COMO OPERABA EL SISTEMA ORGANIZADO POR EL MACRISMO PARA HOSTIGAR A JUECES Y FISCALES Informe de un organismo dependiente de la Corte Suprema  En el marco de la causa por la llamada "mesa judicial" del gobierno de Macri, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (DAJuDeCO) relevó la serie de mensajes y expresiones públicas con que el propio expresidente y numerosos dirigentes del PRO, la UCR y sus aliados atacaron a funcionarios judiciales para apartarlos de sus cargos. Los casos de la exprocuradora Alejandra Gils Carbó y la camarista Ana María Figueroa.
Mauricio Macri empezó a exigir la renuncia de Alejandra Gils Carbó a la Procuración General desde un mes antes de ganar la segunda vuelta en 2015. Habló en 21 oportunidades de ella y la etiquetó como “militante”, “militante de un partido político” o simplemente “kirchnerista'. Además, la acusó de “no tener autoridad moral para ejercer el cargo” y de no combatir el delito. La información surge de un relevamiento sobre fuentes abiertas que hizo la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), que depende de la Corte Suprema, a pedido del fiscal federal Franco Picardi, quien investiga el accionar de la llamada “mesa judicial” del macrismo. Del informe se desprende que no hubo patrullas perdidas en el gobierno de Macri, sino una decisión de hacer foco en determinados funcionarios o funcionarias judiciales cuya salida se buscaba concretar. “Muestra el despliegue de una maniobra coordinada de hostigamiento público en el marco de la cual después florecían los aprietes privados a través de causas judiciales, pedidos de juicio político y operadores judiciales”, evaluó el abogado Alejandro Rúa, que patrocina a la exprocuradora general en el expediente.
El ataque a Gils Carbó
El 14 de agosto de 2015, cuando la victoria de Macri aún parecía una expresión de deseos, Laura Alonso tuiteó: “Nadie quiere echar a Gils Carbó o (al entonces titular del Banco Central Alejandro) Vanoli. Deben poner su renuncia a disposición del próximo presidente Mauricio Macri”. Quien después se convertiría en la titular de la Oficina Anticorrupción (OA) explicitaba uno de los primeros objetivos que persiguió Macri tras su llegada a la Casa Rosada.
Cuando declaró ante Picardi, Gils Carbó sostuvo que los pedidos para que dejara su cargo empezaron desde antes de que Macri ganara las elecciones y el informe de la DAJuDeCO viene a confirmarlo. El propio Macri lo reclamó en octubre de 2015. Patricia Bullrich incluso advirtió en Twitter el 8 de noviembre de 2015: “Los juicios políticos que ya tiene Gils Carbó van a prosperar si ella no comprende que su tiempo se termina”. Después, la entonces ministra de Seguridad y actual presidenta del PRO empezó a definir a la procuradora como una “patotera” o “la Milagro Sala de la Justicia”.
En consonancia, una de las patas de la entonces coalición Cambiemos, Elisa “Lilita” Carrió, dedicó doce tuits entre agosto de 2015 y diciembre de 2019 a Gils Carbó, a quien llamó “delincuente' y reclamó, desde abril de 2016, que fuera presa. Incluso, según el relevamiento de la oficina que depende de la Corte, Carrió llegó a denunciar a la jefa de los fiscales después de un ataque que sufrió Macri durante un acto en Mar del Plata. “Los jueces pueden perfectamente dictar la prisión preventiva de Gils Carbó”, posteó la líder de la Coalición Cívica.
Según la DAJuDeCO, el pico de las menciones de Macri, Carrió e incluso el diputado Pablo Tonelli --una de las espadas del PRO en materia judicial-- se dio en julio de 2017. La fecha coincide con la citación a indagatoria que cursó el juez federal Julián Ercolini por la compra del edificio de la calle Perón, donde Gils Carbó tenía su oficina. El entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, focalizó sus referencias en la procuradora en octubre de 2017. El 30 de ese mes, Gils Carbó renunció al cargo al que había llegado en 2012 --con el acuerdo del Senado-- y que, desde entonces, ocupa Eduardo Casal.
No fueron ellos los únicos que hablaron de Gils Carbó. Por el contrario, la DAJuDeCO rastreó declaraciones de referentes radicales como Ernesto Sanz o Mario Negri, de Margarita Stolbizer, de Graciela Ocaña, de Guillermo Lipera, del Colegio de Abogados de la calle Montevideo que promovió causas contra la procuradora en sintonía con los intereses del gobierno de Macri, del exjefe de Gabinete Marcos Peña y de ministros como Rogelio Frigerio y Guillermo Dietrich.
“El informe no es una imputación delictiva”, resalta Rúa. “Deja en evidencia que existió una persecución y que esa persecución se dio en el espacio público. La campaña contra Gils Carbó fue constante hasta que la derribaron. Esa campaña, que incluyó la amenaza de que sus hijas o ella fueran presas, cesó cuando Gils Carbó renunció”, añadió.
En el macrismo, describieron el informe como "disparatado, nulo y violatorio de la libertad de expresión" y deslizaron que los imputados harán planteos para intentar anular el trabajo de la DAJuDeCO.
El asedio a Figueroa
El informe de la DAJuDeCO, de 326 páginas, se centra en el caso de Gils Carbó y en el de la integrante de la Cámara Federal de Casación Ana María Figueroa. La camarista fue la primera en denunciar los aprietes de funcionarios como Juan Mahiques (actual fiscal general de CABA), especialmente vinculados a la causa del Memorándum con Irán, lo que dio pie a la denuncia sobre la “mesa judicial”.
Durante 2016, la DAJuDeCO detectó menciones a Figueroa no sólo por parte de Macri o funcionarios de Cambiemos sino también por parte de su colega de la Cámara Federal de Casación, Juan Carlos Gemignani. En simultáneo, en los medios se publicaban pedidos de juicio político contra la camarista, a la que se describía como “kirchnerista” o “una jueza K en Casación”. En el caso de Figueroa, el propio Macri también hizo saber su molestia porque no había votado en igual sentido que sus colegas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky en diciembre de 2016 por la reapertura de la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner y el excanciller Héctor Timerman, entre otros, que acaba de caerse por decisión del Tribunal Oral Federal 8.
La hipótesis que guía la investigación que la jueza María Eugenia Capuchetti delegó en Picardi es que existía una coordinación desde las más altas esferas de Cambiemos para remover a los jueces, juezas o fiscales que se pronunciaban en contra de los intereses de Macri o sus aliados. Según correos electrónicos que fueron encontrados por Cristina Caamaño en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la “mesa judicial” solía reunirse en la Casa Rosada. Entre otros, participaban Gustavo Arribas o Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, a quien el fiscal Gabriel de Vedia mencionó como quien le hizo llegar la advertencia de que, si Gils Carbó no dejaba su cargo, la meterían presa junto con sus dos hijas.
La fiscalía de Picardi pidió otros análisis sobre las declaraciones públicas de referentes del macrismo en referencia a otros magistrados y magistradas. Según pudo saber Página/12, la DAJuDeCo trabaja ahora en un informe sobre los casos del juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla --convertido en eje de acoso del macrismo a partir de su investigación sobre el espionaje--, el camarista Eduardo Farah --que pidió su traslado de los tribunales de Comodoro Py después de votar por el fin de la prisión de los dueños del Grupo Indalo-- y del excamarista Eduardo Freiler, cuyo juicio político se motorizó mientras un consejero estaba demorado en la Corte. Para más adelante, quedarán los relevamientos sobre los jueces y las juezas del fuero laboral, apuntados en especial por Macri por la defensa de los intereses de los trabajadores.
Miércoles, 10 de noviembre de 2021
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