PUJA POR FONDOS DE COPARTICIPACION Punto extra: no descartan una solución de última hora entre radicales y peronistas  En la tarde de hoy podría haber un nuevo acercamiento informal entre las partes para intentar alcanzar un acuerdo que evite el laudo judicial.
Los justicialistas dicen que el Superior Tribunal de Justicia se expediría mañana tras el fracaso de la mediación. Pero lo cierto es que no hay plazos establecidos.
En la tarde hoy podría haber un acercamiento entre radicales y peronistas para destrabar el conflicto por el destino a obras de un punto de coparticipación, tras la fracasada mediación judicial. Pese a la beligerancia de los últimos días, ambos bandos coincidirían en lograr una solución política para evitar el laudo judicial. El jueves, en tanto, el Senado aprobaría el proyecto de convierte en ley el polémico decreto judicializado por cinco comunas justicialistas y así la cuestión de fondo comenzaría a ser resuelta.
La situación parece de fácil solución. Los peronistas piden que el Gobierno destrabe los fondos municipales, que están en una cuenta bancaria y al que tarde o temprano accederán. Es decir, pase lo que pase los millones lo recibirán de todos modos. Sólo falta definir si irán a obras o serán de libre disponibilidad, al menos los recursos correspondientes a agosto y septiembre, ya que el oficialismo da por hecho que el proyecto de ley que pone fin a toda la polémica estará vigente en octubre.
La iniciativa fija que los fondos que Capital, San Luis del Palmar, Ramada Paso, Tabay y Saladas, exigen sean de libre disponibilidad, por corresponder a la coparticipación, deberán ser destinados a obras una vez promulgada la norma.
Los peronistas sueñan además con doblegar al gobernador Ricardo Colombi. Por eso exigen la remisión de los fondos y que se anule el decreto judicializado, que estableció que el punto extra debe ser destinado a obras.
Están confiados en que el radicalismo recibirá un duro revés judicial que los obligue a destrabar los fondos y anular el decreto.
El Gobierno entiende que la Justicia no debe intervenir porque en la Legislatura se trata una iniciativa que pondría fin a la polémica. Por eso se pidió al Superior Tribunal la aplicación del fallo de la Corte Suprema en el caso Badaró, que sentó precedente.
Pero, según los justicialistas, el proyecto de ley es un arma de doble filo. Pues el radicalismo habría reconocido tácitamente su error al intentar convertir en ley el decreto judicializado.
“No puede haber un antecedente judicial que avale que un decreto puede modificar la ley”, alertan los peronistas para justificar su optimismo triunfalista.
En cuanto a la estrategia del Gobierno, fuentes judiciales aclararon a El Litoral que el antecedente el caso Badaró, al que refiere el radicalismo, fue utilizado para beneficiar a la parte más débil. “Si nos mantenemos en esos parámetros, en este caso los más débiles serían los cinco municipios”, explicó la fuente consultada.
Cuánto perdería el Gobierno en caso de un revés judicial. Económicamente nada, ya que los fondos deberán ser girados a las comunas tarde o temprano. El mayor costo sería político, por lo que refiere a una derrota ante su habitual adversario electoral: el peronismo. Y tal vez le significaría al intendente Fabián Ríos un fortalecimiento de su imagen política, tal vez.
Pero todo ese efecto sería breve. Ya que el proyecto de ley que se aprobaría en el Senado el jueves, volvería a dejar las cosas como en un principio. Es decir, legitimaría la posición del Gobierno.
Los peronistas esperaban un llamado de Colombi y hay quienes especulaban con una posible solución, o al menos un intento, para las últimas horas de la tarde noche de este lunes primaveral.
Fuente: Ellitoral
Lunes, 22 de septiembre de 2014
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