UN INFIERNO POSIBLE La Corte avanza en forma temeraria e irresponsable sobre la división de poderes  Dice la sabiduría popular que el camino al infierno esta tapizado de buenas intenciones.
Cuando leí una nota en Infobae en la que se informaba que «Ricardo Lorenzetti propuso la creación de una agencia federal permanente contra el narcotráfico», tuve un gran déjà vu. «El juez de la Corte Suprema —anunciaba el artículo— impulsa un nuevo órgano que agrupe a gobiernos, policías, jueces y otros sectores vinculados a la lucha contra las bandas de crimen organizado que operan en la Argentina. Hoy será uno de los expositores de un encuentro de magistrados en Rosario» [1].
Leyendo la nota me crucé con una parte de la entrevista que me llamó poderosamente la atención. Allí le preguntaban a Lorenzetti si, a su juicio, la cuestión del narcotráfico estaba siendo correctamente abordada desde el Estado. A lo que el juez respondió:
«En el año 2009, la Corte dictó el fallo Arriola. Los jueces que integrábamos el tribunal en aquel entonces (Petracchi, Fayt, Zaffaroni, Maqueda, Argibay y yo) éramos personas muy diferentes, pero todos coincidíamos en que era necesario que hubiera una política de Estado contra el narcotráfico. Pasó más de una década y no se hizo nada, con lo cual el problema se agravó. El narcotráfico entró en una segunda fase. Se habla no sólo de consumo y distribución, sino de sicarios, homicidios, lavado de dinero, extorsiones, comerciantes presionados, secuestros extorsivos… Entonces, es necesario reaccionar. Además, hay una tragedia personal porque hay mucha gente que sufrió homicidios, chicos que caen en la adicción; hay una tragedia social porque la gente vive con miedo acá en Rosario y en muchos lugares del país; y hay una tragedia institucional que es la ineficacia generalizada que genera una rechazo muy fuerte, un enojo social».
«Frente a eso —continuó—, nosotros hacemos dos cosas: una es apoyar al Poder Judicial federal y provincial. Y lo segundo, que es mi tarea específica porque yo coordino la comisión de lucha contra el narcotráfico, es plantear un modelo. ¿Qué significa eso? Hasta ahora estos temas se tratan por partes, eso significa que nadie puede. Porque el intendente, el gobernador, la Nación, la Policía local, la Policía Federal y los jueces dicen ‘yo no puedo’. Cada parte dice «no puedo» y le echa la culpa al otro o al anterior. Eso es un modelo que no va más. Lo que hay que hacer es cambiar el modelo».
Me resultó familiar lo que se decía en esta entrevista, porque recordé una acordada de la Corte Suprema del año 2015, bajo el número 28/15. Esa acordada determinó la creación en el ámbito del Máximo Tribunal de una Comisión judicial para la lucha contra el narcotráfico, integrada por jueces federales de distintas regiones y representantes de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS).
En la entrevista añade: «Hoy se pueden poner drones que identifiquen la circulación, los puntos de venta de drogas, se pueden hacer análisis de la AFIP y de la UIF acerca de los circuitos económicos del delito, se puede hacer un análisis de inmigración y de aduanas sobre cómo circulan. Entonces, todo eso requiere una coordinación y permanencia. Si no, hacen algo hoy, nos vamos todos y mañana vuelven».
—Eso implica que no hay coordinación en la lucha contra el narcotráfico —le sugieren entonces.
«No, no la hay», responde Lorenzetti. «Y después, el Poder Judicial Federal en esta región está casi vacío. No hay jueces, hace 40 años que no se crea un Juzgado, y por el otro lado estamos discutiendo hace años si va a haber un sistema acusatorio o no en la provincia de Santa Fe. Entonces, sí hay un sistema acusatorio pero no hay fiscales. Por eso lo hemos invitado al procurador Casal. No hay fiscales federales. La Justicia provincial se está haciendo cargo de la situación con todo lo que puede pero hace falta completar los cargos de la Justicia Federal. Hacen falta más fiscales federales, tecnología. Hace falta de todo. Entonces, eso requiere una coordinación y esa coordinación debe ser permanente. Por eso les proponemos que creen una agencia, un grupo de trabajo permanente donde se reúnan todos los meses o cada 15 días representantes del Gobierno local, provincial, la UIF, la AFIP, Puertos, Justicia Federal, Justicia Provincial, fiscales, es enfocado en la lucha contra el narcotráfico». (Esto último está escrito con los pies, pero es textual.)
En pocas palabras, lo que propone Lorenzetti es que el Poder Judicial asuma funciones de gestor en temas que debe luego juzgar. Con el fallo del Consejo de la Magistratura ya asumió funciones de legislador y, no conforme con eso, ahora quiere asumir funciones del Poder Ejecutivo. Porque de más está decir que, de acuerdo con la propuesta de la comisión que se presentó en Rosario, la Corte avanza en forma temeraria e irresponsable sobre la división de poderes.
A decir verdad, cuando se trasladaron funciones del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, el fracaso fue mayúsculo. Digo esto y pienso automáticamente en la oficina de escuchas, conocida hoy como DAJUDECO, que no es más que la oficina que se encarga —entre otras cosas— de las captaciones telefónicas. Antes de que la administrara la Corte Suprema, la administraba la Secretaría de Inteligencia. Luego pasó a depender por un breve periodo del Ministerio Público Fiscal y, con la llegada de Macri al poder, fue trasladada por Decreto de Necesidad y Urgencia a la Corte Suprema.
Decir que con la gestión de la Corte la oficina de escuchas tuvo un funcionamiento deplorable es ser generoso. Escuchas ilegales sin control, difusión publica de escuchas y un nulo sistema de control son algunas de las maravillas con que nos deleitó la Corte Suprema como administradora /gestora de las escuchas telefónicas.
Pero parece que al Poder Judicial la historia de un papelonero fracaso como la gestión de las escuchas no le quita las ganas de gestionar la lucha contra el narcotráfico.
Tampoco parece haberle quitado las ganas de cuestionar la gestión de organismos del Poder Ejecutivo, tales como el propio Ministerio de Justicia. En los mismos días en que un juez de la Corte proponía la creación de esta comisión, el mismo magistrado decía públicamente que «no vemos ninguna gestión» del Ministerio de Justicia. Y añadía: «No tenemos ninguna propuesta del Ministerio para tratar, de diálogo o de modificaciones legislativas».
Me da cierto pudor tener que recordarle al señor ministro de la Corte que las modificaciones legislativas son tarea del Congreso, no de la Corte Suprema. Que el diálogo debe ser de cara a la sociedad y no a escondidas, como lo fue durante los años macristas, y que la misión primordial de la Corte es gestionar que se resuelvan en tiempo y forma los temas sometidos al Poder Judicial. Digo, porque demorar casi 16 años en declarar una inconstitucionalidad no parece un ejemplo de gestión exitosa, ¿no?
Escribo lo anterior y recuerdo una vieja nota de Horacio Verbitsky [2] en la que se señala, a propósito de la Comisión creada por la Corte Suprema en el año 2015, que «mientras la Corte Suprema de Justicia convocaba a una Comisión Judicial para la Lucha contra el Narcotráfico, la Policía de Seguridad Aeroportuaria allanaba el juzgado federal de San Ramón de la Nueva Orán y secuestraba expedientes que probarían la existencia de una asociación ilícita que tarifaba la protección a narcotraficantes. Su titular, Raúl Juan Reynoso, fue el asesor de la Corte Suprema para el establecimiento de aquella comisión, y el miércoles deberá formular su descargo en la declaración indagatoria a la que fue citado por su colega de Salta, Julio Leonardo Bavio».
Porque la historia tiende dramáticamente a repetirse, tanto como se repiten estas iniciativas absurdas e inconstitucionales como lo es la de poner en manos del Poder Judicial las políticas de lucha contra el narcotráfico.
La comisión del año 2015 fue creada dos días después de la primera vuelta electoral de aquel año, en la cual empezaba a vislumbrarse la división del peronismo.
Y yo me pregunto con toda honestidad: la renacida Comisión que ahora proponen, ¿es una toma de posición política de la Corte? ¿Un guiño a los sectores no peronistas ante el eventual triunfo de esos sectores? ¿O un patético intento de lavada de cara frente al poder permanente, ese que no es elegido democráticamente, pero decide y mucho en es este país?
La respuesta no la tengo, pero sí tengo una certeza. Mi nona Irma solía repetir: «Dime de qué hablas y te diré de qué careces». Y señalo, la voluntad explicitada de luchar contra el narcotráfico es algo en lo que estamos de acuerdo todos. En lo que no estamos de acuerdo es que esa voluntad sea explicitada sólo para justificar violaciones a la Constitución y a la esfera de competencias que esa Constitución realiza entre los poderes del Estado. Porque, señores, en mi mundo de abogados, ese es uno de los infiernos posibles.
Por Graciana Peñafort
Martes, 17 de mayo de 2022
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