UNA CORTE MAS AMARILLA Rosenkrantz designó en el Tribunal a un abogado del Estado  El subprocurador del Tesoro, Juan Pablo Lahitou, que depende del Ejecutivo, fue designado en la Secretaría de Desarrollo Institucional de la Corte Suprema. La decisión cayó muy mal.
Hasta última hora de ayer, la página web de la Procuración del Tesoro –que es el cuerpo de abogados del Estado– todavía mostraba en el cargo de subprocurador, con la foto de rigor, a Juan Pablo Lahitou. Pero pronto, este abogado que asistió como representante estatal a la última audiencia del expediente por la deuda millonaria del Correo Argentino (el caso que tiene a Mauricio Macri de los dos lados del mostrador), estará sentado en un despacho en la Corte Suprema. Será secretario letrado en la Secretaría de Desarrollo Institucional, porque así lo decidió el actual presidente supremo, Carlos Rosenkrantz. No hay ninguna disposición que prohíba saltar de una dependencia del Poder Ejecutivo a un despacho supremo, pero en el tribunal, que hacia afuera ofrece discursos de transparencia e independencia, a la mayoría la novedad le cayó pésimo y todo hace suponer que hoy será tema de roces en el acuerdo. Otra designación fue para Cecilia Westerdahl, en la Dirección de Comunicación. Ella viene del estudio Marval - O’Farrell -Mairal, al que suele recurrir para litigar la mayor parte del mundo empresario.
Lahitou era hasta ahora mano derecha de Saravia Frías, el procurador del Tesoro que designó Macri después de provocar la salida de ese cargo de Carlos Balbín, quien había cuestionado el papel del Estado en el caso del Correo, donde se intentó beneficiar a la empresa de la familia Macri con un acuerdo que le licuaba el 99 por ciento de su deuda, hoy calculada en 4000 pesos. El estudio de Saravia Frías había representado al Grupo Macri en otros asuntos judiciales y él es considerado prácticamente como el abogado presidencial. Al revés de Balbín, dictaminó por cerrar el sumario por el Correo Gate y dejar de buscar responsabilidades de funcionarios. Lahitou se venía ocupando de dictámenes en la Procuración –otros tantos, además del que atañe al Correo– y por su cargo, si Saravia no estaba por alguna razón, podía tocarle reemplazarlo. En la Corte hay una cuestión pendiente de resolución ligada al Correo, donde la impresa intenta impedir que se investiguen presuntas maniobras de vaciamiento y quiere desplazar a la fiscal Gabriela Boquin, que fue quien logró frenar el acuerdo que beneficiaría a la empresa familiar.
En una web propia sobre Energía y Derecho Administrativo, Lahitou dice que desde 2016 asesora “exclusivamente al Estado Nacional” en esas dos temáticas. Cuenta que se formó en la universidad de Dundee en Escocia y que hizo un master en la Universidad Austral. Recuerda que es co-fundador y editor de Todo Sobre la Corte, una suerte de observatorio lanzado en 2010 junto con Valentín Thury Cornejo, otro de los “Rosenkrantz Boys” nombrados por el presidente supremo, con quien ahora trabajará codo a codo en la Secretaría de Desarrollo Institucional. Esa dependencia tiene un papel clave hoy en la gestión Rosenkrantz: está a cargo la Comunicación y el famoso Centro de Información Judicial (CIJ), y por ende se ocupa de diseñar las estrategias de comunicación de la Corte y del Poder Judicial. Pero además, dice la acordada de su creación, tiene a cargo “la modernización de las estructuras, procesos y procedimientos”, la revisión de “marcos normativos”, y la vinculación de la Corte con “la ciudadanía” y “otros actores del ámbito público”.
La resolución con la designación de Lahitou tiene fecha de ayer, pero en la Procuración del Tesoro saben desde el jueves pasado de su mudanza de ese rincón del gobierno a la Corte. Hay una sugestiva cadena de hechos que se produjeron la semana pasada y que tienen al más alto tribunal en el centro de la escena. El martes pasado, se produjo el anunciado almuerzo en la Casa Rosada en el que Macri recibió a Rosenkrantz y a su vice, Elena Highton de Nolasco, pero al que los otros tres supremos (Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti) no quisieron asistir. También estuvieron el jefe de Gabinete, Marcos Peña y el ministro de Justicia, Germán Garavano. Pero la convocatoria original incluía a dos operadores judiciales del Gobierno: Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y José Torello, lo que favoreció la fractura entre los cortesanos. El día del banquete, el tribunal firmó varios fallos, entre ellos uno que obliga a devolverle varios millones a la provincia de La Pampa de coparticipación. En la Casa Rosada creían que tenían a la Corte bajo control, con Rosenkrantz en la presidencia, pero empezaron a advertir que es algo relativo.
Martes, 13 de noviembre de 2018
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