POLITICA Intiman a Macri  La justicia ordenó a la Ciudad a brindar documentación de su convenio con tres empresas que limpian los hospitales Piñero y Durand. El sindicato de obreros de maestranza denunció al gobierno porteño por negarle esa información. Un proveedor es investigado por fraude y posibles sobreprecios luego de saberse que sólo tiene un empleado declarado. Un juez de la Capital Federal emplazó al gobierno porteño a que en diez días suministre al sindicato y la obra social de Obreros de Maestranza (SOM) toda la documentación vinculada con la contratación de un habitual proveedor de servicios a la administración de Mauricio Macri, en este caso vinculada con la limpieza y mantenimiento de los hospitales Piñero, ubicado en el barrio de Flores, y Durand en Caballito.
Se trata de una causa conexa con la denuncia penal que formuló SOM sobre supuestas irregularidades en la contratación de la empresa Mantelectric Icisa - Riva SAIICFA - Lescko S.A. (UTE). Tal como informó Tiempo Argentino en su edición del 17 de febrero último, el sindicato detectó que, pese a los trabajos que tiene asignados en los hospitales, en septiembre de 2013 Mantelectric "tenía declarado tan solo un trabajador de maestranza".
En ese contexto, "una determinación de deuda de oficio de cuota sindical, contribuciones extraordinarias y otras contribuciones correspondiente al período que dicha empresa lleva prestando servicios en los hospitales", arrojó como resultado la suma de más 5.669.758,52 de pesos. Y, además, como la empresa terceriza el servicio, el sindicato denunció un gigantesco sobreprecio pagado por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Como parte de la investigación particular que inició el sindicato en defensa de los intereses de sus afiliados, el apoderado Horacio Ferro Méndez pidió el 30 de octubre de 2013 el expediente completo que derivó en la contratación de Mantelectric para las tareas en ambos hospitales. Como a su entender "el requerimiento no fue respondido", inició el reclamo por la vía judicial. Y el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Víctor Rodolfo Trionfetti le dio la razón.
Según documentación a la que tuvo acceso este diario, a finales del año pasado los abogados del gobierno porteño, Nicolás Alberto Caballero y Graciela Bordetas, anunciaron que el expediente de la contratación estaría disponible para su consulta. Pero la representación de los obreros de maestranza denunció que la información suministrada "carece de los datos oportunamente solicitados".
El juez coincidió en que "se han plasmado digitalmente sólo las nóminas de empleados de dos nosocomios y con relación a unos pocos meses, y centenares de notas de crédito, resoluciones, contratos, actas y planillas que no permiten dilucidar cuál es concretamente el monto abonado por mes en concepto de limpieza".
Ese es el meollo de la cuestión. En la causa penal, que tramita ante el juez de Instrucción Guillermo Carvajal, con intervención del fiscal Eduardo Cubría, la Obra Social del Personal de Maestranza y el SOM denunciaron a "Carlos Alberto Pérez San Martín, Enrique Bernabé Senra y Eduardo Romero Oneto, como representantes de Mantelectric, y los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que intervinieron o participaron en las Licitaciones Públicas Nº 20/05 y Nº 580/05 por el delito de administración fraudulenta agravado por ser cometido en perjuicio de la administración pública local".
De acuerdo con la denuncia, Mantelectric "subcontrató el servicio de limpieza por aproximadamente el 50 / 60 por ciento del valor percibido por dicho concepto de la comuna. Así, por ejemplo, en el Hospital Durand, al comenzar el contrato, en el mes de septiembre del año 2007, mientras que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pagó la suma de 344.820,15 (pesos) mensuales exclusivamente por el servicio de limpieza, la mencionada UTE subcontrató la totalidad de dichos servicios a Laredo por 222.906,20 pesos.
También en el Hospital Piñero se verificó, desde el principio del contrato, una gravosa asimetría. Así, en el mes de julio del año 2007 mientras que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habría pagado 350.703,47 pesos mensuales por el servicio de limpieza, la mencionada UTE subcontrató la totalidad de dicho servicio a Laredo por 201.235,10 pesos".
El desfase, de acuerdo con la presentación judicial, se mantuvo en el tiempo, aunque con incrementos de precios. Eso es lo que buscaba establecer de manera fehaciente, con la documentación oficial que consta en los expedientes de la administración porteña. "Cabe concluir que no se permitió el acceso a la totalidad de la información específicamente requerida", determinó el juez Trionfetti.
La Ley porteña 104 establece el derecho de "toda persona a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna" sobre asuntos que involucren a la administración pública. La Ciudad "debe evacuar la consulta en un plazo no mayor a diez días hábiles, prorrogables excepcionalmente por otro término igual". Si la demanda de información "no se hubiera satisfecho o si la respuesta hubiere sido ambigua o parcial, se considera que existe negativa en brindarla".
Para el juez, la respuesta del gobierno porteño al pedido de los obreros de maestranza "ha sido parcial", pues "se han consignado un sinfín de datos que no permiten tener por satisfecha la requisitoria".
El caso de las morgues porteñas
La administración macrista ya fue denunciada por graves irregularidades en el área de salud el año pasado. Como dio a conocer Tiempo Argentino en agosto del 2001, en las morgues de seis hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires la justicia no pudo hallar más de 200 cuerpos, la mayoría de ellos de bebés.
La cifra, impactante, fue informada por el juez porteño Andrés Gallardo, titular del Juzgado de Primera Instancia N°2, quien estuvo a cargo de la investigación hasta que fue recusado por el gobierno de Mauricio Macri, a través de la Procuración General de la Ciudad.
Hasta que fue apartado, Gallardo no sólo investigó el faltante de los cuerpos, sino que llegó a denunciar penalmente al jefe de gobierno, a su ministra de Salud, Graciela Reybaud; al procurador Marcelo Conte Grand y a los directores de los Hospitales Durand, Ramos Mejía, Rivadavia, Muñiz, Piñeiro y Santojanni.
El 2 de agosto del año pasado, en una serie de operativos simultáneos, el magistrado encabezó el allanamiento de los 22 hospitales porteños que cuentan con depósitos de cuerpos, además de la Procuración General porteña y la Dirección de Cementerios.
En el juzgado llegaron a analizar la información de seis de los hospitales allanados, de donde surgió el faltante de cientos de cadáveres, siempre según los propios registros de las instituciones de salud. Pero la recusación a Gallardo suspendió la causa hasta que haya una decisión de la Cámara de apelaciones, algo que todavía no ocurrió.
En esas seis morgues, los investigadores llegaron a la cruda cifra de 216 cuerpos que ingresaron a los depósitos y que, de acuerdo a la información recabada, nunca salieron para ser enterrados.
"Lejos de iniciar sumarios administrativos y separar preventivamente a los funcionarios involucrados, (el gobierno porteño) arremete contra el Poder Judicial y sostiene la impunidad", se quejó en ese momento el magistrado.
Al momen.to de recusarlo, el macrismo también había denunciado penalmente al juez por supuesto abuso de autoridad. Días atrás, la justicia nacional en lo Correccional lo sobreseyó, considerando que actuó dentro de las atribuciones que le confiere la ley. Es más, en el fallo, el juez Luis Alberto Schelgel se mostró sorprendido de que el PRO, en lugar de ponerse al frente de la investigación, decidiera acusar a Gallardo.
Mantelectric
Servicios. Es una de las grandes contratistas de la Ciudad. Además de limpiar el Piñero y el Durand, opera alumbrado público, arbolado, espacios verdes y sumideros.
Fuente: Infonews.
Lunes, 10 de marzo de 2014
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