BRASIL Dilma Rousseff presentó al nuevo gabinete y pidió a sus ministros que "hagan más con menos recursos"  La presidenta de Brasil invistió a 10 ministros en el marco de una reforma que puso en marcha para reducir gastos y reunificar a la coalición oficialista, de la que depende para que el Congreso avale el ajuste fiscal y frene los pedidos de juicio político en su contra.
Según informó hoy la agencia oficial de Brasil, durante la ceremonia la mandataria del Partido de los Trabajadores (PT) pidió a los nuevos ministros de su Gobierno que "trabajen más", que sean eficientes en el gasto y que "hagan más con menos recursos".
También les recomendó que "dialoguen mucho" con la sociedad y con los partidos políticos, que "trabajen unidos para que Brasil retome el crecimiento en seguida"y pidió "mucha dedicación" a su equipo porque, según indicó, "tenemos un Brasil para gobernar hasta 2018".
La referencia al año en el que debería concluir su segundo mandato, que asumió el pasado 1 de enero, fue interpretada como una alusión a los pedidos de destitución que se tramitan en el Congreso.
Según la presidenta, la reforma, que incluye la reducción del número de ministerios de 39 a 31, le otorgará una mayor calidad a la gestión pública, algo que, aseguró, es crucial para que Brasil vuelva a crecer.
"Todos queremos un Estado más preparado para realizar el equilibrio fiscal necesario, imprescindible para retomar el crecimiento. Estamos empeñados en ese equilibrio de las cuentas, en la reducción de la inflación y en la recuperación de la confianza de los inversores", afirmó.
Además de la reducción de ministerios, la reforma incluyó el recorte de 30 secretarías, 3.000 cargos públicos y una reducción del 10 por ciento de los salarios de la presidenta, su vice y todos los ministros.
Desde el punto de vista político, el cambio más significativo de la reforma es la sustitución del jefe del Gabinete Civil, Aloízio Mercadante, por el ahora ex ministro de Defensa, Jaques Wagner.
Mercadante, hombre de confianza de Rousseff, pasó a ocupar la cartera de Educación, que había comandado entre 2012 y 2014, para lo cual fue cesado la semana pasada el catedrático Renato Janine.
La salida de Mercadante del cargo de "primer ministro" era demandada por el ex presidente Lula da Silva y por el principal aliado del gobierno, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), con quien Mercadante no tenía buena relación.
El PMDB fue el partido más beneficiado en la reforma, sobre todo en términos cualitativos, puesto que asumió varias de las carteras con mayor presupuesto.
El gobierno, desde hoy con 31 ministerios, cuenta con nueve titulares del PT; siete del PMDB, otros siete de diferentes partidos y los ocho restantes, sin afiliación a ningún partido.
Cuatro ministros son nuevos en el gobierno: Marcelo Castro (Salud), Celso Pansera (Ciencia, Tecnología e Innovación), André Figueiredo (Comunicaciones) y Nilma Gomes (Mujeres, Igualdad Racial y Derechos Humanos).
Otros seis han cambiado de funciones: Jaques Wagner dejó el ministerio de Defensa y asumió el de Presidencia, una cartera en la que sustituye a Aloizio Mercadante, quien asumió el ministerio de Educación.
Aldo Rebelo cambió Ciencia y Tecnología por Defensa; Ricardo Berzoini pasó de Comunicaciones a la nueva Secretaría de Gobierno; Miguel Rossetto abandonó la Secretaría General de la Presidencia para asumir Trabajo y Previsión Social y Helder Barbalho hizo un trueque de la extinta cartera de Pesca por la de Puertos. Por otro lado, el gobierno lanzó hoy una ofensiva contra el Tribunal de Cuentas y pidió la separación de su cargo del relator Augusto Nardes por dar a conocer su opinión sobre presuntas maniobras administrativas de la presidenta Rousseff antes de presentar el caso a sus pares, cuando parece inminente que ese organismo presente una denuncia que podría ser causal de juicio político contra la mandataria.
Tres ministros del gabinete de Rousseff convocaron ayer a una conferencia de prensa para solicitar la separación de su cargo del ministro relator del proceso, quien anunció públicamente su parecer antes de presentarlo a sus pares del Tribunal de Cuentas de la Unión.
"Está prohibido que un magistrado manifieste a través de cualquier medio su opinión sobre un proceso que aún aguarda su juzgamiento" por lo cual el gobierno "solicitará" que el Tribunal de Cuentas designe otro relator, anunció el ministro Luis Inácio Adams, Abogado General de la Unión.
Lunes, 5 de octubre de 2015
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