POR EMIR SADER Guerra a la reputación  Se tratan de casos de persecución política, promovidos por la alianza entre sectores del Poder Judicial y de los medios, unidos en el combate a la imagen pública de los líderes populares.
Sin argumentos frente al éxito de los modelos económicos y sociales de los gobiernos progresistas latinoamericanos, la derecha de esos países se dedica a atacar la imagen personal de los líderes de la izquierda latinoamericana.
Cada vez más favorito para volver a ser presidente de Brasil, asumiendo la coordinación del gobierno de Dilma Rousseff, Lula es acusado de tener un departamento que nunca fue suyo, en un sitio que nunca le perteneció. Se ha vuelto el político más investigado por sus enemigos en el Poder Judicial y en la Policía Federal, se ha presentado siempre para declarar, sin ningún problema, pero nunca han encontrado nada que lo involucrara.
Lula, después de ser el presidente de más éxito que Brasil jamás tuvo, dentro y fuera del país, volvió a vivir en el mismo departamento de antes, en São Bernardo do Campo, periferia de la industria automotriz de Sao Paulo, donde el había hecho su carrera profesional de tornero mecánico y de líder sindical metalúrgico. Mientras que Cardoso, después que salió de la presidencia, tiene, entre otros bienes nuevos, un departamento en la Avenue Foch, en el barrio más rico de París.
De la misma manera, Dilma Rousseff tiene un pedido de impeachment encaminado por 38 votos de una comisión parlamentaria, 35 de los cuales están implicados en procesos de corrupción, mientras que nada se ha probado en contra de ella.
Tratan de implicar a Evo Morales en supuestas acciones de favorecimiento de empresa privada, a partir de una relación afectiva que tuvo en el pasado. Y buscan acusar, sin ningún fundamento, a Cristina, en un supuesto caso de lavado de dinero.
Se tratan de casos de persecución política, promovidos por la alianza entre sectores del Poder Judicial y de los medios, unidos en el combate a la imagen pública de los líderes populares.
Es la confesión de que la derecha no puede competir con esos líderes en la disputa democrática de las elecciones y de las manifestaciones callejeras. Trata entonces de buscar la judicialización de la política, intentando sacar de la vida política a líderes populares de amplio apoyo en la sociedad.
La forma que buscan es la de la descalificación personal. Los gobiernos del PT habrían tenido éxito porque habrían financiado sus elecciones y reelecciones mediante procesos de corrupción. No encuentran ninguna evidencia, pero insisten en esas acusaciones, intentando descalificar todo el proceso de inmensa democratización social que el país ha vivido en esos años.
Tratan de descalificar las gigantescas trasformaciones que ha vivido Bolivia bajo el liderazgo de Evo Morales y de Álvaro García Linera, alegando un comportamiento personal indebido del presidente y de que el documento universitario que comprueba el currículo académico del vicepresidente no correspondería.
Al igual que intentan criminalizar a Cristina, sin ningún fundamento, como si ello pudiera descalificar el rescate de Argentina de la peor crisis de su historia, que Néstor y ella hicieron.
Lo que tratan de hacer es de ensuciar la imagen pública de los líderes populares, con la reiteración de denuncias sin base alguna, pero que, por la reiteración, buscan crear sospechas respecto al comportamiento de esos líderes. Buscan, a la vez, desplazar los temas económicos, políticos y sociales, hacia temas de la corrupción, con la acción correspondiente del Poder Judicial.
El inmenso proceso de democratización social que ha vivido América Latina en este siglo está en peligro, en caso de que no se avance en la democratización de la formación de la opinión pública y en la democratización del Poder Judicial.
Viernes, 15 de abril de 2016
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