MEDIOS Y COMUNICACION Fútbol, contenidos y derechos audiovisuales  Tomando en cuenta los anuncios sobre transmisiones del Campeonato Mundial de Fútbol y el aporte de la Televisión Digital Abierta, Diego Rossi subraya la importancia de lo hecho y reclama nuevas políticas de Estado para garantizar la eficacia de la inversión en la materia.
La transmisión del Campeonato Mundial de Fútbol 2014 retoma desafíos para una política pública del audiovisual que garantiza acceso, gratuidad y alta definición en casi todo el país, mientras ocho de cada diez hogares pagan TV por cable o satelital.
La información oficial indica que “Fútbol para Todos será el único medio de la televisión abierta argentina que transmitirá todos los partidos de la próxima Copa del Mundo, y los mismos podrán disfrutarse, gratuitamente y en alta definición, a través de las pantallas de la TV Pública y DeporTV, señales 23.02 y 24.01 de la TDA”, ya sea en directo o en diferido.
Catalizador de nuestras pasiones por excelencia, el fútbol es una “actividad de interés relevante”, según la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y recibe la inversión de recursos públicos para facilitar su recepción gratuita por diversos soportes.
Dado que un 82 por ciento de los hogares son abonados a la TV por suscripción y que la mayoría se ha demostrado favorable a la estatización del Fútbol para Todos, asumimos que en términos generales al Estado se le agradece haber librado a los argentinos de la mensualidad premium o pay-per-view del fútbol, aunque eso no conlleve cortar con el abono básico.
¿Quiénes deberían pagar para ver TV?
El Estado viene realizando inéditos esfuerzos para el acceso ciudadano y la diversificación de contenidos (series de ficción, películas, documentales, producciones con visión federal y otros materiales que no lograron llegar a pantallas masivas).
Mientras algunos se apresuran a declarar la debacle de la Televisión Digital Abierta (TDA), recién se cumplen cuatro años de su comienzo, y sabemos que el pasaje de analógico a digital en la TV de cualquier país tiene plazos no menores a ocho o diez años.
Convergen varias cuestiones: en primer lugar, la dependencia estructural basada en las redes de TV con centro en Buenos Aires, que condenaban a “los del interior” a ver uno o dos canales, con producciones de Capital transmitidas en diferido.
En tal sentido, el lugar configurado para el espectador-consumidor ante la oferta audiovisual ha sido tanto o más cultural que el atesoramiento de ahorros en dólares.
Desde 2010, la TDA desarrolló rápidamente antenas e infraestructura para cubrir hoy al 85 por ciento del territorio y más del 90 por ciento de la población, junto a nuevas señales. Pero la difusión de la TDA con criterio de política social (reparto gratuito de 1.500.000 decodificadores a sectores vulnerables y entidades sociales, instalación de antenas, etc.) confundió en su validación el criterio de accesibilidad con el efectivo uso de los dispositivos, los contenidos y el recambio de televisores. Ciertas formas clientelares de distribución de los “decos” y algunos fallos técnicos de recepción son factores que inciden en los presumibles bajos índices de audiencia, como también el ninguneo de los medios dominantes a las nuevas señales y a la TDA en general.
Quizá fueron subestimados los hábitos culturales que naturalizaron el pagar-abono-para-ver, especialmente con un modelo de inclusión económica que permite a vastos sectores destinar sin dudar más de 200 pesos mensuales para cubrir sus “necesidades básicas de consumo audiovisual”, TN y Tinelli incluidos.
Ahora, frente a la convergencia de servicios, personas de todas las edades también eligen contenidos a través de conexiones a Internet: ya sean servicios de pago como Netflix o Spotify, pero también YouTube, los sitios por fuera de los derechos de propiedad intelectual, y los programas desenganchados de la grilla de las pantallas.
Es bueno que se garantice la visualización del Mundial en forma gratuita a través de la TDA.
También resulta necesario consagrar jurídicamente los principios de neutralidad de la red, para la circulación de una producción diversa y plural y el acceso digital con equidad.
Pero sobre todo, aplicar políticas de Estado para evitar oligopolios que cambian de formas y se suceden unos a otros. El audiovisual como verdadera industria demanda la identificación y regulación de excedentes extraordinarios en la cadena de valor (hoy son “los exhibidores que se la llevan”, a costa de las inversiones públicas o de quienes invierten en el desarrollo de contenidos y/o redes de comunicación).
Actualizar las formas de subsidiar y garantizar programas nacionales por muchos años más será el mejor de los esfuerzos para desterrar el derrame de las soluciones del mercado, en pos de una redistribución inteligente y eficiente de los recursos que genera y banca la sociedad argentina toda.
Por Diego Rossi .
Miércoles, 21 de mayo de 2014
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