ENTRE RIOS Procesaron a acusados de explotar sexualmente a mujeres correntinas  Dos personas procesadas por explotar sexualmente a un grupo de mujeres en un prostíbulo del Departamento Colón provincia de Entre Ríos, deberán ir a juicio ya que fue rechazada la apelación presentada por su defensor. La causa se inició con una denuncia telefónica realizada ante la guardia del Casino de la Sección Colón de Gendarmería Nacional el 16 de mayo de 2012, que daba cuenta de que en el local C-K (ubicado sobre la ruta nacional 14, a la altura de la localidad de Villa San José) se hallaban trabajando nueve mujeres mayores y dos menores en condiciones de prostitución, provenientes de Misiones, que eran trasladas a un lugar privado, propiedad de la misma dueña del local nocturno.
Tras la investigación mediante tareas de inteligencia por parte de la Gendarmería se pudo identificar a dos personas como titular del prostíbulo y a un hombre como el regente, y que en el local habría entre cuatro y nueve mujeres ejerciendo la prostitución, quienes realizaban “pases” en las habitaciones del local y “copas”. Algunas de ellas eran de Misiones, Corrientes y del Uruguay.
El allanamiento al lugar se llevó a cabo el 26 de agosto de 2012, y se constató la presencia de la encargada del local, cuatro mujeres y seis parroquianos.
Además, se encontraron elementos que sugerían el funcionamiento de un prostíbulo, como preservativos, gel, pulseras de distinto color, libretas con anotaciones varias manuscritas, documentación, entre otros elementos.
Por esto quedaron imputados la dueña del local (N. N. M. y L. A. N), por el delito de trata de personas mayores de 18 años con fines de explotación sexual, agravado por el número de víctimas y mediando abuso de situación de vulnerabilidad.
“Eran libres”
El abogado defensor Alberto José Casanova presentó un recurso de apelación, solicitando el sobreseimiento de los procesados, por varias cuestiones. En primer lugar, entendió que no se trató de una organización destinada a coartar la libertad de las personas ni de abusar de una situación de vulnerabilidad, ya que las mujeres trabajaban en un ámbito de libertad y que los imputados no participaban de la explotación sexual. Señaló que las mujeres, como copistas, sí tenían una participación económica y les cobraban un alquiler por la habitación, y destacó que de las testimoniales surge que podían entrar y salir del local. Además, el defensor aludió a la existencia de una cooperativa en la que la dueña del local era una trabajadora más.
Casanova sostuvo que en relación a esta mujer, se está imputando a alguien que ejerció la prostitución durante muchos años, incluso las chicas eran excompañeras de trabajo suyas. Refirió que tenía permiso y habilitaciones municipales y sanitarias y que la Policía concurría al local para controlar. Por último, el abogado afirmó que no existió engaño ni esclavitud, por lo que los imputados no son delincuentes tal como alude la Ley de Trata.
Roles y explotación sexual
A su turno, la fiscal general María Eugenia Wilson dijo que el hecho de que las mujeres digan que hace mucho que están ejerciendo la prostitución, no quita el abuso de la situación de vulnerabilidad. Subrayó que son el sostén económico de su grupo familiar y carecen de estudios, que se probó que realizaban pases con clientes del local, con un desdoblamiento del costo.
En este sentido, Wilson señaló que el dinero era retenido por la dueña cuando se trasladaban a su lugar de origen y que la misma se beneficia con el ejercicio de la prostitución ajena. Para esto, afirmó la fiscal, existió la distribución de roles para explotar a las víctimas de cada imputado, por lo que solicitó que se confirme el procesamiento de ambos.
“Una cultura tolerante” de la trata
Los vocales de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por Mateo Busaniche, Daniel Alonso y Cintia Gómez revisaron las pruebas de la causa y los planteos de las partes, y rechazaron el planteo defensivo, por lo que la causa irá a juicio. Argumentaron que “se advierten severos indicios de una real participación en la explotación ajena y plural por parte de los encartados”, y se refirieron a los informes de la investigación de Gendarmería que “ilustran que las mujeres eran prostituidas en el local”, por lo cual cobraban 25 pesos por las copas y pases por entre 150 y 200 pesos, dinero del cual la dueña les retenía el 30%.
Por otro lado, los jueces cuestionaron al defensor citando la resolución de la Convención de Belem do Para: “Parece hasta casi agraviante sostener, como lo ha hecho la defensa que ‘el trabajo’ que ‘libremente’ desarrollaban está reglamentado y por eso tiene limitaciones o condicionamientos, como cualquier otro trabajo. Pensamos que es hora de poner fin a los eufemismos y comenzar a reconocer que todavía nos circunda una cultura ciudadana tolerante de prácticas que a la luz de la actual legislación, tanto nacional como internacional, resulta ser aberrante y contraria a la dignidad de las personas, en particular de las mujeres”.
Por esto, la Cámara confirmó el procesamiento de los dos acusados, por un delito que tiene una pena que oscila entre los cuatro y 10 años de prisión, en caso de que en el juicio los encuentren responsables del delito.
La situación económica impele a la prostitución
-Los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná citaron el informe de la Dirección Nacional de Rescate y Acompañamiento de Personas Víctimas de Trata, fruto de las entrevistas mantenidas con las mujeres que estaban en el prostíbulo C-K de la ciudad de San José.
- “Respecto de la situación de vulnerabilidad de las mujeres entrevistadas se puede destacar que: la mayoría de las personas no habrían podido finalizar con sus estudios formales, incluso, una de ellas habría cursado solo un año de escolaridad Primaria, por lo que carecería de los conocimientos básicos de lectoescritura, situación que la expone más aún a diversos tipos de abusos”.
-“Las oportunidades de ingresar al mercado laboral, conseguir un trabajo formal y bien remunerado son muy limitadas para estas mujeres, tal es así que la mayoría se encuentra en situación de prostitución desde hace varios años, sin contar con oficio o especialización laboral alguna”.
-“La mayoría de las mujeres serían el único sostén económico y afectivo de los hijos. Todas coincidieron en que el factor económico fue determinante para ingresar al circuito prostibulario ya que consideraban que, ante las apremiantes necesidades económicas, ese era el modo más rápido para obtener dinero.
- “Esto es producto de un contexto social e ideológico en donde no solo se naturaliza sino que se promueve la mercantilización del cuerpo de las mujeres”.
- “Por otra parte, el factor etario (edad) se constituye en un elemento más que agrava la situación de vulnerabilidad de las víctimas. Todas las mujeres son adultas y llevan muchos años dentro del circuito de la prostitución”.
- “Todos estos factores exponen a las mujeres a diferentes situaciones de riesgo y facilitan el aprovechamiento por parte de personas que detentan mayor poder”.
Fuente: Corrienteshoy.
Martes, 8 de octubre de 2013
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