Por Felipe Pigna El caso Satanowsky  El 13 de junio de 1957 apareció muerto en su estudio de la calle San Martín 536, el doctor Marcos Satanowsky. Como denunció oportunamente Rodolfo Walsh en el Caso Satanowsky, el asesinato fue cometido por sicarios del increíble general Quaranta, el mismo de los fusilamientos y del asalto a la embajada de Haití. Walsh pudo establecer que el abogado fue acribillado por una patota de la SIDE compuesta por José Américo Pérez Griz, Rodolfo Ladislao Palacio y el “Huaso” Marcelino Castor Lorenzo, un hombre de largo prontuario. Como señalara Walsh, Quaranta cubrió los cuadros de la SIDE con militares gorilas y delincuentes comunes sin una clara línea divisoria.
El crimen estaba vinculado con la tenencia de las acciones del diario La Razón, intervenido por la “Libertadora”. Se había alegado que su tradicional dueño, Ricardo Peralta Ramos, le había vendido el diario a Miguel Miranda, presidente del Banco Central y hombre clave del primer gobierno de Perón, en unos tres millones y medio de pesos. Peralta Ramos comenzó a recibir presiones y extorsiones para que entregara el diario al gobierno. La Comisión Investigadora número 7 de la “Libertadora” dictó la interdicción a Peralta Ramos y lo acusó por la tenencia indebida de las acciones. La causa se inició en el juzgado del doctor Arturo Llosa, un juez de prestigio que murió en un extraño accidente automovilístico mientras tramitaba el expediente. La causa pasó al juez Esteban García Susini, quien se excusó poco antes de su fallecimiento producido por un escape de gas en su casa.
El doctor Satanowsky era el abogado de Peralta Ramos y se proponía demostrar que el pago de Miranda no era una compra sino un préstamo. Señalaba como elemento probatorio la ausencia de un contrato de compra del diario y exigió que se exhibiera la fotocopia del supuesto cheque que el gobierno alegaba tener y que nunca apareció. Pronto comenzaron sobre Satanowsky las presiones, que incluyeron la obligación de dejar su cátedra en la Facultad de Derecho. Para legitimar este “apriete”, el gobierno sancionó en febrero de 1956 el decreto 1865 que decía:
Declárase absolutamente incompatible, bajo pena de exoneración, el desempeño de cualquier función o empleo público, inclusive el docente, o las tareas de cualquier clase originadas en nombramiento de Comisiones Investigadoras o Intervenciones decretadas por el Gobierno Revolucionario, con la intervención o participación, por sí o por interpósita persona, en el asesoramiento, defensa, patrocinio o representación de personas y/o sociedades o asociaciones interdictas o sometidas a responsabilidad penal, civil y/o administrativa por delitos o irregularidades investigadas durante el gobierno de la Revolución Libertadora.
De esta manera, los “libertadores” esperaban que el brillante abogado abandonara a su defendido para hacerse más fácilmente del diario. Sin embargo, Satanowsky no se rendiría tan rápido y, puesto en la disyuntiva, declararía:
Entre el honor de desempeñar la cátedra y el deber de asistencia jurídica a los que erróneamente han sido incluidos en los decretos sobre interdicciones, opto por el segundo… En todos los países civilizados, la defensa de la vida, honor e intereses de las personas, es sagrada e intocable. Aun los criminales de guerra han sido defendidos por los mejores abogados del país vencedor.
Los asesinos buscaban en su estudio la documentación probatoria de la venta de La Razón a funcionarios peronistas, lo que “justificaba”, según la particular legalidad del nuevo régimen de facto, su confiscación por el gobierno.
El caso estuvo rodeado de una atmósfera de corrupción que Walsh fue denunciando en sus notas semanales. Las irregularidades del caso llegaron hasta la citación del propio periodista, pero no por medio de una carta documento a su domicilio, como amerita una citación judicial, sino a través de una solicitada en el diario La Nación, que permitía a cualquiera saber la hora y el día exactos de su presencia en los tribunales. De esta manera, según denunciaba el periodista, se invitaba abiertamente a posibles asesinos a identificar al escritor que tantos problemas les estaba causando.
Se puede verificar lo premeditado del homicidio si se tiene en cuenta que siete meses antes una revista chilena había publicado un artículo acusando falsamente a Satanowsky de comunista, lo que haría que los asesinos dejaran en la escena del crimen panfletos nacionalistas para hacer creer que el móvil consistía en un ajuste “ideológico” de cuentas. En diciembre de 1957 y a raíz de una recompensa ofrecida por la familia Satanowsky a quien pudiera aportar datos de interés para la causa, apareció Elsa del Pin de Estévez, más conocida como La Gallega, quien había mantenido un noviazgo con Pérez Griz y cuyos testimonios permitieron llegar al arma homicida, un revólver calibre 38 que había estado en poder de su ex pareja.
El juez ordenó la captura de Pérez Griz, quien fue detenido en Paraguay gracias a que un denunciante identificó al hombre que había salido en la tapa del semanario Mayoría, donde Rodolfo Walsh publicaba sus notas sobre el caso.
Pérez Griz era un ex integrante de la custodia del general Lonardi y hombre cercano al general Quaranta, que había sido separado de las filas de la Policía Federal por el robo de unos vehículos. Walsh lo pudo entrevistar en la cárcel paraguaya y obtener de él una confesión firmada en la que admitía haber conducido a Lorenzo, Palacios y a otra persona que no identificó al estudio del doctor Satanowsky y que los esperó en el auto. También dio el dato clave de que Quaranta les entregó dinero tras concretar el crimen. Obviamente presionado, se desdijo a los pocos días, mientras el juez de la causa, Tiburcio Álvarez Prado, ponía en libertad a Palacios y a Lorenzo alegando que el proyectil que terminó con la vida del abogado no partió del arma que se había peritado.
La causa quedó impune, a pesar de haberse formado durante el gobierno de Frondizi una comisión parlamentaria investigadora que pudo comprobar la responsabilidad de la SIDE y su jefe de entonces, el general Juan Constantino Quaranta. Para Walsh, que había colaborado con la comisión, las cosas estaban claras y pudo demostrar que los autores del crimen tenían acceso a los archivos policiales y a los de los servicios de informaciones, que el autor material del crimen fue Marcelino Castor Lorenzo y que el móvil fue la posesión del diario La Razón.
Como decía en 1973 la contratapa de la primera edición en libro de la investigación de Walsh:
El caso Satanowsky reveló la profunda corrupción de un régimen que intentaba resolver mediante un grupo parapolicial, armado por la SIDE, la propiedad del diario La Razón. Semana tras semana generales, almirantes y jueces soportaron impávidos la campaña de un periodista que los acusaba de asesinato, extorsión y encubrimiento. Triunfó el silencio, la impunidad. Pero la historia es hoy más ejemplar que en 1958: los que mataron a Satanowsky son, de algún modo, los que gobernaron el país hasta el 25 de mayo de 1973. Aprender a conocerlos, es impedir que vuelvan.
Lamentablemente, a caballo de la impunidad, “volvieron” en versión aumentada. En cuanto al general Quaranta, fue protegido por el poder, que el 23 de noviembre de 1956 lo premió con el cargo de embajador “extraordinario y plenipotenciario” en Bélgica.
Referencias:
Marcos Satanowsky era un destacado abogado de empresas; fue integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural, profesor titular de la Facultad de Derecho de la UBA y autor de un conocido Tratado de Derecho Comercial. Fue además el primer presidente que tuvo la Sociedad Hebraica Argentina y ejerció el periodismo desde las páginas de su periódico El Diario.
Los textos de Walsh aparecieron inicialmente como notas en el periódico Mayoría, desde mediados de 1958, y quince años después se publicaron como libro (Caso Satanowsky, De la Flor, Buenos Aires, 1973 y varias ediciones desde entonces).
Marcelino Castor Lorenzo, entonces de 52 años, estaba prontuariado como autor de cuatro asesinatos en la Capital, tres en la provincia de Buenos Aires y uno en Concordia. Su prontuario incluye delitos de corrupción, varios asaltos a mano armada y juegos de azar prohibidos. Fue un conocido matón a sueldo y asesino profesional que trabajó como guardaespaldas del caudillo conservador Güerci y del diputado Visca durante el peronismo. Cayó bajo una ráfaga de balas disparadas desde un auto al salir de un depósito donde trabajaba como sereno el 14 de octubre de 1972, cuando ya parecía que nadie se acordaba del asunto.
Viernes, 8 de noviembre de 2013
|
