POLÍTICA NACIONAL Citan a indagatoria y prohíben salir del país al empresario Vicente Massot  Deberá comparecer el 24 de abril a las 8:15 ante el juez Álvaro Coleffi por la instigación y encubrimiento del asesinato de dos obreros gráficos y sus aportes, desde el periódico, a la represión. Por ahora no ordenó su detención. El juez federal subrogante Álvaro Coleffi decidió ayer que el director del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, preste declaración indagatoria el próximo 24 de abril a las 8:15 de la mañana en los tribunales de Bahía Blanca por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura que pesan en su contra: la instigación y encubrimiento de los asesinatos de dos trabajadores gráficos de su periódico, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, y la complicidad en el secuestro, tormentos y homicidio de otras 35 personas. Los fiscales José Nebbia y Miguel Ángel Pallazani argumentaron que desde sus medios el empresario periodístico realizó aportes esenciales para encubrir y favorecer la represión. Por la gravedad de los delitos, el magistrado también le prohibió la salida del país aunque, por el momento, rechazó la solicitud de detención que plantearon los procuradores.
"Existen suficientes elementos de juicio para convocar a Vicente Gonzalo Massot a prestar declaración indagatoria", consideró Coleffi en su resolución. En el mismo escrito, el juez rechazó el pedido de detención por considerar que el imputado "no decidirá darse a la fuga, o que, de conservar su libertad, su accionar no entorpecerá el éxito de la investigación".
El magistrado fundó su decisión en cuatro puntos: la voluntad que tuvo el director de La Nueva Provincia de presentarse espontáneamente ante la justicia el 18 de marzo pasado; el "conocimiento público que deriva de su persona"; el arraigo y "permanencia (de Massot) en el país extendida en el tiempo"; y su radicación en un domicilio donde se lo pudo notificar personalmente, según difundió el sitio . No obstante, Coleffi prohibió que Massot emigre de la Argentina ya que "existe la impostergable necesidad de garantizar el normal desarrollo del acto indagatorio". En su argumentación, el juez esgrimió "la gravedad de los hechos enrostrados" y "la naturaleza de los delitos que se investigan".
"Se trata de un paso más en este largo camino de búsqueda de justicia", afirmó ayer a Tiempo Argentino, el procurador José Nebbia quien junto a Pallazani imputó a Massot e insiste con el pedido de detención del empresario periodístico.
El director de La Nueva Provincia está acusado de haber instigado, determinado y prestado "aportes indispensables para la concreción material" de los homicidios de Heinrich y Loyola, dos trabajadores gráficos que militaban sindicalmente en el diario, y de haber encubierto los asesinatos. Ambos fueron secuestrados el 30 de junio de 1976. Sus cuerpos, con numerosos disparos, aparecieron cuatro días más tarde, en la Cueva de los Leones, sobre la ruta nacional 33, a 17 kilómetros de Bahía Blanca.
Para los fiscales, desde sus medios Massot realizó aportes esenciales para ocultar y favorecer la represión por lo que le imputaron "el ocultamiento deliberado de la verdad" en los secuestros, torturas y homicidios de otras 35 personas. "Vicente Massot fue parte del núcleo de decisión del multimedio, que tuvo un rol determinante en el plan de exterminio", indicó Nebbia a este diario. "Nosotros realizamos un muestreo de casos donde el medio presentaba como enfrentamientos los asesinatos de personas que estaban secuestradas en Centros Clandestinos de Detención de Bahía Blanca, tanto de la Armada como del Ejército. Esas personas habían sido secuestradas, torturadas y sus ejecuciones se fraguaban", añadió. La Unidad Fiscal le adjudica al multimedios una asociación ilícita con el Ejército y la Marina. Un vínculo que Massot continuó en democracia.
En una entrevista con el diario La Nación, publicada el 29 de enero de 2012, Massot confesó que mantuvo "un vínculo muy estrecho" con los carapintadas. "En general tuve mucha más relación con la gente de (Aldo) Rico que con la de (Mohamed Alí) Seineldín", aseguró. Acaso no sorprenda que quien pidió "juicios sumarios, pena de muerte dictada por autoridades militares, toque de queda y patrullaje militar en todo el país", el 6 de julio de 1976 desde las páginas del diario familiar, se haya convertido en viceministro de Defensa de Carlos Menem – cargo al que renunció tras los escandalosos ascensos militares de los represores Juan Carlos Rolón y Antonio Pernías, en la década del ’90.
"Felizmente se está comenzando a transitar el final de la impunidad de la que gozaron sectores civiles fuertemente comprometidos con la dictadura militar. Además de su rol en la desaparición de los dos obreros gráficos, La Nueva Provincia fue un apéndice del aparto represivo del V Cuerpo del Ejército a partir de 1975. Para todos los militantes y operadores del derecho la citación de Massot es una excelente noticia", manifestó a este diario Walter Larrea, abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca. "Había cierta incertidumbre en que el juez fuera a dar este paso porque es sabido que hay vastos sectores judiciales que han tenido una actitud dilatoria con los cómplices civiles. En ese sentido, saludamos la medida que tomó el magistrado", expresó el letrado. Ante la novedad, Larrea aseguró que esperarán la indagatoria "para ver cuáles son los elementos de que se sirve el imputado para defenderse de la acusación. La esperamos con satisfacción y beneplácito."
La citación a indagatoria se produjo luego de que el 18 de marzo pasado, Massot se presentase "espontáneamente" en el despacho de Coleffi, presionado por una resolución de la Cámara Federal de Bahía Blanca que había considerado necesario investigar a los directivos de La Nueva Provincia por su rol durante la última dictadura cívico-militar. El tribunal decidió que el empresario debía ser escuchado en calidad de imputado pero amparado por el artículo 279 del Código Procesal Penal, según el cual, cualquier persona que esté imputada o que crea que se encuentra en esa calidad "podrá presentarse ante el juez competente a fin de declarar". Se trató de una declaración testimonial y no de una indagatoria por lo que no se realizaron preguntas.
"Se prohibió que Massot emigre de la Argentina ya que "existe la impostergable necesidad de garantizar el normal desarrollo del acto indagatorio".
En aquella ocasión, Massot expuso durante casi tres horas y se desligó de las acusaciones: adjudicó la desaparición de los trabajadores Heinrich y Loyola a la organización Montoneros y se desvinculó de toda injerencia en la empresa en el período 76-83. "Dijo que todo lo decidían su madre (Diana Lía Julio Pagano de Massot) y su hermano (Federico), ambos muertos", explicó Nebbia.
En aquella oportunidad, el magistrado concluyó la audiencia y Massot volvió a su casa. El próximo 24 de abril la resolución judicial podría ser sustancialmente distinta: tras escuchar al acusado, Coleffi deberá decidir si procesa al director de La Nueva Provincia y, acto seguido, si le dicta la prisión preventiva.
Dos casos que avanzan en la justicia
El caso de Vicente Massot puede servir de antecedente en otras causas judiciales que involucran a empresarios y directores periodísticos por el rol que desempeñaron los medios que estaban bajo su mando durante la última dictadura cívico-militar.
El periodista Agustín Juan Bottinelli, quien fuera jefe de redacción de la revista Para Ti en 1979, está denunciado –junto al difunto Aníbal Vigil, director del medio– por publicar en aquel semanario de la Editorial Atlántida un reportaje apócrifo a una secuestrada de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) con la intención de favorecer la imagen pública del terrorismo de Estado.
Se trata de la falsa entrevista a Thelma Jara de Cabezas quien fue maquillada, vestida y trasladada a un bar para la ocasión. El artículo fue publicado el 23 de agosto de 1979, bajo el título “Habla la madre de un subversivo muerto” (en referencia a su hijo desparecido Gustavo Alejandro Cabezas), cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitaba la Argentina. Se espera que en poco tiempo, el juez Sergio Torres indague a Bottinelli.
Otro caso que tramita en la justicia y que podría avanzar en la misma sintonía es el que involucra a Samuel “Chiche” Gelblung, quien se desempeñó hasta 1981 en un cargo similar al de Bottinelli pero en la revista Gente. Ocurre que el semanario también fue denunciado en el mismo expediente que investiga el rol de la editorial Atlántida y sus vínculos con el terrorismo de Estado.
Fuente: Infonews.
Sábado, 5 de abril de 2014
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