Nacionales Tras la huella de la pata política del atentado contra Cristina Kirchner ![](../galeria/852479-10-a-20-282-29fsd.jpg) La representación de la expresidenta insiste con el pedido de abrir los celulares de Milman.
La querella puso la lupa sobre la maniobra confesada por una de las asistentes del exdiputado en la que se borró información de la flota de teléfonos. Forma parte del tramo del expediente que quedó abierto en primera instancia y que no fue elevado para formar parte del juicio oral que comenzó la semana pasada.
La querella de Cristina Fernández de Kirchner reclamó ante la jueza María Eugenia Capuchetti que se investigue la maniobra para borrar los celulares de las dos colaboradoras del diputado del PRO Gerardo Milman (y no se descarta que el suyo también) que estaban presentes en el momento en que un testigo lo escuchó decir en el bar Casablanca "cuando la maten yo estoy camino a la costa", dos días antes del atentado a la expresidenta. El planteo se debe a que la fiscalía se negó a llevar adelante las medidas para corroborar el relato de una de las mujeres, Ivana Bohdziewicz, quien declaró bajo juramento (ya hace más de un año) que hubo una reunión en una oficina de Patricia Bullrich para hacer desaparecer el contenido de los teléfonos en plena investigación del intento de magnicidio, cuando los abogados de CFK habían pedido que fueran secuestrados. El perito que se habría encargado de la tarea fue nombrado por la actual ministra de Seguridad como director de Tecnología.
La pata política Esto ocurre en un tramo del expediente del intento de matar a la entonces vicepresidenta, que quedó abierto en primera instancia, es decir, que no fue elevado para formar parte del juicio oral que comenzó la semana pasada contra los tres acusados de la autoría material (Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo) y que continuará este miércoles. Se trata, nada menos, que de un ángulo de la causa en el que aparecían líneas de investigación que podían vincular el caso con la política, o que podían ayudar a analizar quién estuvo detrás y/o vincular alguna pista de financiamiento. Pero al cerrar la investigación sobre el hecho en sí el juzgado afirmó que no tenía probado nada de eso.
La propia Capuchetti había rechazado y demorado medidas claves, como secuestrar los celulares de las colaboradoras de Milman. La querella lo pidió el 26 de octubre de 2022, cuando las mujeres declararon como testigos y entraron en contradicciones, pero Capuchetti recién lo hizo en diciembre, después que se lo ordenó la Cámara Federal. En ese momento, al entregar su teléfono, Bohdziewcz confesó que lo había hecho borrar con la justificación de que quería preservar su intimidad. Su compañera, Carolina Gómez Mónaco, aclaró que había cambiado de aparato. El 5 de mayo de 2023 la primera reveló en una declaración testimonial que Gómez Mónaco la había llevado a una oficina de la actual ministra Bullrich en avenida de Mayo 953 en el tercer piso donde esperaban Milman y un perito, que borró el celular de ella, "manipuló" el del diputado y recomendó a la otra joven ir a comprar un Iphone nuevo y cambiar la clave para evitar el acceso a su información. Milman era mano derecha de la entonces presidenta del PRO y había sido su número dos en la cartera de Seguridad durante el ,macrismo.
"La realización de una reunión para borrar prueba ante la posibilidad de que se secuestren dispositivos en esta causa, convocada por Milman, sería un elemento de convicción obviamente relevante para presumir un posible involucramiento de este último en el atentado. ¿Por qué, si no, estaba tan preocupado Milman por borrar no sólo su teléfono sino también los de sus asesoras?", plantea el recurso presentado por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal. Si es rechazado por la jueza, los letrados recurrirán ante la Cámara Federal que, en este tema, ya varias veces le ordenaron hacer medidas que negaba o postergaba para avanzar en la llamada "pista Milman", como el secuestro de los dispositivos de sus protagonistas.
La verdad en riesgo
El dictamen que firmó el fiscal Carlos Rívolo la semana pasada le dice "no ha lugar" por ahora al pedido de la querella de investigar el encuentro relatado por la secretaria de Milman. Sus razones para no avanzar son paradójicas: primero, argumenta que no se halló información relevante para la investigación en los celulares de las mujeres, algo que es obvio porque precisamente fueron borrados; segundo, plantea que hay que esperar los resultados del peritaje de un celular entregado por Milman en un gesto de supuesta buena voluntad. Sin embargo, el propio fiscal había advertido --recuerdan los abogados-- que se trata de un modelo Iphone 14 Pro Max que salió al mercado con posterioridad al atentado, que el legislador no entregó la clave, incluso lo empezó a usarlo dos meses después del ataque, ocultó que tenía otras líneas y --de todos modos-- no hay tecnología disponible en el país para extraer la información que contenga. La fiscalía también dijo que hay que esperar el análisis de un aparato de la otra secretaria, Carolina Gómez Mónaco, de las mismas características.
Los domicilios de Milman nunca fueron allanados ni otros celulares o aparatos secuestrados pese a que lo dispuso la Cámara Federal y lo avaló la de Diputados.
"Si lo denunciado es que se borraron los celulares, no puede supeditarse la comprobación de este hecho a encontrar información en esos celulares", dice la presentación judicial. Agrega que "esperar a lo que surge de un celular que fue entregado para dilatar lo que debería haber sido un secuestro de dispositivos electrónicos, y que se sabe con certeza que es posterior al delito investigado, carece de sentido. Lo mismo para con el teléfono de Gómez Mónaco...". Recuerda que tampoco es cierto que no hubiera elementos de ningún tipo, ya que --por ejemplo-- del celular de Bohdziewicz se recuperaron algunos mensajes como uno donde decía al grupo de trabajo del despacho de Milman, antes de la reunión en Casablanca: "Chicas, borren todo lo del chat, mis fotos y demás, de la oficina, plis, por las dudas". Y algo hallado de Gómez Mónaco, que aludiría a la pareja de Milman: "bloquear que Florencia se meta, que no se la intervenga, por eso, hay que emprolijarla".
Entre las medidas que había pedido la querella y que el fiscal negó figuran la búsqueda de imágenes de un bar "Tienda Café" donde Bohdziewicz dijo que se juntó con Gómez Mónaco antes de ir a la oficina de Bullrich, las cámaras del edificio y ese inmueble, quién es su propietario, un allanamiento a ese lugar, qué peritos trabajan para Bullrich y Milman, identificar al perito que se ocupó del borrado y asesoramiento y al abogado que los apuntaló y rastrear comunicaciones entre ellos, Milman, las secretarias y los acusados por el intento de magnicidio. Nada admitió la fiscalía. De mínima, el testimonio de Bohdziewicz había sido coherente con lo que ella misma dijo al entregar su aparato al juzgado.
Pero es curiosa la lógica en este expediente. Cuando Jorge Abello, asesor en el Congreso, testificó que había escuchado a Milman decir "cuando la maten yo estoy camino a la costa", la jueza aceptó mandar a otro juzgado una denuncia del diputado por falso testimonio, por lo que hay una causa abierta. La primera vez que la magistrada analizó las cámaras de Casablanca y alrededores les dijo a los abogados de CFK que no había visto nada relevante. Después ellos le mostraron que, en efecto, como decía el testigo, Milman había estado ahí con dos mujeres, por la tarde, y que al día siguiente se fue a Pinamar. Después fue el atentado. Milman, además, venía pidiendo en llamativos proyectos en Diputados, información de sobre la custodia de la expresidenta.
"Nos vemos obligados a recordar, porque parece que muchas veces se olvida, que se gatilló una pistola en el rostro de una dos veces presidenta de la Nación. En este contexto, una testigo denuncia un encubrimiento que es del todo relevante para estas actuaciones y no se toma una sola medida para saber qué pasó. Este tipo de actitudes no sólo consagran la impunidad, sino que dan el mensaje de que nada importa y que puede hacerse cualquier cosa sin que el Poder Judicial reaccione", plantea la querella. "Motivos como los brindados por el fiscal para rechazar las medidas que propusimos --cuestiona-- son la ilustración más cabal de este estado de cosas. La demora en producir estas medidas pone en riesgo saber la verdad: entre otras cosas, con el tiempo, las cámaras de los lugares pueden perderse, más celulares pueden borrarse, los testigos pueden ser otra vez presionados. Por esto, se configura la situación en la que, ante el riesgo de perder pruebas elementales para una investigación, debe intervenirse y corregirse lo hecho por la instrucción".
Miércoles, 3 de julio de 2024
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