BRASIL Senado aprueba continuar juicio político a Dilma Rousseff  Mientras transcurrió la sesión, ocurrieron manifestaciones que acusaron de golpista a Michel Temer.
El Senado brasileño dio este miércoles otro paso hacia la destitución de la presidenta constitucional Dilma Rousseff, al aceptar, por 59 votos contra 21, la acusación sobre irregularidades fiscales en el presupuesto 2015.
La sesión, que duró más de 16 horas, enfrentó a los defensores del impeachment con los de Rousseff, mientras que en al menos 16 ciudades de Brasil se realizaron manifestaciones de grupos de izquierda que reclaman la salida de Michel Temer del gobierno, al que acusan de golpista.
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El resultado de esta madrugada permitió observar que los que quieren la destitución de Rousseff son más de los necesarios, un resultado al cual se adelantaron parlamentarios del Partido de los Trabajadores (PT) que anunciaron que recurrirán a la comisión de derechos humanos de la OEA para que se suspenda el juicio político.
La votación sirvió para respaldar el informe acusatorio contra Rousseff confeccionado por el senador Antonio Anastasia, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), aliado de Temer, que indicó que Rousseff violó la Constitución al realizar movimientos en el presupuesto sin autorización del Congreso.
"Los peritos dijeron que la presidenta no cometió este acto que se realizó en todos los mandatos anteriores. Este no es un juicio técnico porque no hay pruebas. El relator actuó como en la Inquisición, actuó como Torquemada, creando situaciones que no son de las pruebas", manifestó el abogado de Rousseff, José Eduardo Cardozo.
La defensa sostuvo que quiere aplicarse el parlamentarismo para retirar a una presidenta electa.
El vicepresidente del Senado, Tiao Viana, del PT, expresó que "el proceso está viciado" porque fue originado por Eduardo Cunha, mano derecha de Temer, en diciembre, entonces presidente de la Cámara de Diputados que no contó con la protección de Rousseff ante acusaciones de corrupción en el escándalo de Petrobras.
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"Se ha montado un tribunal de cartas marcadas, un golpe contra quienes no soportan el ascenso social, que no soportan la derrota electoral, que no soportan que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva haya sido el líder mundial que logró mostrar un país más justo que conquistó los Juegos Olímpicos de Río 2016", sostuvo Viana.
Otros de los que quedaron en minoría, Roberto Requiao, del PMDB de Temer, fue en contra de su partido al afirmar que el gobierno interino "está vendiendo el pais al mercadismo financiero internacional", por lo que reclamó el fin del proceso, al restitución de Rousseff y el llamado a elecciones.
Requiao dijo que 35 de los 81 senadores no deberían votar ya que están en la lista de Odebrecht, es decir, dentro de las personas que supuestamente recibieron financiación ilegal de campañas o sobornos por parte de la mayor empresa de ingeniería del país, cuyo heredero está preso y negocia un acuerdo de delación a cambio de reducción de pena.
Marcelo Odebrecht, condenado en primera instancia, acusó de haber entregado dinero en efectivo ilegal a Temer, a su jefe de ministros, Eliseu Padilha, y el canciller Serra, de acuerdo a documentos que fueron filtrados a la prensa.
Gleisi Hoffman, ex jefa de gabinete de Rousseff, del PT, por su parte abrevó en la teoría de convocar a un plebiscito para que se realicen elecciones anticipadas generales, para todos los cargos.
El acusador y creador del texto sobre irregularidades en el presupuesto, el jurista Miguel Reale Junior, ex ministro del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, dijo que Rousseff está siendo procesada "por el conjunto de la obra, por intentar esconder la crisis económica".
Por su parte, Lindbergh Farias, del PT, afirmó que "este es uno de los días más tristes de la historia porque se está consagrando un golpe de las oligarquías que no aceptaron la derrota electoral" y advirtió que si Temer es confirmado en la presidencia tendrá inmunidad para no ser investigado por su relación con Odebrecht, producto de un mandato anterior, en 2014.
Rousseff, que fue suspendida del cargo al frente del Ejecutivo el último 12 de mayo, denunció que su vice, Michel Temer, que la reemplaza provisoriamente, orquestó un "golpe" en su contra.
Analistas ya han referido que la medida contra la mandataria no es más que una estrategia jurídica promovida por el Parlamento para colocar punto y fin a los más de 13 años de políticas progresistas en la nación.
La última sesión se celebrará a finales de agosto y se calcula que puede durar hasta cinco días, la destitución de Rousseff dependerá de que sea aprobada por una mayoría calificada de dos tercios (54 votos) del pleno.
De ocurrir todo lo contrario, Rousseff deberá ser absuelta y podrá recobrar el poder.
En contexto
El informe elaborado por el senador Antonio Anastasia, que recomendaba llevar el caso de la presidenta suspendida a su juicio definitivo en la Cámara Alta, acusa a la mandataria brasileña de violación de las leyes fiscales del país, manipulación de las finanzas públicas para beneficiar su reelección en 2014 e implicación en actos de corrupción en la Petrobras.
El 4 de agosto las organizaciones que integran el Frente Brasil Popular, apuntaron que "la destitución de Rousseff no tiene fundamento legal, es un golpe, planeado y llevado a cabo, incluso para detener las investigaciones que alcanzarían los propios estafadores".
Asimismo detallaron que "esto no es un golpe de estado contra un presidente legítimamente elegido solamente, es también contra los millones de votos que se van a revocar, en contra de la Constitución".
Miércoles, 10 de agosto de 2016
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