JUSTICIA FEDERAL En junio abre el juicio por desapariciones en Las Marías Por los hechos de Las Marías hay dos causas judiciales por delitos de lesa humanidad que terminaron fusionándose y se tramitan en la ciudad de Paso de los Libres. El año pasado el establecimiento yerbatero fue allanado por la Justicia.
En el mes de junio comenzará el juicio a cargo del Tribunal Oral Federal de Corrientes por desapariciones de obreros en el establecimiento yerbatero Las Marías.
El tribunal estará presidido por Víctor Alonso y lo acompañan los jueces vocales Lucrecia Rojas y Fermín Ceroleni, quienes ya condenaron con duras penas a otros represores.
Por los hechos de Las Marías hay dos causas judiciales por delitos de lesa humanidad que terminaron fusionándose y se tramitan en la ciudad de Paso de los Libres. El año pasado el establecimiento yerbatero fue allanado por la Justicia.
Una de las causas es por la desaparición de Neris. En 1997, su hijo Catalino Pérez, tuvo acceso a la confesión del policía Ramón Alberto Giménez, que contó que actuó como “entregador” en el secuestro de su padre. A partir de ese momento comenzó la investigación en la Justicia. En el operativo del secuestro de Neris también participó el sargento 1º de la policía correntina, asesinado tiempo después por “un capitán de apellido Sacco”. Según Giménez, fue “por miedo de que hablara”.
Sacco trabajaba para los Navajas Artaza. Además fue interventor en Virasoro después del golpe del 24 de marzo de 1976. El ex capitán Juan Carlos Sacco es uno de los imputados en el juicio. (N. de la E.: Sacco, con el grado de teniente coronel retirado y desempeñándose en el Ministerio de Defensa, fue el jefe de algunos de los autores del segundo y letal secuestro del empresario Osvaldo Sivak, en julio de 1985).
Los otros acusados son el ex teniente Héctor Torres Queirel y el ex general Llamil Reston, quien fue ministro del Interior y de Trabajo durante la dictadura de Rafael Videla. En marzo de 2010, el juez federal de Paso de los Libres concluyó que Llamil “en su carácter de Comandante de la Brigada III de Infantería de Curuzú Cuatía, se encontró a cargo de la Jefatura de la Subzona 24 en el período comprendido entre diciembre de 1976 y enero de 1979 por lo que su posición jerárquica permite responsabilizarlo penalmente como autor mediato de los hechos investigados”.
La otra causa es por detenciones ilegales a dirigentes gremiales, integrantes de la Federación de Trabajadores Rurales y del Sindicato de Trabajadores de la industria de la Alimentación (STIA). Las víctimas son Ramón Aguirre, Marcelo Acuña, (fallecido) Pablo Franco, Carlos Escobar, Héctor Sena, Juan Gómez y Luis Benítez Alvez.
“Muchos sobrevivientes están dispersos y cuesta armar una estrategia continua. Algunos siguen trabajando en productoras de yerbamate”, dijo una fuente judicial.
“Los obreros fueron detenidos en sus francos, en abril de 1976. Les inventaron causas. Los militares los trasladaron a la comisaría local, pero después a otras sedes policiales”, contó Argüello que también estuvo en la lista negra y tuvo que renunciar a su trabajo y irse de Virasoro para no ser secuestrado.
Por la desaparición de Marcelo no hay causa judicial. “Tal vez más adelante se abra un expediente. La familia no hizo una presentación formal. Todavía tienen mucho miedo, ellos siguen viviendo en Gobernador Virasoro”, dijo a Infojus Noticias latitular de la Red de Derechos Humanos de Corrientes Hilda Presman.
El poderoso empresario Adolfo Navajas Artaza fue imputado a principios de 2008 por la desaparición de Neris y por el asesinato del policía Anchetti, pero esa investigación nunca prosperó. Familiares y sobrevivientes cuestionaron al fiscal que nunca apeló. El juez Chalup lo dejó libre de culpa y cargo un día después de ser llamado a indagatoria por la causa que investigaba los hechos de la desaparición de Neris.
“La situación fue irregular porque fue demasiado rápido. No se sostuvo la apelación en la Cámara de Casación Penal”, le dijeron a Infojus Noticias fuentes judiciales.
En el expediente también figura que el cementerio privado de los Navajas Artaza fue puesto a disposición de las fuerzas de seguridad para enterrar NN.
Desde la Comisión Provincial de Derechos Humanos, afirmaron a Infojus Noticias que al igual que en el pueblo jujeño de Ledesma, donde tiene su poderoso ingenio el empresario Carlos Pedro Blaquier (hoy procesado), en Viraroso también hubo “connivencia” del empresario con “la represión que sufrieron los sindicalistas”.
Las detenciones de la cúpula sindical se dieron con la excusa del cumplimiento de la Ley 13.985 de sabotaje industrial argumentaban boicots para imputar a los trabajadores.
A pesar de las presiones de la empresa, que se define como “ética ante todo” desde los organismos de Derechos Humanos solicitan la "desclasificación de los archivos" de las policías provinciales y en Corrientes el "juzgamiento a la complicidad civil y empresarial como el caso del establecimiento Las Marías y su responsable Navajas Artaza".
Fuente: Lt12.
Miércoles, 23 de abril de 2014
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