DESPUÉS DE SAN JUAN LOS TIROS En la Legislatura cobran el aumento  Será esta semana. Luego de muchas idas y vueltas y aún con la negativa de la Directora de Administración que observó la decisión de los presidentes de ambas cámaras, en las últimas horas se destrabó la negativa del Ministerio de Hacienda posibilitando que el Sisper habilite la carga que permitirá que con los salarios de septiembre se liquide el aumento del 10% ordenado por ambas presidencias.
Al final hubo fumata y el Ministerio de Hacienda terminó por allanarse a la decisión firmada por Gustavo Canteros y Pedro Cassani, que dispuso un aumento del 20 por ciento en dos tramos de 10 cada uno, el primero de ellos con vigencia al 1 de septiembre.
La resolución de ambos presidentes no fue avalada por Estela Robaina, quien indicó que se habían excedido los límites presupuestarios y que en función de ello y conforme a la Ley de Administración Financiera el aumento será observable en términos legales.
Lo cierto es que aun con la firme postura de ambos presidentes, el incremento sufrió una demora de varios días hasta que finalmente el Centro de Cómputos habilitó la carga luego de una sistemática negativa de los funcionarios de Hacienda que en línea con la opinión de Robaina consideraban que la posibilidad de dar curso al aumento dependía de un previo giro de partidas que aún no había sido autorizado por el Gobernador.
Es necesario recordar que la situación controversial entre la Legislatura y el Ministerio de Hacienda se origina en que, conforme a la secuencia inflacionaria, la determinación de números en la elaboración del Presupuesto hace que al promediar el año comience a agotarse el crédito destinado a cada una de las áreas, situación que si bien en la esfera del Poder Ejecutivo no es tan preocupante, sí lo es en relación a los otros dos poderes del Estado, que deben terminar yendo al pie del Gobierno para que se autoricen refuerzos de partida que de hecho el Poder Ejecutivo está en condiciones de dar porque la curva de ingresos ha seguido la tendencia inflacionaria.
Lo grave es que, en esta situación, dos poderes que debieran funcionar con plena autonomía en el marco de la división que determina la Constitución, terminan en una situación de capitis diminutio que ha mostrado en años anteriores a un presidente del Superior Tribunal claudicante, como lo fue Carlos Rubín yendo y viniendo a la Casa de Gobierno, una postal que no debiera repetirse como que nunca se dio en el ámbito nacional en que nadie imagina a un Presidente de la Corte Suprema en una posición tan poco decorosa.
Con esta experiencia seguramente que los legisladores, responsables de la aprobación del Presupuesto, tendrán este año la precaución de abrir el paraguas con tiempo para que el año venidero no estén ni los judiciales, ni los legislativos con la misma situación que han vivido ahora.
En el caso del Poder Legislativo, hay una ley promulgada y vigente, la 5.744, que sancionada en 1999 aún no tiene vigencia a pesar de que nunca fue derogada. El Poder Judicial también tiene su propia ley de autarquía que fija el 6,27 por ciento, aunque no determina la transferencia automática, vía goteo, como existe para los municipios. En este último caso por mora del propio Superior Tribunal que no ha dado los pasos administrativos tendientes a hacer efectiva la autarquía en los términos en que se inspiró la norma que por ahora sigue siendo letra muerta.
Fuente: Ellibertador
Martes, 23 de septiembre de 2014
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