LIBERTAD DE EXPRESIÓN Periodistas argentinos denunciaron ante la OEA intimidaciones y restricciones a la prensa  Magdalena Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Solá representaron a un grupo de periodistas en la audiencia que se realizó en Washington. Asistió también la embajadora ante la OEA Nilda Garré y otros dos funcionarios que defendieron la posición del gobierno. Los relatores de la CIDH indagaron sobre las reglas para la distribución de la publicidad oficial y las presiones sobre los anunciantes.
Dos de los periodistas más destacados de la Argentina, Magdalena Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Solá, en representación de un grupo de colegas denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) las presiones e intimidaciones que ejerce el gobierno nacional sobre la prensa. Ante la presencia de la embajadora Nilda Garré, que no habló, los funcionarios, uno de Cancillería y otro de la Jefatura de Gabinete, respondieron con evasivas y aseguraron que la audiencia no era “jurídicamente pertinente”. Aunque nada dijeron sobre la discrecionalidad de la distribución de la puta oficial o sobre el juicio público a los periodistas realizado en el 2009 en la Plaza de Mayo con el aval de la Casa Rosada ni de las campañas difamatorias con carteles, que se expusieron durante la audiencia que se realizó esta tarde en Washington.
Tras una breve presentación de la presidenta de la comisión, Tracy Robinson, en el salón Rubén Darío de la sede de la OEA en la calle F de Washington, el primer testimonio fue de Magdalena Ruiz Guiñazú. Comenzó explicando su labor como parte de la comisión de la verdad y la lucha por los derechos humanos para apuntalar su indignación ante lo que dijo fue una “parodia irregular” de juicio popular del 2009 en el que se la acusó “faltando a la verdad” de haber sido portavoz del ministerio de Economía durante la dictadura militar. Y recordó que esta misma comisión había destacado su labor en defensa de los derechos humanos.
Por su parte, Joaquín Morales Solá dijo que “el problema central es que el gobierno considera al periodismo como su único enemigo” y que sufrió personalmente “una campaña cruel” en que se lo vinculaba a la dictadura mostrando como única prueba una foto de 1975 (bajo un gobierno democrático) cuando había entrevistado como un joven reportero a un jefe militar en Tucumán. También denunció las difamaciones contra los periodistas Jorge Lanata y Jorge Fonteveccia, así como la campaña en contra de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, a quien acusaron durante años sin mayor fundamento de haberse apropiado de sus dos hijos. “Los dos presidentes Kirchner acusaron a la señora de Noble y a pesar de que se probó que todo eso era una mentira, nunca pidieron disculpas”, dijo Solá.
El columnista de La Nación y TN también denunció las presiones por parte del secretario de Comercio Guillermo Moreno a los supermercados para que dejen de publicitar en los diarios independientes. Un punto que fue reforzado por el representante de la Asociación por los Derechos Civiles de Argentina, que pidió una ley que regule la utilización de los fondos públicos en la publicidad gubernamental.
Javier Salgado, de la Cancillería, destacó “el compromiso del gobierno con los Derechos Humanos” y nombró una serie de resoluciones de la comisión en este sentido en favor de la Argentina desde 2003. En su momento, Magdalena Ruiz Guiñazú le replicó que los DD.HH. no tienen fecha y que no se puede olvidar la labor de la sociedad argentina en ese sentido desde la instauración de la democracia en 1983. Salgado continuó dando una larga lista de supuestas leyes en favor de la libertad de prensa y expresión en el país y terminó su alegato diciendo que “no se justifica de ninguna manera la convocatoria de esta comisión porque no estamos ante un escenario como el que plantean los convocantes”.
Después vino una serie de preguntas para las dos partes de los relatores de la comisión Catalina Botero, Rodrigo Escobar Gil y Rosa María Ortiz, pero tanto los denunciantes como los defensores prefirieron contestarse entre sí a las acusaciones. Y ante una afirmación del funcionario Juan Ross de la Jefatura de Gabinete, Morales Solá le respondió que “se está reemplazando la condena judicial por la pública y en ese caso prefiero la cárcel a la difamación sin sentido”.
Fuente: Clarín.
Sábado, 2 de noviembre de 2013
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