EL TITULAR DE LA AFSCA, MARTIN SABBATELLA, CELEBRO EL FALLO Y HABLO DE LOS PASOS A SEGUIR La hora de poner en marcha la adecuación  Resaltó que los plazos de adecuación voluntaria están vencidos y que se dará continuidad a los procesos de aplicación.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia ratifica “totalmente” la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por lo que, a partir de ayer, “se aplica integralmente” todo el articulado de la norma, celebró el titular de la Autoridad Federal (Afsca), Martín Sabbatella, que destacó que “todos los plazos” de adecuación voluntaria a la cantidad de licencias establecida “se encuentran vencidos” según el fallo, por lo que de inmediato se decidió “dar continuidad a los procesos de aplicación” suspendidos en los tribunales. “Clarín va a tener las mismas condiciones, los mismos pasos y las mismas reglas que todo el mundo” respecto del cumplimiento de la ley, informó el funcionario en una conferencia de prensa, donde además garantizó “la prestación de los servicios y todas las fuentes de trabajo”. Se estima que, de no mediar complicaciones, la plena aplicación de la ley podría demorar entre seis meses y un año.
“La discusión acerca de la ley está agotada. No hay ninguna duda sobre su constitucionalidad y todos sus artículos fueron consolidados tal como fueron votados por el Congreso de la Nación manifestó Sabbatella. A partir de hoy se aplica integralmente la ley.” Para el titular de la autoridad de aplicación, “la resolución de la Corte ratifica cada uno de los planteos” que llevó a cabo el gobierno nacional durante los cuatro años que duró el pleito y confirmó que “ningún interés particular puede estar por encima de los derechos colectivos”. Además, dejó caer una crítica al máximo tribunal: “No hay dudas de que la Justicia tiene la facultad de revisar la constitucionalidad de una ley, pero es grave que demore cuatro años. No hay orden jurídico que resista esa demora”, señaló.
Este lunes tendrá lugar la próxima reunión de directorio de la Afsca, donde se tomará la decisión acerca de cuáles son los pasos a seguir respecto de la situación de Clarín, adonde se concentran los principales esfuerzos por tratarse del principal grupo de medios (sus más de 200 licencias incumplían incluso los límites anteriores a la sanción de la LSCA) y el más conflictivo en el cumplimiento de lo establecido por la norma. En ese sentido, se están evaluando dos vías de acción: lo más probable es que se decida continuar con la actuación iniciada de oficio ante la negativa de ese multimedio a adecuarse a la ley. En ese caso, los pasos a seguir son inventariar las licencias, hacer una tasación de su valor, seleccionar cuáles son aquellas de las que Clarín debe desprenderse, convocar y realizar los concursos y adjudicarlas finalmente a los nuevos dueños. En este caso, el actual titular no tendría opinión en ningún paso del proceso.
Pero hay una segunda alternativa, que gira en torno de la propuesta de adecuación realizada el año pasado por Fintech, socio de Cablevisión con el 40 por ciento de las acciones de esa empresa. Días antes del mentado 7D presentó un plan para que Clarín quedara dentro de lo establecido por la nueva ley. En su momento, esto fue desestimado porque no contaba con el aval de los directivos del grupo, pero en la Afsca estiman que, si en los próximos días manifestaran su voluntad de suscribir esa propuesta, podrían acceder al proceso de adecuación voluntaria a las nuevas condiciones. Se espera así un eventual (y poco probable, según estiman en el Gobierno) guiño del multimedio a someterse finalmente a la letra de la ley. De toda formas, aseguran fuentes de la autoridad de aplicación, este plan B está aún bajo estudio. “Si ambas opciones fueran viables, es potestad de la Afsca decidir por qué vía avanzar, y es una decisión política –explican–. Lo que si quedó claro desde ayer es que tiene que adecuarse.”
El Grupo Clarín, a través de un comunicado publicado en la web de su diario, insistió ayer con sus argumentos y advirtió que “analiza futuras derivaciones judiciales” (ver página 5). Sabbatella, en la conferencia de prensa, advirtió que para el Estado argentino la palabra de la Corte Suprema es definitiva y que una eventual apelación ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene efectos suspensivos sobre el fallo. Existe la eventualidad de que Clarín busque entorpecer, mediante cautelares o recursos de amparo, los pasos administrativos necesarios para el cumplimiento de la norma, pero en ese caso, advierten en el Gobierno, “debería actuar el Consejo de la Magistratura porque un juez que convalide esas maniobras estaría llevando a cabo un hecho casi delictivo” habida cuenta de la decisión de la Corte Suprema. En caso de que el multimedio se niegue lisa y llanamente a avanzar con la adecuación (como sucede actualmente con otros pasajes de la ley, como la grilla de canales), se dará curso a denuncias penales.
Más allá del caso Clarín, Sa-bbatella ratificó que “el conjunto de empresas del país deben cumplir las mismas condiciones” que establece la norma, pero aclaró que, con excepción de ese grupo, el resto ya ha presentado sus planes de adecuación voluntaria. Consultados por este diario acerca del status de esos trámites, en la Afsca aseguran que algunos ya fueron aprobados, otros desestimados, otros necesitan correcciones y hay algunos que aún no han sido tratados y se les dará un lugar en la reunión del próximo lunes. Los casos que implicaban a competidores directos de Clarín y habían sido puestos en suspenso por la Afsca –que consideraba que avanzar hubiera significado beneficiar directamente al grupo mientras éste se encontraba protegido por las cautelares– ahora serán reactivados. Los plazos de adecuación que llevará cada uno de estos trámites dependerá del número de licencias y de las particularidades de cada caso.
El funcionario garantizó que los procesos de transferencia no pondrán en riesgo ni el servicio que deben recibir lo usuarios ni los empleos de los trabajadores en las empresas involucradas. “Todo licenciatario tiene la obligación de mantener el servicio y de mantener las fuentes de trabajo hasta que llegue el nuevo licenciatario” y el Estado tiene “la responsabilidad de garantizar que eso suceda”, aseguró Sabbatella, que además afirmó que en los cuatro años que pasaron desde la aprobación de la LSCA, el cumplimiento de distintos pasajes de su articulado ya generó “100 mil puestos de trabajo entre directos e indirectos” a partir de la adjudicación de nuevas licencias y la producción de contenido nacional.
Por Nicolás Lantos.
Miércoles, 30 de octubre de 2013
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