DE REPUDIAR NI HABLAR El PRO frenó un repudio a los linchamientos  La oposición porteña propuso tratar un repudio a los ataques “ilegales y aberrantes” contra presuntos delincuentes. El macrismo se opuso, pero al final negoció un texto que fue aprobado por mayoría, contra la “justicia por mano propia”. Los legisladores porteños expresaron su “preocupación” por los hechos de violencia “acontecidos en los últimos días”, en referencia a los linchamientos de personas acusadas de cometer delitos, pero no pudieron repudiar esos hechos porque el PRO se negó en forma terminante a hacerlo y sólo aceptó acompañar el texto más despojado, aprobado tras un fuerte debate y una posterior negociación. En la declaración votada, la Legislatura además “rechaza la justicia por mano propia”. Antes de eso, el vicepresidente primero del cuerpo, Cristian Ritondo (PRO), hizo una salvedad: “Hay que decir que los ciudadanos no se sienten protegidos por el Estado. Hemos tocado fondo y asistimos a una etapa de hartazgo social peligrosa”, justificó.
El tema no estaba en la agenda de la sesión de ayer, pero fue introducido por Aníbal Ibarra (Frente Progresista y Popular), quien propuso el tratamiento sobre tablas de un proyecto suyo y de otros legisladores de la oposición, para repudiar los hechos de violencia ocurridos en distintas ciudades del interior, pero también en territorio porteño: el ataque despiadado de personas violentas a presuntos ladrones que, después de ser aprehendidos, quedaron en situación de indefensión. También habían presentado proyectos en el mismo sentido los legisladores Lorena Pokoik, del Frente para la Victoria, y Gustavo Vera con Pablo Bergel, de Unen.
Para lograr el tratamiento sobre tablas, es decir, fuera de agenda, se necesitan primero los dos tercios de los votos, que ninguna fuerza política tiene. El PRO rechazó de plano el tratamiento del tema y propuso enviarlo primero a la Comisión de Seguridad del cuerpo, lo cual se suele hacer cuando se pretende enfriar o esquivar el debate de un tema.
Esta postura fue objetada por los bloques de la oposición. Gabriela Alegre, titular de la bancada del Frente para la Victoria, consideró “lamentable que el PRO no quiera acompañar una declaración de repudio a acciones minoritarias de algunos ciudadanos que pueden alejarnos del Estado de derecho”.
Por su parte, la diputada Gabriela Cerruti, de Nuevo Encuentro, sostuvo que sería “peligroso que esta Legislatura sea incapaz de manifestar un repudio” y precisó que “acá hay ciudadanos argentinos que están matando o golpeando a otros argentinos y eso es lo que hay que repudiar”.
Para la diputada Pokoik, su iniciativa buscaba “repudiar categóricamente todos los actos de violencia ocurridos, reafirmar que el Estado es el único que puede ejercer el uso legítimo de la fuerza en el sistema democrático y republicano y hacer un llamamiento tanto a la dirigencia política como a los comunicadores sociales a asumir de manera inequívoca la defensa de los valores y las instituciones del sistema democrático”.
“Frente a esta situación, la Legislatura debe dejar sentado enérgicamente que estos actos de violencia y agresión constituyen graves violaciones del derecho a la vida e integridad personal y denotan la debilidad del Estado de derecho y de las garantías consagradas por la Constitución Nacional”, consideró Pablo Bergel, del bloque Verde Alameda, en Unen. Su compañero de bancada Gustavo Vera manifestó que “estos actos de barbarie que se cometen ‘en nombre de la justicia’ deben ser investigados por el Poder Judicial” y expresó que “no es admisible que los autores de esta práctica dispongan de un pacto de silencio para asegurar su impunidad”.
El texto que había presentado Ibarra manifestaba el “rechazo y preocupación por los hechos de violencia en relación con supuestos delincuentes”, así como “la llamada justicia por mano propia” y hacía “un llamado a la sociedad en su conjunto a la reflexión para evitar que estos hechos ilegales y aberrantes se multipliquen”.
El proyecto de Bergel, en tanto, manifestaba la “condena enérgica e incondicional a la práctica de linchamiento” y exhortaba a los gobiernos de la Ciudad y nacional a “adoptar medidas para evitar su repetición”.
Desde el macrismo, expresó su posición Cristian Ritondo, quien advirtió que su bloque no iba a votar en el recinto porque pretendía llevar la discusión a la comisión y para asegurar que “los vecinos actúan en defensa propia porque están desguarecidos del Estado”. “Lo que deberíamos tratar no es la reacción de la gente, ya que el problema de fondo, lo que falla, son las fuerzas de seguridad”, argumentó Ritondo.
Cuando el debate amenazaba transitar hacia un callejón sin salida, la jefa del bloque kirchnerista, Gabriela Alegre, propuso un cuarto intermedio con el fin de consensuar un texto que pudieran aprobar todos los legisladores. En el nuevo proyecto, el concepto de “repudio” fue reemplazado por el de “profunda preocupación”, expresada por el cuerpo en la votación, ante “los hechos de violencia acontecidos en los últimos días en diversas localidades del país y de la ciudad de Buenos Aires”. Según la declaración, la Legislatura también “rechaza la denominada justicia por mano propia”.
El nuevo texto logró la aprobación de todos los legisladores menos uno, Marcelo Ramal, del Frente de Izquierda y los Trabajadores, que se abstuvo. “Noso-tros pretendíamos un rechazo incondicional, no condicionado por el PRO. No debía haber consenso, así el macrismo quedaba en evidencia por no querer aprobar el rechazo a los linchamientos. El consenso encubre las políticas del macrismo”, justificó Ramal. “Al final triunfó la posición política de Macri y Sergio Berni.”
En efecto, Ritondo fue quien manifestó la posición del “sí, pero”. Expresó su rechazo a la justicia por mano propia, pero aclaró que “también hay que decir que los ciudadanos no se sienten protegidos por el Estado”. “Hemos tocado fondo y asistimos a una etapa de hartazgo social peligrosa”, justificó el diputado macrista.
Para Ibarra, “fue positivo haber dado el debate, porque esta Legislatura no podía quedar al margen después de los preocupantes hechos producidos en los últimos días. Lo que ocurrió es un límite que la sociedad jamás debe pasar, más allá de cualquier debate que pueda darse sobre la seguridad”.
“Mirar para el costado en casos como éstos significaría que se puede instalar la ley del más fuerte en la sociedad y eso sería un retroceso inaceptable”, sentenció el ex jefe de Gobierno. Y concluyó que “fue mejor haber sacado este compromiso que cualquier especulación política”.
Por Eduardo Videla.
Viernes, 4 de abril de 2014
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