al diálogo con el periodismo, el fiscal general César Sotelo recibió a EL LIBERTADOR en su despacho del noveno piso del Edificio de Tribunales. Allí se desarrolló la siguiente conversación:
-Alguna vez leí una estadística que indica un muy bajo porcentaje de "productividad" judicial, es decir, de bajo número de sentencias. ¿Cómo observa hoy ese panorama?
-Y sigue siendo así: los porcentajes son bajos. Estamos inmersos en un sistema que nos va a seguir costando mientras no lo cambiemos. Algunos códigos provinciales de actuación son vetustos.
-¿Y al recurso humano, cómo lo ve?
-En ese aspecto he visto un cambio radical muy positivo. Nuestro recurso humano llega a niveles de excelencia, desde el "semillero" del Poder Judicial.
-¿Y los profesionales que surgen de nuestra "fábrica" de abogados que es la Facultad de Derecho?
-También excelentes. Quiero destacar especialmente la gestión de la decana Verónica Torres de Breard. En su momento, el doctor Zimerman dio el puntapié inicial a todo este proceso; y la doctora Torres terminó de dotar a la Facultad de Derecho del alto nivel académico que hoy ostenta.
-Entones, volviendo a la "productividad" judicial…
-…La verdad, no tengo a mano una estadística actualizada. En realidad, no consulto las estadísticas porque no quiero amargarme. O mejor: estoy sabiendo, y no quiero saber. Las causas para llegar a juicio, cuestan bastante.
-¿Por qué se da eso?
-Entre otras cosas, porque parece que fuéramos esclavos del "conservadurismo militar": el código que utilizamos data de 1971, y fue reformado en 1976…
-¿Quiere decirme que el Código procesal vigente es del tiempo de la Dictadura?
-¿Y qué le parece? Fíjese las fechas: es como que está todo dicho, ¿no?
-¿Puede decirse que la gran asignatura pendiente en Corrientes es tener un Código de Procedimiento Penal de la democracia?
-¡Por supuesto! Aquí solemos tener visitas de profesionales y juristas muy prestigiosos, y sinceramente tenemos que esconder la cabeza de vergüenza cuando ven el tipo de código que utilizamos…
-¿Cree que eso es responsabilidad del Poder Legislativo?
-En la división de poderes, cada poder tiene su responsabilidad en lograr la calidad institucional. En el caso del Legislativo, creo que la responsabilidad debe empezar antes, en el nivel de los partidos políticos.
-¿Los partidos deben seleccionar mejor a sus candidatos?
-Creo que en esa instancia se debe poder lograr la selección de los más idóneos y capaces, me parece. ¡Es para celebrar cada vez que un catedrático ingresa a un cuerpo legislativo! De cualquier partido que sea y defienda la posición que crea justo defender. Hay que aspirar a más.
JUBILACIONES
Y PLANES
-El Superior Tribunal rechazó un reclamo por jubilación de un ex legislador. ¿Hay jubilaciones de privilegio en Corrientes?
-Es un tema muy delicado. Yo quisiera ser prudente con respecto a ese fallo en particular; pero es sabido que hay ex legisladores que están jubilados desde los 40 años, con sólo haber trabajado tres o cuatro años. Es bueno repasar el concepto de jubilación: implica un esfuerzo de la vida entera, es decir, el hombre o la mujer que trabajaron toda su vida, para atravesar la parte final de ella sin sobresaltos.
-¿Entonces…?
-Lo que no quiero es que se malinterprete lo que digo, como que estoy en contra de la actividad legislativa. ¡Todo lo contrario! Hay legisladores que trabajan en las comisiones, en las sesiones, que recorren la provincia detectando in situ las distintas problemáticas… En fin. Todo eso también hay que meter en la balanza.
-Recientemente visitó al provincia el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, para presentar su plan Justicia 2020. ¿En qué consiste?
-Yo organicé esa presentación y porque desde hace mucho lo conozco al doctor Garavano, en el marco de nuestra labor como fiscales, defensores o procuradores. Él entró a trabajar desde los 18 años en la Justicia. Actualmente tiene 46 años. Fue docente y es un gran gestor.
-¿Cuál es su propuesta para esa Justicia 2020?
-Que todo mejore. Su slogan es "la Justicia, más cerca de la gente". Con ese fin se reúne permanentemente con los jueces federales, con otros jueces y operadores judiciales. Desde el Ministerio Público, por ejemplo, trabajamos siempre por ver cómo el ciudadano común puede acceder al servicio de justicia.
-¿En qué aspectos, principalmente?
-En todos los aspectos. En lo que hace a la Defensoría, la Asesoría, la Fiscalía… Ahora está muy en boga los derechos y protección de la víctima.
-¿La Justicia nacional y provincial ofrece algún lugar donde ese ciudadano común, sobre todo la persona sin recursos, puede acceder y plantear su problema?
-Por supuesto que ese hombre que no tiene quién lo defienda puede venir hasta nuestras dependencias. Pero hay que decir también que hoy sólo contamos con dos defensores de pobres. Por eso tengo preparado un proyecto de un aumento, sobre todo en Capital, del número de defensores: tres defensorías penales más otros tres defensores de pobres y ausentes. ¡Tenemos sólo dos, y como mínimo debería haber cinco, trabajando en turnos diferentes!
Problemas fronterizos
-Una ciudad como Paso de los Libres es noticia por varios problemas en la Justicia, tanto federal como provincial. ¿Mera casualidad o es un lugar conflictivo por alguna razón?
-Cuando tuve que ir por uno de esos problemas a Paso de los Libres, la verdad es que viví momentos duros. Insultos, agravios, mucha agresividad…
-¿Eso fue por el caso de la ex fiscal Romero, verdad?
-Así es. Pero yo noté que había "algo más" que lo meramente judicial. Es como que hay una problemática social muy compleja. Recuerdo que también tuvimos problemas con la Cámara de esa jurisdicción, que incluso me iniciaron dos o tres juicios políticos.
-¿Y por qué razón?
-Fue un tema de hace muchos años atrás. Lo que yo noto es que en Paso de los Libres la política mete su mano en forma concreta y permanente.
-¿Ve a la política como un factor negativo en este caso?
-Otra vez no quiero ser malinterpretado. Tengo muchos conocidos e incluso amigos políticos. La política está llamada a cumplir un papel social muy positivo. Las puertas de mi despacho están abiertas para todos. Pero, que venga algún político a doblarme el brazo, eso no.
-¿En Paso de los Libres le "doblan el brazo" a alguien?
-Allí noté que actúan lobbies de abogados, de políticos. Tratan de eyectar al que no les sirve y poner al amigo. Dos funcionarios fueron separados, a mí me tocó hacer el sumario en un caso. Eso estuvo muy bien, a mi criterio. Pero también hubo magistrados y funcionarios que también, tal vez, hubiesen tenido que ser excluidos. Y no pasó nada… En fin: hay una plataforma de reclamos políticos metidos dentro de la Justicia. En general, es un síntoma de las ciudades fronterizas; en algunas, con más gravedad que en otras.
Demoras, sí o no
-¿Hay demoras en el Senado para aprobar pliegos de jueces y funcionarios para cubrir vacantes en el Poder Judicial?
-Quiero aclarar que yo no integro el Consejo de la Magistratura. Ese es el organismo que envía las ternas, y hay plazos establecidos para la designación final.
-Porque se sentía como alguna queja de demoras…
-La Constitución es muy clara en los mecanismos de designación. Ahora, si usted me pregunta si hay alguna interna en el Senado por tiras y aflojes… esos son problemas políticos que deben solucionarlo los miembros del Senado. Lo que yo puedo decir, como funcionario del Poder Judicial, que nos urge que se llenen las vacantes.
Fuente: Ellibertador
Martes, 7 de junio de 2016
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