CORRIENTES El exhorto judicial que contradice a Colombi  El gobernador había dicho que se enteró tarde de los allanamientos que hizo la policía de Santa Fe en Goya y trató de impedir.
La semana pasada, el gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, se paseó por varios medios porteños tratando de despegarse del escándalo narco que comprometió al poder político de la ciudad de Itatí: "Pensar que el intendente iba a estar en esto, yo prácticamente no conocía, no sabíamos", afirmó el radical en Intratables.
Previamente, le recordaron que estaba siendo investigado por presunta obstrucción de la justicia por su irrupción en un operativo realizado por la policía de Santa Fe en Goya ordenado por el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde.
"Nadie discute la decisión del juez de llevar a cabo todos los allanamientos que crea conveniente. Lo que nosotros cuestionamos es el proceder de la Policía de Santa Fe", se defendió Colombi y dijo que ordenó detener el operativo anti narco, preocupado porque 18 jóvenes habían sido trasladados desde la ciudad capital a Goya en calidad de testigos, presuntamente sin el conocimiento de sus padres.
"A las dos de la mañana, -la Policía de Santa Fe- pasó por la ciudad capital, levantó a 18 personas, 15 de ellos jóvenes de 18 años y los llevó, supuestamente en condición de testigos, a una ciudad que está a 270 kilómetros", explicó el gobernador.
Sin embargo, ante la insistencia del panelista Gabriel Levinas, quien remarcó que la orden había sido emitida por la justicia federal, "que está por encima de su poder", Colombi respondió: "Acá viene el elemento más fuerte"
"¿Usted sabe a que hora entró el oficio del juzgado federal de Reconquista al juzgado federal de Corrientes? A las 9 y media de la mañana de ese mismo día", sostuvo el mandatario para luego apelar a otro invitado, el abogado Mauricio D'Alessandro a quien le preguntó "cual era la situación de esas 18 personas de las 2 de la mañana hasta las 9:30 cuando se libró ese exhorto?"
D'Alessandro respondió que "si fue así, fue privación ilegítima de libertad porque se los retuvo sin una orden judicial que los autorizara a retenerlos".
En su dramatización, Colombi desplegó un papel que tenía guardado en el bolsillo de su saco y leyó: "Presentado ta ta (sic) a las 9.30 del 21 de diciembre".
"Tenemos las pruebas" afirmó, simulando que en ese papel era el exhorto que le daba la razón y concluyó: "Nosotros lo único que hicimos fue interiorizarnos por la seguridad (de los testigos)".
Se accedió al documento emitido por el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, que contradice la versión que Colombi dio en Intratables.
El exhorto
El operativo a cargo de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones de Santa Fe en la ciudad de Goya, ordenado por el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, se realizó el 21 de diciembre del año pasado.
La irrupción del gobernador Colombi y la detención del oficial a cargo, José Moyano, cuando finalizaban los últimos allanamientos con resultados positivos, detonó una crisis política entre el gobierno correntino y el santafesino tal como explicó este portal y disparó una causa por la que Colombi estaría a punto de ser llamado a indagatoria.
Se accedió al expediente donde consta que el trámite entre un juzgado y otro se realizó en el mes de septiembre, tres meses antes, a diferencia de lo que aseguró el gobernador Colombi quien dijo que se enteró a las 9:30 de ese mismo día.
En rigor, lo que muestra los documentos es que el exhorto al Juzgado Federal de Corrientes se redactó en Reconquista, Santa Fe, el 8 de septiembre del 2016, una semana después fue presentado en las oficinas de Carlos Soto Dávila -juez federal correntino- por el oficial Dante Correa de la Brigada Operativa Departamental Nro. IX de la Policia de la Provincia de Santa Fe.
En el mismo, Alurralde informó a su par que "ha extendido su jurisdicción disponiendo que el personal de la Brigada Departamental N° IX dependiente de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones de la provincia de Santa Fe, pueda realizar tareas investigativas y de inteligencia criminal en esa jurisdicción sobre las actividades de los investigados" y cita la causa.
El 19 de septiembre, Soto Dávila tomó conocimiento del requerimiento, formó el expediente y corrió vista al Fiscal Federal, cumpliendo con el artículo 135 del Código Procesal Penal Nacional. El fiscal fue notificado el 23 de septiembre.
El 13 de diciembre, una semana antes que se concreten los allanamientos, el exhorto vuelvió a Reconquista debidamente diligenciado por lo que el juez Alurralde decidió llevar a cabo los procedimientos con los efectivos que indicó en la documentación.
A su vez, fuente judiciales confirmaron a LPO que "los procesados, ni sus abogados defensores cuestionaron el procedimiento ni plantearon nada del exhorto", un elemento fundamental que podría dar por tierra todo lo actuado.
En el mismo sentido, el juez federal Soto Dávila no hizo ninguna objeción del horario y puso a disposición de su par de Reconquista a los detenidos, convalidando la legalidad del procedimiento.
En relación al traslado de testigos desde la ciudad de Corrientes a Goya, remarcaron que Patricia Bullrich también llevó a personas de la capital provincial cuando allanaron Itatí: "Que es lo que corresponde en localidades pequeñas para preservar la vida e integridad de los testigos".
Domingo, 26 de marzo de 2017
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