CONGRESO Día de debates en ambas cámaras  Entre algunos proyectos, Diputados debatirá en sesión ordinaria la reducción del IVA para pymes periodísticas y otorgar una indemnización a las víctimas de la explosión de Río Tercero. En tanto, el Senado discutirá incorporar en el Código Penal sanciones a los miembros de las fuerzas de seguridad que realicen huelgas, y convertir en ley un marco regulatorio para las demandas de particulares o empresas contra el Estado nacional.
En el proyecto de disminución en el pago del IVA a las pequeñas empresas de comunicación que tratará Diputados se establecen alícuotas diferenciadas sobre el precio de tapa según el monto de facturación: 2,5 por ciento sobre empresas que facturen hasta 63 millones; 5 por ciento para las que alcancen hasta 126 millones y el 10,5 sobre la tapa de diarios para los que facturen sobre esa cifra.
Luego se tratará la indemnización a víctimas de la fábrica militar cordobesa, ocurrida en noviembre de 1995, iniciativa que iniciativa contempla que los familiares de las personas fallecidas perciban un monto equivalente a la remuneración mensual de los agentes Nivel A, Grado 0, del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional, "multiplicada por el coeficiente 100".
En la reunión de Labor Parlamentaria previa, los jefes de las bancadas de la Cámara de Diputados acordaron incorporar decenas de proyectos de resolución y declaración que no se habían podido aprobar debido a que las últimas sesiones no fueron ordinarias sino especiales.
Por su parte, el Senado debatirá buscará convertir en ley un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para establecer un marco regulatorio para las demandas de particulares o empresas contra el Estado Nacional, iniciativa aprobada a fines del año pasado por la Cámara de Diputados.
El oficialismo pretende convertir en ley este proyecto que ingresó al Congreso en 2013 en el marco de la discusión del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, con la suma de los votos kirchneristas y de sus aliados. Finalmente, la iniciativa para sancionar a policías establece que "será reprimido con multa de entre 750 y 12.500 pesos e inhabilitación especial de un mes a un año el funcionario público que sin habérsele admitido la renuncia de su destino, lo abandonare con daño del servicio público".
Asimismo, se establecen penas de prisión para los miembros de las fuerzas de seguridad nacional, agencia estatal armada, provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires que "abandonen injustificadamente actos de servicio o maliciosamente omitieren la prestación regular de la función a la que se encuentran obligados".
Miércoles, 2 de julio de 2014
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