BORRADO Alentado por el oficialismo, Stornelli no se presentó ante Ramos Padilla  Ya fue citado cinco veces para que declare como imputado en la causa que investiga la banda de D’Alessio por espionaje ilegal.
El fiscal Carlos Stornelli incumplió a las 10 de la mañana la quinta convocatoria a prestar declaración indagatoria en el juzgado federal de Dolores. La ausencia fue anunciada por su abogado Roberto Ribas, quien justificó el incumplimiento alegando que el expediente que instruye Alejo Ramos Padilla es “una maniobra en contra de la causa de los cuadernos”. Un imputado puede considerar que un juez es parcial, incompetente o lo que fuera –de hecho hay miles de recusaciones, pero aún así debe presentarse ante la citación del magistrado–. Pero Stornelli, alentado por el apoyo del presidente Mauricio Macri, la protección del procurador Eduardo Casal y el calorcito del coro mediático, se siente con espaldas para no ponerse a derecho. En Comodoro Py hay mucha incomodidad con la rebeldía de Stornelli, un fiscal querido por muy pocos hoy en día en el edificio de Retiro. También hay un cuestionamiento al procurador Casal quien dispuso un margen de 60 días para completar un sumario para decretar si Stornelli comete una grave irregularidad al no presentarse ante el juez. Es algo que no requiere prueba alguna, de manera que no debería tardarse más de 48 horas para terminar ese sumario.
Jugarretas
En una resolución emitida hace una semana, el juez Alejo Ramos Padilla le pidió al Procurador la remoción de Stornelli como fiscal y el consecuente desafuero. No parece que el magistrado pueda hacer mucho más porque la Cámara de Mar del Plata le dejó en claro que el fiscal no puede ser detenido, tiene inmunidad de arresto. En principio enviar un patrullero a buscar a Stornelli es una alternativa que es facultad del magistrado, según sostienen varios constitucionalistas, entre ellos Andrés Gil Domínguez. Después, está claro que no puede dictarle la prisión preventiva. No obstante, Ramos Padilla no ha adherido a esa interpretación y seguramente piensa que la Cámara también tiene su enfoque.
Casal, como lo ha hecho desde que Stornelli está en rebeldía, juega el papel de dilatar. Ante la resolución de Ramos Padilla de pedir la destitución y el desafuero, puso en marcha una comisión para que instruya un sumario y resuelva en 60 días. O sea le extendió un cheque de dos meses para que siga rebelde. El procurador ni siquiera ordenó el jury de enjuiciamiento, que podría resolver la destitución de Stornelli y mucho menos hizo alguna declaración pública diciendo, aunque sea, que estaría bueno, que sería adecuado, que el fiscal se ponga a derecho. El único que salió a la cancha fue el integrante de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, quien dijo que cualquier funcionario judicial citado debía presentarse. Fue una clara alusión a Stornelli.
En Comodoro Py hay un evidente malestar con Casal y Stornelli. Se preguntan ¿cuál es la investigación de 60 días que hay que hacer para determinar si un fiscal está incurriendo en una grave falta al no presentarse por quinta vez ante un juez? “Es una cuestión de puro derecho. Aunque el magistrado sea bueno, malo o peor, es obvio que la ley dice que hay que presentaese a una indagatoria. No hay nada que amerite armar una comisión y luego otra comisión y luego un jury. Eso sólo demuestra que la voluntad es eludir lo que dice la ley. Son todas jugarretas, casi cargadas al juez”, señalan también en Dolores. Es sencillo recordar, por ejemplo, que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner recusó al juez Claudio Bonadio en casi todos los expedientes, por enemistad manifiesta y por incompetente. Sin embargo, llegó a presentarse a siete indagatorias en un solo día, convocada por ese mismo magistrado.
Maniobra
La coalición judicial–mediática–política alineada con Cambiemos se lanzó durante el fin de semana pasado a emitir escuchas ilegales en las que se percibe la voz de dos personas presas, Juan Pablo Schiavi y Roberto Baratta. Supuestamente los detenidos estaban al tanto de que se iba a presentar la denuncia contra el falso abogado Marcelo D’Alessio, entre otros delitos por operar ilegalmente con Stornelli. Las escuchas son del 18 y el 19 de enero, o sea diez días después de producida la extorsión, tras una reunión entre D’Alessio y Stornelli, en Pinamar, el 8 de enero. No hay delito alguno de quienes hablaban por teléfono ni se evidencia que hayan tenido poder de armar nada: el expediente de Dolores no se basa en dibujos sino en las pruebas de extorsión, coacción y armado de pruebas.
Incluso durante la semana que termina ahora, Alejo Ramos Padilla, sostuvo que Stornelli no es el centro del expediente sino que en Dolores se investiga una asociación ilícita paraestatal –se perciben vínculos con la Agencia Federal de Inteligencia y dos ministerios– dedicada al espionaje ilegal, las extorsiones y el armado de operaciones políticas y judiciales.
De todas maneras, Stornelli y su abogado usaron la maniobra de la difusión de los medios para esquivar la citación de este viernes. En un escrito burdo, de escaso nivel, argumentaron que se comprobó el armado de la causa de Dolores y adelantaron que el fiscal no concurriría. Es más, le pidieron a su juez aliado, Bonadio, que llame a indagatoria a los protagonistas de las escuchas Schiavi, Baratta, el ex embajador Eduardo Valdés y el ex funcionario Carlos Zelcovicz. En el texto ni siquiera pudieron detallar cuál fue el delito en el que incurrieron.
Es público que Valdés ni siquiera se refirió en el diálogo con Schiavi a la cuestión de Dolores, sino a una fallida operación en torno a la detención de un ex secretario de los Kirchner, Isidro Boudine. El oficialismo esperaba que Boudine declare como arrepentido y hasta hubo periodistas que hicieron diagnósticos dramáticos: “Es el final de Cristina”, escribieron. Lo cierto es que Boudine no se arrepintió y Valdés dijo por teléfono: “Stornelli puf, puf”, o sea que se pinchó la jugada anunciada y preparada del fiscal. Sin embargo, se utiliza aquella llamada como base de un complot y, ahora, para esquivar la citación de Stornelli en Dolores.
Poder
En la semana que termina se produjeron varias jugadas en las que Stornelli y su bloque de apoyo exhibieron poder. Por un lado, el fiscal apareció cerca del presidente Macri en el acto del Día del Ejército. Es cierto que Stornelli concurre todos los años, pero ahora está en rebeldía y acusado de numerosos delitos, entre ellos realizar espionaje ilegal hasta en perjuicio del ex marido de su actual pareja. “Fue algo protocolar”, argumentó Patricia Bullrich en relación a la presencia del fiscal en el palco. Desde la Casa Rosada podrían haber filtrado un off the record diciendo que el mandatario estaba molesto por el “error”, o algo así. Sin embargo, no lo hicieron. Stornelli es del riñón de Macri.
La otra demostración de poder se hizo en el Consejo de la Magistratura, cuando la mayoría le dió curso a las acusaciones contra Ramos Padilla referidas al supuesto complot armado en la cárcel. La base son esas escuchas ilegales a las que accedió Carrió porque le dejaron un sobre anónimo con las transcripciones. En el celular de D’Alessio hay rastros de que él mismo fue el que envió esas transcripciones. El Consejo pasó por encima de todas esas irregularidad y aceptó las denuncias contra el juez. Es cierto que no convocaron al magistrado a una especie de indagatoria sino que le pidieron un descargo. Pero en todo caso es una presión y una amenaza. Ramos Padilla estuvo el jueves en el Consejo y a la salida le dijo a C5N: “Estas acusaciones no tienen el menor fundamento”.
Bajo fuego
El clima en el juzgado de Dolores es de agobio e indignación. El uso de escuchas escandalosas, claramente ilegales, produce la sensación de que cualquier cosa vale contra el expediente que allí se instruye. Violan los secretos profesionales, la orden de destruir escuchas que no corresponden a una causa, la confidencialidad de diálogos entre los presos y quienes los llaman o visitan. “Se pone en cuestión el estado de derecho”, sostienen. Y, como frutilla del postre, el fiscal se mantiene en rebeldía sin que ninguna autoridad tome medidas reales, concretas. Stornelli cumplirá 66 días sin estar a derecho. Su problema es que no quiere ser procesado. Sabe que con las evidencias del expediente no podrá esquivar el procesamiento, pero en lugar de apelar a la Cámara y luego a la Casación, como cualquier mortal, eligió el camino de la fuga. La realidad es que buena parte del poder político-judicial-mediático le da cobijo o mira para otro lado.
Sábado, 1 de junio de 2019
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