CON LA PLUMA Y LA PALABRA Griesa encerrado en el laberinto de su fallo  El magistrado calificó de “ilegal” e “inválida” la estrategia oficial para que los bonistas reciban sus pagos, pero no cedió al pedido de los buitres para dictar el desacato. Economía acusó a Griesa de “despreciar la soberanía nacional” La rutina neoyorquina volvió a repetirse: los fondos buitre solicitaron una audiencia de emergencia, el juez Thomas Griesa la convocó de inmediato pero, más allá de su tradicional malestar con el país, no tomó ninguna determinación y reiteró que la solución debe ser acordada.
El Ministerio de Economía argentino emitió una dura declaración sobre estas resoluciones del juez, a quien acusa “de favorecer a los fondos buitre”. Los demandantes solicitaron que Argentina sea declarada en desacato y sancionada como respuesta por el proyecto de ley de pago soberano de la deuda externa girado al Congreso. La agresiva estrategia del país para intentar que los tenedores de bonos del canje reciban sus pagos fue calificada por el magistrado estadounidense como “ilegal”, “inválida” y “violatoria de las órdenes vigentes”. A diferencia de otras audiencias, que dieron lugar a extravagantes medidas, en esta oportunidad Griesa no cedió al pedido de los buitres para castigar al país por violar sus órdenes. Desde la perspectiva del juez, es “prematuro” avanzar por esa vía al tratarse de un proyecto y no una ley vigente.
Anoche, el Ministerio de Economía señaló que “una vez más, la audiencia convocada por el juez de Nueva York Thomas Griesa finaliza sin resoluciones para ninguna de las cuestiones importantes ocasionadas por su sentencia. Mientras mantiene su insólita posición de impedir el cobro del dinero que Argentina pagó a los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010, el juez responde el pedido de los fondos buitre y llama a una audiencia para debatir sobre un supuesto desacato de la República”.
Desde el equipo económico cuestionaron nuevamente que el magistrado responda con celeridad solamente los pedidos de los buitres, mientas dilata la definición sobre qué hacer con los fondos que depositó a los acreedores el país y bloqueados por sus órdenes. La dura respuesta del ministerio a la decisión de Griesa agrega: “En un exceso de jurisdicción y desconocimiento de la soberanía, Griesa opinó sobre la ilegalidad de un proyecto de ley que ni siquiera comprendió en toda su extensión”. Subraya también que el proyecto fue enviado al Congreso para su aprobación: “El hecho de declarar ‘ilegal’ a un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envía al Parlamento demuestra también, nuevamente, su desprecio por la soberanía nacional de Argentina y su absoluto desconocimiento del funcionamiento de las instituciones democráticas”. Y remarca esta actitud al indicar que “no le bastó con sembrar confusión con su sentencia y sus órdenes contradictorias. Pretende ahora, a pedido de los fondos buitre, imponer condiciones al Congreso, máximo órgano legislativo de la Nación”.
Para el Ministerio de Economía, las decisiones de Griesa apuntan “a forzar a la República Argentina a pagarles a los fondos buitre. Asimismo, insiste en presionar a la República Argentina para que realice ofertas en violación de sus leyes y de sus contratos y con el riesgo de que dispare la cláusula RUFO” y sentencia: “Lejos de impartir justicia y generar condiciones equilibradas entre las partes, el juez sólo busca favorecer a los fondos buitre”.
Más de lo mismo
El encuentro de emergencia fue solicitado el miércoles por los buitres de la mano del fondo NML Capital. Rápido de reflejos, el octogenario juez convocó ayer a una reunión para esa misma tarde. No hubo más novedades que el rechazo del tribunal al insistente reclamo de los demandantes para sancionar al país por intentar burlar sus órdenes. Aunque categórico en su caracterización del proyecto de ley como “ilegal”, Griesa cerró la audiencia indicando que declarar al país en desacato no suma elementos adicionales a la búsqueda de una solución negociada.
De todas formas, el Palacio de Hacienda no descarta ninguna reacción del sistema judicial de Estados Unidos por la puesta en marcha de la iniciativa que también propuso desplazar al Bank of New York Mellon (BoNY) como agente fiduciario y reemplazarlo por Nación Fideicomisos. “Siempre esperamos lo peor de Griesa. El juez puede hacer cualquier cosa pero nosotros vamos a instrumentar todas las posibilidades a nuestro alcance para que los dólares, euros y yenes que pagamos lleguen a sus propietarios”, reiteraron ayer a este diario desde el equipo económico.
Las advertencias y calificativos de Griesa tampoco fueron novedosos. A mediados de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el pedido de revisión de la sentencia y órdenes del magistrado solicitado por argentina. En ese momento, el ministro de Economía, Axel Kicillof anunció que el país pondría a disposición de los acreedores la posibilidad de modificar el lugar donde cobran los vencimientos de capital e intereses de sus títulos. La respuesta de Griesa no tardó en llegar y pocos días después advirtió que la propuesta de cambio de la ruta de pago constituye una violación de sus órdenes: “Argentina tiene prohibido llevar adelante la propuesta del ministro de Economía”, escribió entonces el responsable del tribunal neoyorquino.
Esa misma escena se reiteró ayer en la audiencia requerida por los demandantes. Los abogados buitres le reiteraron al juez que declarar al país en desacato sería de ayuda para implementar las órdenes del magistrado. Para esos letrados el “desacato” no solo afectaría al país sino que desalentaría a terceras partes a colaborar con el país al momento de desplazar al BoNY o cambiar la legislación de los bonos. Sin embargo, Griesa prefirió esperar. “Vamos a analizar esa posibilidad más tarde, podremos discutirlo en septiembre. Vamos a lidiar con esto cuando tengamos que lidiar con esto”, sostuvo.
Las implicancias de figuras legales como el “desacato” solicitadas por los buitres son imprecisas para el caso de un Estado soberano como es Argentina. Más allá de una hipotética sanción material –multas pecuniarias como las que contempla el Artículo 666 bis del Código Civil local–, declarar al país en desacato constituiría un “estigma”. También podría afectar la reputación del estudio de abogados Cleary Gotlieb Steen & Hamilton contratado por el Gobierno, pero no es posible impedir el derecho de defensa.
Fuente: Página12.
Viernes, 22 de agosto de 2014
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