Guillermo Moreno Procesaron a Moreno por abuso de autoridad  Fue en una causa iniciada por una consultora a la que presionó para que no publicara sus índices de precios. El juez destacó que las mediciones privadas de inflación registraban valores similares a las de las provincias. El secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno integra desde ayer un grupo selecto, e indeseado, de funcionarios en actividad procesados por su actuación en la función pública. El juez federal Claudio Bonadio lo procesó y embargó en 50 mil pesos por haber sancionado y multado a la consultora de Jorge Todesca, Finsoport, a raíz de las sucesivas mediciones de la inflación pese a las intimaciones oficiales. Con esa maniobra, que se amplió a otras consultoras privadas, para el juez, Moreno buscaba “inhibir” a los responsables “de seguir publicando o brindando los índices de precios al consumidor (IPC) que venían elaborando”.
Bonadio procesó a Moreno por el delito de abuso de autoridad, que prevé una pena de prisión de un mes a dos años. Y ordenó embargar sus bienes hasta cubrir la suma de 50.069 pesos. También procesó a Fernando Carro, director nacional de Comercio Interior, y a Adalberto Guillermo Rotella, director nacional de Lealtad Comercial. En tanto, sobreseyó a Guillermo David, funcionario de la Dirección Nacional de Lealtad Comercial.
El juez determinó que el secretario de Comercio Interior y sus subordinados “abusaron de su autoridad” cuando iniciaron el sumario administrativo que derivó en la multa contra Finsoport. “Se ha probado que desde su inicio existió una intención clara respecto del accionar que se desplegaría con dicha finalidad, siendo ante todo que para los funcionarios -a despecho de lo que afirmaran- resultaba claro que l a actividad de una consultora no se hallaba bajo su supervisión”, detalla la resolución.
En esta causa, Moreno había sido indagado el pasado 10 de julio. Frente al juez y al fiscal, acusó a las consultas multadas de querer “forzar una devaluación en el mercado argentino”. Al retirarse de Tribunales, aquel día, el polémico funcionario le pidió a los periodistas que “voten bien en octubre”.
Bonadio tuvo en cuenta lo dicho recientemente por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, donde se discutió la legalidad de las multas. Ese tribunal destacó que “la divulgación de las estimaciones de Finsoport S.A. nunca fueron consideradas como ‘presentaciones’, ‘publicidad comercial’ o ‘propaganda’ -en el sentido asignado por la ley 22.802- sino como lo que en realidad son, contenidos de información pública y técnica”.
En base a un supuesto incumpliendo de la ley de Lealtad Comercial, Moreno multó a la consultora de Todesca en $ 500.000, la máxima pena prevista en el ámbito administrativo. Y la instó a revelar información relativa a su metodología de trabajo.
Para el juez, en la investigación que se inició por una denuncia penal del propio Todesca, se determinó con claridad que la actividad de las consultoras es “ajena a la órbita de control de la Secretaría de Comercio Interior y sus dependencias”.
Llamativamente, Bonadio defendió en el fallo la actividad de las consultoras privadas. Y destacó su similitud con los índices de cinco provincias, en contraposición a las cifras del INDEC. “Queda en claro entonces que la supuesta falta de seriedad técnica o de la cantidad de medios utilizados por las consultoras en general y de Finsoport S. A. en particular, de cara a la obtención del IPC -o aún su deliberada falsedad- se diluye ante lo concreto de la similitud de los guarismos inflacionarios comparados”, se lee en el fallo.
La maniobra judicial de Moreno contra las consultoras también se desplegó en el fuero Penal Económico, donde recientemente el funcionario pidió la indagatoria de los economistas Orlando Ferreres y Marcelo Plana, de la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados S.A. En esa causa, donde el secretario de Comercio es querellante, también fueron denunciadas las consultoras M&S, de Carlos Melconián y Rodolfo Santángelo; Buenos Aires City, de Graciela Bevacqua, ex directora de índices de precios de consumo del INDEC, y Finsoport SA, de Jorge Todesca.
El procesamiento de Moreno generó inmediata repercusión en la oposición. La diputada Patricia Bullrich (Unión por Todos) directamente pidió su renuncia. El titular del bloque radical, Ricardo Gil Lavedra, fue más cauto: “Celebramos que la justicia avanza, sin duda, pero no podemos estar satisfechos hasta que el procesamiento termine en condena”. Federico Pinedo, al frente del bloque del PRO, también destacó el procesamiento: “Esta noticia demuestra que en una democracia son más importante los derechos de la gente que el poder de los funcionarios”, dijo una vez que se conoció la noticia.
Fuente: Clarín.
Miércoles, 18 de septiembre de 2013
|
