EL AVANCE DEL GOBIERNO SOBRE LA JUSTICIA El Gobierno se apuró a nombrar conjueces en un tribunal clave  Sus nombramientos se publicaron ayer en el Boletín Oficial, con vistas a cercanos juicios por corrupción. Se trata de la Cámara Nacional de Casación Penal. Allí tiene ahora diez abogados en las listas de suplentes.
Una lista hecha casi a medida. Un ex abogado de Amado Boudou. Otro de Julio De Vido y varios con fuertes vínculos con el ministro de Justicia Julio Alak. También letrados allegados a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Los diez conjueces designados para la Cámara de Casación Penal, que ayer oficializó el Gobierno en el Boletín Oficial tras haber sido convalidados en diciembre por el kirchnerismo en el Senado, tienen un estrecho lazo con el universo K. Intervendrán en el máximo tribunal penal del país y clave desde el aspecto político, ya que decide sobre causas que involucran a funcionarios públicos.
El nombre más cuestionado por la oposición es el de Martín Magram, quien en 2010 defendió a Amado Boudou en una causa por tener un auto con papeles falsos. Paradójicamente, como subrogante, ahora podría intervenir en la causa Ciccone, en la que está imputado el vicepresidente. Magram también trabajó con Jacobo Grossman, muy cercano al juez de la Corte Raúl Zaffaroni y fue el patrocinante de Rodolfo Stefanon, el empleado de Presidencia que denunció que le robaron dinero para una gira de Cristina por Medio Oriente (Ver página 6).
Otro de los designados que genera mucha resistencia es Marcelo Buigo, quien integra la agrupación K Justicia Legítima que responde a la procuradora Alejandra Gils Carbó y patrocinó al ministro de Planificación Federal Julio De Vido en una querella contra la diputada Elisa Carrió.
En la confección de la lista también tuvo injerencia el ministro de Justicia Julio Alak. Desde su cartera, desembarcó Norberto Federico Frontini, asesor de la Subsecretaría de Política Criminal de la Secretaría de Justicia. Al igual que Nicolás D’Albora, asesor en juicio de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral de ese ministerio.
Eduardo Barcesat es otro con fuertes lazos con el kirchnerismo.
Asesoró a legisladores K en la reforma del Código Civil y patrocina a las Madres de Plaza de Mayo y a su titular, Hebe de Bonafini.
Cercano a Barcesat y a Bonafini, el constitucionalista Roberto Boico también se ganó un lugar entre los elegidos. Férreo defensor de la ley de medios y autor de elogiosas columnas hacia el Gobierno en medios afines al oficialismo, Boico además supo cuestionar públicamente a dirigentes de la oposición. Como en junio pasado, cuando en plena campaña electoral salió al cruce de Sergio Massa luego de que el líder del Frente Renovador firmó ante escribano su compromiso de no avalar la reforma de la Constitución.
Alan Iud es el más joven de los letrados designados. Con apenas 32 años y menos de ocho años de recibido, tiene una estrecha relación con Estela de Carlotto y, como representante legal de Abuelas de Plaza de Mayo, patrocinó a la entidad en la causa que se investigó la identidad de los hijos de Ernestina Herrera de Noble, directora de Clarín. Sus vínculos con el kirchnerismo no se quedan ahí: también es integrante de la fracción camporista en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF).
En la lista también figura Carlos Cruz, defensor de Felisa Miceli en la causa por la bolsa de dinero que se le encontró en 2007 en el baño de su despacho del Ministerio de Economía y por la que finalmente fue condenada a cuatro años de prisión.
Completan la nómina Gustavo Ferreyra y Claudio Marcelo Vázquez, dos acérrimos defensores de la reforma judicial impulsada por el Gobierno el año pasado. De buena relación con Zaffaroni, Ferreyra, también es impulsado por el kirchnerismo como conjuez de la Corte Suprema. Considerado de “extrema confianza” por los K, Vázquez fue incluido en las listas para subrogar en otros tres tribunales, que serían aprobadas el mes que viene, en la reanudación de las sesiones extraordinarias.
Si bien fue sancionada en 2008, la Ley de Subrogancias, que habilita a nombrar abogados como conjueces cuando se abre una vacante, el Gobierno le dio impulso recién cuatro años después, cuando envió la primera lista: fue para la Cámara Federal Civil y Comercial que trataba la impugnación de Clarín a la ley de medios. Y en mayo del año pasado, en medio de las denuncias por lavado de dinero contra Lázaro Báez, la Casa Rosada envió otra cuestionada nómina para la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que revisa los fallos de Santa Cruz, donde radican causas contra el empresario amigo de los Kirchner.
Fuente: Clarín.
Sábado, 11 de enero de 2014
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