EL SENADO APROBO CAMBIOS EN LA LEY DE ABASTECIMIENTO Y AVANZO CON OTROS PROYECTOS Un paquete, dos votaciones  Las modificaciones a la Ley de Abastecimiento y la creación del observatorio de precios obtuvieron 38 votos a favor y 27 en contra. La creación de fueros para consumidores, en cambio, sumó el apoyo de 53 senadores.
El Senado aprobó el paquete de leyes que busca proteger a los usuarios y consumidores del abuso de posición dominante de ciertos sectores de la economía. El oficialismo consiguió 38 votos positivos contra 27 de la oposición para avanzar con la reforma a la Ley de Abastecimiento y la creación del observatorio de precios. A los 32 legisladores propios del Frente para la Victoria se sumaron los aliados Ada Itúrrez de Capellini (Frente Cívico por Santiago), Gerardo Montenegro (Frente Popular), María Higonet (PJ La Pampa), José Roldán (Frente de Todos) y Roxana Latorre (Federalismo Santafesino). Los ausentes a la hora de la votación fueron Diego Santilli (PRO), Carlos Menem (Frente Popular Riojano), Adolfo Rodríguez Saá (Compromiso Federal), Josefina Meabe (Alianza Frente de Todos) y los radicales Juan Carlos Marino y Mario Cimadevilla. La creación de fueros para consumidores, en cambio, obtuvo el apoyo de 53 senadores del arco oficialista y del radicalismo y el Frente Unen. Los 11 rechazos fueron del peronismo disidente, Unión Pro y del radical Oscar Castillo.
“Una sola empresa controla la producción de chapas; una sola controla la producción de polietileno; una compañía maneja la producción de aluminio; cuatro controlan la producción de cemento; una sola posee el 80 por ciento de la producción de panificados; y solo dos manejan el 82 por ciento de la producción de leche. Está claro que no hablamos de los gringuitos que producen leche, a quienes no se les aplica esta ley, sino de éstos que tienen el monopolio de la producción de leche. Por eso tenemos que legislar.” Cerca de las 4 de la mañana de ayer, el senador santacruceño Pablo González (FpV) fue el encargado de informar al resto de los senadores la posición del bloque oficialista.
La maratónica sesión había arrancado el día anterior, el miércoles al mediodía. Primero se avanzó en el proyecto de ley de pago soberano de la deuda externa, cuyo debate finalizó el jueves a la una de la mañana y luego fue el turno del paquete de leyes para la defensa de los usuarios y consumidores. Para ese momento, los legisladores habían acordado reducir el debate a tan sólo dos legisladores por bloque.
“Cuando hoy se contaba que un secretario de Comercio (Guillermo Moreno) atendía a los empresarios con una pistola en el escritorio, uno no lo podía creer. Pero ahora ya no hace falta poner la pistola porque vamos a legalizar para darle a un funcionario todo el poder para que él decida. El gran desabastecimiento es el vaciamiento que se hace de la democracia”, argumentó la cordobesa Norma Morandini. “La verdad es que a esta altura nos tenemos que preguntar con sinceridad si existe realmente la vocación de trabajar en la protección de los consumidores y usuarios, o si lo que se quiere es obtener una herramienta que permita al Poder Ejecutivo concentrar aún más poder”, sostuvo la macrista Gabriela Michetti.
Las tres normas enviadas por el Ejecutivo tuvieron amplias modificaciones durante el debate, que incluso despertaron el beneplácito del radical Gerardo Morales, aunque no alcanzaron para modificar la postura del bloque radical en la nueva regulación sobre las relaciones de producción y consumo.
El artículo 2 establece las distintas atribuciones que tendrá la autoridad de aplicación, que van desde la posibilidad de fijar precios máximos y márgenes de rentabilidad hasta disponer la continuidad del proceso de producción y comercialización. La redacción original establecía que dichas atribuciones serían aplicadas “en casos de estricta necesidad”. El Poder Ejecutivo modificó la redacción para tipificar las conductas de las empresas que darían paso al ejercicio de dichas atribuciones. Por lo tanto, la autoridad de aplicación podrá actuar cuando las empresas eleven artificialmente los precios, sin correlación en el aumento de los costos; cuando acopien materias primas o productos, destruyan mercaderías, restrinjan la venta o prestación de un servicio o no entreguen comprobante ni factura de venta, entre otras tipificaciones. El paquete de leyes pasó a la Cámara de Diputados, que comenzará su análisis la semana que viene.
Fuente: Página12
Viernes, 5 de septiembre de 2014
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