ARGENTINA ¿Se prepara un fraude en las elecciones?  La administración de Mauricio Macri introdujo un cambio fundamental en el escrutinio que le permitiría manipular el recuento provisional. Con la ayuda de los conglomerados mediáticos se podría construir una realidad virtual muy difícil de desmontar. Qué opinan intelectuales, historiadores y legisladores de la oposición.
En un segundo plano, detrás de la euforia opositora por el lanzamiento de la fórmula Fernández-Fernández, muchas voces advierten sobre el peligro de maniobras que adulteren la voluntad popular en las próximas elecciones de octubre en Argentina.
La administración colonial de Mauricio Macri, cuyo capital electoral se ha pulverizado con el colapso progresivo de la economía y los escándalos político-judiciales, impulsa por decreto desde principios de año una serie de cambios en los mecanismos electorales que debilitan la transparencia del sistema.
El más grave es la contratación de un software que centraliza la recepción de las actas del escrutinio provisorio, y permite modificarlas y/o reemplazarlas. Al mismo tiempo se eliminan los telegramas, el tradicional método para comunicar los resultados. Otras innovaciones que permiten nuevas modalidades en el acto de emitir y/o contabilizar el voto son impulsadas desde diferentes frentes.
Embestida contra el sistema electoral
Cambiemos, la coalición en el gobierno, protagoniza desde hace años una embestida contra el sistema electoral argentino. El jefe de Gabinete Marcos Peña considera una “verguenza nacional” que en Argentina se siga votando con una boleta de papel (aunque ésta siga siendo la base de los sistemas electorales más seguros del mundo).
El macrismo impulsa desde hace años la ley de voto electrónico, que perdió estado parlamentario cuando la oposición mostró que la boleta única electrónica era muy fácil de adulterar. Hasta ahora sólo dos provincias -Salta y Neuquén- han establecido sistemas electrónicos el sufragio ciudadano, y han registrado denuncias sobre aspectos inseguros y fraudulentos.
El gobierno argentino entonces se centró en introducir cambios subrepticios en el actual sistema electoral. En enero, con tres decretos, el Gobierno cambió las condiciones en las que votarán los argentinos residentes en el exterior, el personal de las fuerzas de seguridad y de las
Fuerzas Armadas, y las personas privadas de su libertad.
Para los argentinos residentes en el exterior se creó un régimen de voto por correo postal. Para los presos y los agentes de seguridad se dispuso un sistema de voto anticipado. El grupo más numeroso es el de los residentes en el exterior: son más de 360.000 argentinos.
A comienzos de mayo la jueza federal Servini de Cubría declaró inconstitucional el decreto que creó el sistema postal para los argentinos que viven en el exterior. Accedió a la demanda de Jorge Landau, apoderado del PJ. Este razonó que “si cualquiera que va a votar debe hacer cola, y mostrar el documento a los fiscales y autoridades de mesa”, es “un disparate” que 360 mil ciudadan@s sean autorizados a votar por correo, en sobres no fiscalizados y sin controles de identidad.
Los cambios en el sistema electoral deben pasar por el Congreso de la Nación y no son potestad del Ejecutivo. Mucho menos en un año electoral tan decisivo.
Sin embargo, la administración de Macri fue más allá e introdujo un cambio fundamental en los mecanismos del escrutinio, que le permitiría manipular el recuento provisional.
Un software para “transformar y manipular la información”
El gobierno argentino contrató un software llamado Election 360 -de la empresa SmartMatic, denunciada por fraude y manipulación en distintos escenarios internacionales- por el cual van a pasar los resultados electorales que envíen las 15.000 escuelas distribuidas en todo el país. El software en su ficha técnica admite que el comprador del software tiene la potestad de “transformar y manipular la información”, advierte el especialista Ariel Garbarz, ingeniero en electrónica y telecomunicaciones.
La firma SmartMatic cuenta con denuncias públicas por manipulación de los datos. Registra escándalos internacionales en Estados Unidos y Uganda. En 2012 fue cuestionada en Bélgica cuando ofreció el sistema de voto electrónico en la región de Flandes por un contrato de 40 millones de euros. Recibió una multa de seis millones ya que el sistema presentaba fallas técnicas. En las elecciones de 2017 para la Asamblea General Constituyente de Venezuela se tuvo que retirar por anomalías. Fue contratada por el Tribunal Supremo Electoral de Brasil (TSE) para realizar la transmisión satelital de los datos, pero finalmente cuestionada por acusaciones de fraude similar a las de Venezuela.
En enero, el Gobierno habilitó la compra del software de SmartMatic por decreto, lo que viola el artículo 103 del Código Nacional Electoral, y eliminó los tradicionales telegramas firmados por las autoridades de mesa que se enviaban al Correo. La Cámara Nacional Electoral avaló esta decisión en su última acordada del 28 de marzo, donde ordena mantener el recuento en papel, pero dice que no va a intervenir en el comicio provisorio.
Así, el tribunal permitió "la incorporación de innovaciones tecnológicas que permitirán la digitalización y transmisión” de resultados desde los propios establecimientos de votación.
Miércoles, 29 de mayo de 2019
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