PROCESAN A MENEM Y CAVALLO El motivo: la venta del predio de la Rural  La Justicia les imputa haberlo cedido "a precio vil" por considerarlo un terreno baldío.
La Cámara Federal porteña procesó ayer al actual senador Carlos Menem por haber vendido, mientras era presidente, el Predio Ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina, a un "precio vil" y violando los procedimientos legales que debieron haberse seguido.
Confirmó además el procesamiento del entonces ministro Domingo Cavallo y de otros once acusados, y le pidió al juez de la causa, Sergio Torres, que comenzara "a transitar las fases necesarias para evaluar la elevación a juicio" de este expediente.
La venta que se cuestiona se celebró hace 22 años. El 20 de diciembre de 1991 Menem y Cavallo firmaron el decreto que la autorizaba y, el mismo día, se celebró el boleto de compraventa por US$ 30 millones. La Cámara advirtió en su fallo de ayer que las tasaciones que se realizaron entonces consideraron el terreno como "baldío" y que una valuación oficial que hizo el Cuerpo de Peritos Tasadores concluyó que al momento de la operación "el valor piso que correspondía asignar a los terrenos era de $ 131.800.000".
Ésta fue impulsada primero por el fiscal José María Campagnoli y, después, por su par de la justicia federal Carlos Stornelli. Tanto tiempo transcurrió desde los hechos que la Cámara de Casación, máximo tribunal penal, había sostenido que el caso estaba prscripto por "violación del plazo razonable", pero el 4 de febrero pasado la Corte Suprema revocó aquella sentencia. La Cámara Federal debía entonces pronunciarse sobre la situación procesal de los acusados.
"Todos los procedimientos legales adoptados por más de cien años fueron dejados de lado, por primera vez, para ejecutar la operación cuestionada", sostuvieron los jueces de la Sala II de la Cámara en su fallo de ayer. Advirtieron que entre los trámites obviados se había omitido darle intervención al Congreso de la Nación, algo que estaba expresamente previsto.
Los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah afirmaron que Menem y Cavallo no pueden ser eximidos de responsabilidad porque el decreto que firmaron "resulta un eslabón más de todos los demás hechos que, con acierto, se entendieron constitutivos de una maniobra delictiva urdida con el propósito de sustraer al bien del patrimonio estatal". De acuerdo con los camaristas, ambos "tuvieron dominio del hecho, al ejecutar la maniobra ilícita, pese a contar con información clara que les permitía obrar con arreglo a derecho".
La lista de quienes tienen sus procesamientos confirmados incluye, además, a los ex funcionarios del Ministerio de Economía Matías Ordóñez y Gastón Figueroa Alcorta; el ex presidente de la Sociedad Rural Eduardo de Zavalía; el ex secretario Juan Ravagnan; los tasadores del Banco Ciudad de Buenos Aires Juan Insua, Raúl Angelini, Ricardo Schapiro y Juan Carlos Raco, y del Banco Hipotecario, Jorge Frost, Daniel Ivakhoff y Carlos Ratto.
Todos ellos están acusados de haber participado de una maniobra para "sustraer", con "un procedimiento irregular e inmotivado", el inmueble del patrimonio estatal.
Sanción prevista
El delito que se les imputa tiene una pena prevista de dos a diez años de prisión, junto con una "inhabilitación absoluta perpetua". Castiga al "funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo".
El 19 de diciembre de 2012, mediante el decreto N° 2552, la presidenta Cristina Kirchner declaró nula la compraventa del predio celebrada en 1991 y lo estatizó. Antes de la compra, la entidad ocupaba el lugar, de 14 hectáreas, desde 1878, como consecuencia de sucesivas cesiones del Estado.
Contra esta decisión de la Presidenta, la dirigencia rural presentó un amparo, pero a los pocos días fue rechazado por la jueza civil y comercial federal, Silvina Bracamonte. Luego de eso, el Gobierno intimó a la Rural a desalojar el predio.
La Sociedad Rural continuó con el reclamo judicial y el 4 de enero de 2013 la Cámara Civil y Comercial Federal dictó una medida cautelar que impidió la ejecución del decreto presidencial. Finalmente, el 20 de agosto del año pasado, la Corte Suprema dejó firme aquella medida cautelar que suspendía el decreto de la presidenta Cristina Kirchner.
El máximo tribunal sostuvo que el recurso extraordinario que el Estado nacional había planteado contra la cautelar había sido presentado fuera de plazo. De esta manera, al menos por el momento, la entidad no tendrá que dejar el predio.
Fuente: Lanación.
Miércoles, 2 de abril de 2014
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