Por Horacio Verbitsky El antídoto  La inclusión social y el control político de las fuerzas de seguridad son el antídoto prescripto por el gobierno nacional para la descomposición de las policías provinciales. El Estado Nacional está limitado por las autonomías provinciales, pero aun así tiene un amplio campo de actuación para confrontar con el modelo vertical y jerárquico y el modo de relación con la sociedad, como fuerzas de ocupación. El rol de la Justicia para desbaratar las redes de ilegalidad con participación policial.
Inclusión social y control político de las fuerzas de seguridad para incorporarlas a los procesos democráticos en cada una de las jurisdicciones, como ya se hizo con las Fuerzas Armadas. Ese fue el antídoto contra la extorsión policial que la presidente CFK prescribió en su discurso del 10 de diciembre. Pero mientras las Fuerzas Armadas y las intermedias, como la Gendarmería y la Prefectura, son estructuras nacionales, las policías están en la jurisdicción de cada provincia. Una cultura institucional anquilosada se amalgama con el mensaje represivo y autoritario con que los sectores beneficiarios del statu quo económico y social responden a la preocupación por la denominada inseguridad. El gobierno nacional detecta la raíz del problema, pero cuando habla del control civil sólo percibe a la justicia como un estorbo para la conducción política de las fuerzas. Esta no es una contradicción menor. Que una de las provincias castigadas por la sedición y la muerte haya sido el Chaco (donde el flamante jefe de gabinete, Jorge Capitanich, había comenzado la reforma de su policía y puesto en marcha el mecanismo local que contempla la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas) también manifiesta la magnitud de las resistencias que el cambio provoca. Una de las víctimas fue el subcomisario Christian Vera, de 36 años. Su familia tenía una íntima relación de amistad con Capitanich, quien pocos días antes había asistido al velorio de la madre del oficial. Vera no se plegó a sus colegas acuartelados e intentó contener un saqueo. Vestía su chaleco antibalas, pero el proyectil ingresó por la ingle y lo mató. ¿Fue por casualidad, o el disparo partió de otro profesional que conocía dónde termina la protección del chaleco? Otra pregunta, que escuché con insistencia en Córdoba, ¿cómo pudo haber sólo un muerto si durante toda la noche se escucharon disparos en forma incesante? En cualquier caso, es imposible exagerar la gravedad de los hechos degradantes sucedidos, que tendrán consecuencias económicas y sociales, al adelantar las negociaciones paritarias previstas para el año próximo en las que todos los trabajadores de la órbita del Estado Nacional, las provincias y los municipios reclamarán con estricta justicia igual trato. También afectarán el vínculo entre la Nación y las provincias, que no pueden hacer frente a los compromisos arrancados a sus gobernadores. Los alzamientos carapintada, la hiperinflación y los saqueos, la crisis de fin de siglo con todo lo que implicó (descomposición institucional, feroz transferencia de ingresos, surgimiento de nuevas formas de organización social, asesinato de militantes populares), son los otros picos de crisis que dejaron huellas y cuya sombra ominosa sólo pudo disiparse con profundas transformaciones. Este cuadro impone una respuesta lúcida y eficiente de las autoridades, para encarar de una buena vez y a fondo las reformas policiales que se han venido posponiendo durante décadas.
Los pactos rotos
Llegué a Córdoba cuando recién concluía la noche del terror, para participar en un homenaje a María Elba Martínez, la abogada defensora de los derechos humanos que murió en agosto. Ella fue la principal impulsora de la causa Menéndez, pero también comprendió que la estructura represiva de entonces se continuaba en dispositivos, métodos y personas, que el sistema político debía purgar y subordinar. María Elba me habló por primera vez del Tucán Grande y del Tucán chico, los hermanos represores Carlos y Raúl Yanicelli, a quienes el gobierno radical respaldó al frente de las direcciones de Inteligencia y de Drogas Peligrosas. El ex policía Luís Alberto Urquiza los acusó de haberlo interrogado bajo torturas, en la dirección de Inteligencia policial, la D2, y el gobernador Ramón Mestre y su ministro Oscar Aguad tuvieron que pasar al Tucán Grande a retiro. En 2008 fue detenido y este año condenado a prisión perpetua. Pero De la Sota designó como jefe de policía a su ex custodio y al mismo tiempo ex secretario del Tucán Grande, el comisario Alejo Paredes. En una consagración explícita de la autonomía policial y la falta de control político, lo ascendió luego a ministro de Seguridad. Paredes eligió como jefe de policía a su compañero en aquella siniestra D2, comisario Ramón Frías. El comisario Julio César Giménez denunció que el nuevo jefe lo había amenazado para que dejara de investigar el asesinato de su padre sindicalista, en la D2, si no quería que le ocurriera lo mismo. El gobernador debió deshacerse de Paredes y Farías en septiembre de este año, cuando el fiscal federal Enrique Senestrari desmanteló la red criminal que vinculaba con la comercialización de sustancias estupefacientes de uso prohibido a los jefes policiales encargados de combatirla. Este quiebre del pacto de impunidad tendría consecuencias, como también ocurriría en Santa Fe con un proceso similar. Otro fiscal federal, Juan Patricio Murray, llevó a la cárcel al jefe de la policía provincial, Hugo Tognoli, por su asociación con los traficantes que debía combatir. Algo parecido ocurrió en Tucumán. El fiscal investigador, Diego López Avila, es provincial, pero con la asistencia de una fuerza federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, consiguió la detención del ex subjefe de Policía Nicolás Barrera y del ex jefe de la Regional Norte, Héctor Brito, por encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos, hija de un ex funcionario del gobernador José Alperovich. En todas esas provincias, la policía organizó, favoreció o habilitó los saqueos, como advertencia a los respectivos gobernadores, que cedieron sin dilación. De la Sota prescindió de la cúpula policial que había designado hace apenas tres meses y redujo la jerarquía del ministerio a la de una simple Secretaría, que ocupará Matías Pueyrredón, hombre de enlace entre el poder económico de Córdoba y la Justicia. Como jefe de policía asumió el comisario Julio César Suárez, quien responde al ex jefe Ramón Frías, y como subjefe el comisario Héctor Alberto Laguía, vinculado con Paredes, según me cuenta un estudioso de la institución policial, el periodista Dante Leguizamón. Laguía fue investigado por el pago de adicionales no realizados a un grupo de oficiales jefes, pese a lo cual Paredes lo ubicó en la Dirección General de Administración, que es donde se deciden muchas de las cosas que enojaron a la tropa: el pago de los sueldos, en qué gasta y en qué no su dinero la policía, cómo se pagan los adicionales y las compras. Laguía pasó al ministerio justo cuando comenzaba el reemplazo de los viejos edificios policiales por nuevas sedes. “El negocio fue fenomenal porque se vendía una casona hermosa en plena Nueva Córdoba o un predio de 6 hectáreas en Villa Belgrano que valían fortunas y esa plata era administrada sin ningún tipo de control”, agrega Leguizamón. Suárez y Laguía tienen poca experiencia, pero fogueados asesores, en lo que se aprecia como una recomposición de los pactos rotos en septiembre.
Una fuerza de ocupación
Cada persona con la que hablé en esas primeras horas de luz contaba que los saqueos se iniciaron en el barrio donde viven los policías, cerca del acuartelamiento y con métodos de precisión que descartan cualquier espontaneidad. También señalaban la extrema brutalidad de la respuesta posterior. Luego del duro enfrentamiento, De la Sota y la policía se pusieron de acuerdo en señalar como blanco a los barrios populares. Pocos días antes se había realizado la Marcha de la Gorra, que el Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos convoca desde hace siete años cada 20 de noviembre, aniversario de la sanción de la Convención de los Derechos del Niño. Esta vez asistieron 15.000 personas, que reclamaron la derogación del Código de Faltas provincial, equivalente a los edictos policiales que en la Ciudad de Buenos Aires fueron abolidos por el Estatuto constituyente de 1996 y sustituidos en 2004 por el Código de Convivencia. De la Sota creó el Cuerpo de Acción Preventiva (CAP); firmó un convenio con la Fundación del ex ingeniero Blumberg y el Manhattan Institute, para la instalación de mil cámaras en denominadas zonas críticas y creó un registro de huellas genéticas de sospechosos. Las medidas de patrullaje se reforzaron con la incorporación de helicópteros y la implementación de una “nueva estrategia de ocupación territorial”. También se sancionaron leyes provinciales por las que Córdoba asumió la competencia para investigar y juzgar delitos leves de la ley de estupefacientes y la ley de trata de personas, las mayores cajas policiales junto con la policía caminera.
Un informe de la Comisión Cordobesa por la Memoria, en cuyo capítulo sobre la seguridad y la policía intervinieron los académicos de la Universidad Nacional de Córdoba Magdalena Brocca, Susana Morales, Valeria Plaza y Lucas Crisafulli, sostiene que el gobierno provincial provee a su policía cada vez más armamento, tecnología, móviles y efectivos, así como mayor autonomía operativa. Entre 2003 y 2013 el crecimiento del personal policial superó al de cualquier otra repartición pública: de 13.000 a 27.000 efectivos, pese a lo cual las tasas delictivas se mantuvieron y las contravencionales volaron: en 2005 hubo 8.960 detenidos por contravenciones, en 2011, 73.100, ocho veces más. El Cuerpo de Acción Preventiva no responde a la estructura de las comisarías, sino a un mando propio y centralizado, como el Comando Radio Eléctrico de la dictadura. Este cuerpo “define –habilita o restringe– las formas de habitar el territorio urbano de grandes sectores de la población cordobesa”, dice el informe. En consecuencia, Córdoba tiene una policía joven, casi sin formación profesional, salvo un curso de nueve meses, cuyo verdadero aprendizaje se realiza en la calle con el Código de Faltas como hoja de ruta. Esa subcultura policial, vinculada a la jerarquía, la obediencia, la disciplina y el ingreso a una corporación con lógicas violentas, aleja y diferencia a sus miembros de la vida civil. El bajo sueldo básico obliga a realizar adicionales, que la misma policía asigna en forma arbitraria. Durante 2012, para duplicar el básico de 3500 pesos era necesario trabajar 16 horas por día. Esta precarización absoluta, con condiciones laborales indignas, conspira contra la eficiencia y la profesionalidad. La ley de seguridad remeda el modelo neoyorquino de tolerancia cero, pero sin la depuración policial que fue uno de sus aspectos. Permite suprimir las libertades con sólo invocar genéricas “razones de seguridad”. La ley orgánica define el “estado policial”, que obliga incluso a los que están de franco y a los retirados a portar el arma reglamentaria las 24 horas del día, “para prevenir o interrumpir la ejecución de un delito o contravención” en cualquier lugar y momento. Así se profundiza el carácter de corporación separada del resto de la sociedad, y la posibilidad de reacción violenta y armada frente a conflictos cotidianos de menor importancia. El régimen disciplinario de la policía es vago y ambiguo; castiga “la falta de celo o exactitud en el cumplimiento de los deberes”, el “descuido en el aseo personal, uso del cabello largo”, hasta el “contraer deudas con personas de mala reputación” o “prestarse a reportajes o formular declaraciones públicas, referidas a aspectos funcionales o de carácter político, sin contar con la autorización de la superioridad”.
Sin códigos
El Código de Faltas fue sancionado en 1994 por unanimidad de justicialistas y radicales, que también acordaron la creación de juzgados contravencionales que lo aplicarían. Pero aduciendo la falta de presupuesto los gobiernos de ambos partidos los pospusieron una y otra vez. La facultad de instruir y juzgar a todos los contraventores quedó en manos de la policía, que no es entonces un órgano auxiliar de la justicia sino un actor político que disputa el poder en el escenario público. El mismo año en que la Constitución reformada incorporó diez Tratados Internacionales de Derechos Humanos que obligan a todos los estados provinciales, el Código de Faltas suprimió todos esos derechos en Córdoba y se erigió en instrumento de disciplinamiento social de los sectores marginados y herramienta de gobierno de la protesta social. Cada vez que se lo modificó fue para profundizar su carácter represivo. El comisario puede imponer pena de multa, inhabilitación para ejercer una actividad en infracción, decomiso de un bien utilizado en la falta, prohibición de concurrencia a ciertos espectáculos, cursos educativos, tratamiento terapéutico, trabajo comunitario o arresto. En la práctica esta bonita diversidad se reduce al arresto del contraventor, algo que dificulta su acceso al trabajo y la educación. El Código castiga conductas como el merodeo sospechoso, la prostitución molesta o escandalosa, los actos contra la decencia pública o la ebriedad molesta. La vaguedad y la ambigüedad de estos tipos contravencionales, incrementa la discrecionalidad policial y su selectividad, ya que el propio agente que realiza la detención, completa la definición de la conducta prohibida en el Código. No se sabe qué se castiga, pero sí a quién está dirigido: los jóvenes de los sectores altos pasan un máximo de dos días detenidos, dos meses en el caso de los sectores medios y hasta seis meses en el caso de los sectores bajos. Un Código similar que regía en Tucumán, fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en 2010, en la causa iniciada por José Gerardo Núñez, con el patrocinio de la agrupación de Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes). Núñez había gritado en la calle durante una discusión de fútbol y el jefe de policía lo condenó a seis días de arresto. No había pruebas y los únicos testigos fueron los policías que lo detuvieron. La Corte Suprema señaló que al no disponer de un abogado se violó su derecho a la defensa en juicio. Cuando rigieron los edictos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Policía Federal nunca apeló una declaración de inconstitucionalidad, para evitar que la causa llegara a un plenario de Cámara o a la Corte Suprema. De ese modo, sólo valía para el caso, y los comisarios seguían aplicando los edictos como siempre. En Córdoba no hay defensores públicos y el 94,5 por ciento de los contraventores no ejercen el derecho de designar un abogado de confianza. La policía realiza el arresto, instruye el sumario, acusa, juzga y controla la ejecución de la pena, casi como un monarca.
SÍ, JEFE
Por Horacio Verbitsky
El gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, denunció por sedición a los policías acuartelados pero cedió a sus demandas salariales y, lo que es peor, profesionales. La ley que el gobierno anunció que se aplicaría a partir de marzo establece que los ascensos del personal policial se regirán por concurso público de antecedentes y oposición, una vez que el Poder Ejecutivo fije el número de vacantes. Pero el decreto 4221, del 10 de diciembre, lo enmendó. Su artículo 9 dice que los concursos serán convocados sin cupo. Es decir, que ascenderán todos los oficiales que la junta policial de calificaciones disponga, con lo cual se reforzará la verticalidad y la discrecionalidad de la cúpula.
QUE PUEDE HACER LA NACIÓN
Por Horacio Verbitsky
Si bien la seguridad es una facultad provincial no delegada en la Nación, dos leyes promulgadas para el sistema educativo señalan caminos posibles para constreñir a las provincias a reformar sus policías, que hoy parecen bandas armadas preestatales que, en negociación inestable con el poder político, controlan el territorio de modo informal, corrupto y violento. Una es la de Financiamiento Educativo, que determina pisos mínimos de salario docente y financiamiento nacional a las provincias insolventes. Otra es la de Educación Nacional, que crea un consejo Federal de Educación, como organismo interjurisdiccional, de carácter permanente, ámbito de concertación, acuerdo y coordinación de la política educativa nacional. Tiene múltiples órganos de aplicación, para ejecutar resoluciones obligatorias. Por tradición y decisión política, el gobierno de la seguridad nunca mereció una preocupación equivalente. Los mejores intentos fueron extrainstitucionales, como el de Néstor Kirchner cuando le impuso a Felipe Solá que Carlos Arslanian fuera el ministro de Seguridad bonaerense. Pero ese carácter aleatorio también permitió la contrarreforma sciolista, con sus horrendos ministros Carlos Stornelli, Ricardo Casal y Qué Boquita Granados. Los programas formales no estuvieron bien encaminados, como el de 2008, de asistencia a los municipios bonaerenses para la compra de cámaras de vigilancia o el de agosto de este año que comenzó con la transferencia de fondos a Buenos Aires para que Scioli licitara 350 patrulleros y continuó con la adhesión de quince provincias. Su ineficacia se demostró en estos días. Pero con las mismas competencias sería posible establecer estándares mínimos de capacitación, reentrenamiento y evaluación profesional, asistiendo a las provincias para que mejoren sus lugares de formación. Esto permitiría retirar de la calle, o de la institución, a quienes carezcan de estándares mínimos profesionales, físicos, intelectuales, éticos o de respeto por los derechos humanos. Equipos mixtos de evaluación podrían proponer planes de mejora profesional, cuyo cumplimiento controlaría el Consejo Federal. Esta injerencia federal puede realizarse por convenio con las provincias, que siempre recurren a la Nación porque no tienen recursos suficientes, como ya ocurre con el equipamiento. El Consejo Federal también puede aprobar normas de actuación en temas como protesta social o uso de la fuerza, evaluar su cumplimiento y en caso de error u omisión enviar equipos a la provincia que se encarguen de aplicarlas. Los protocolos de actuación ante la protesta social fueron aprobados por la ex ministra Nilda Garré, pero nunca se desarrolló un programa serio de asistencia para lograr que las provincias los cumplieran, lo cual hubiera requerido crear cuerpos especiales, seleccionar su personal, fijar su doctrina y entrenarlos de forma permanente, en un centro nacional. Además, el gobierno cordobés declaró que no los aplicaría porque la seguridad en la provincia es autónoma de los lineamientos nacionales. Otro activo del gobierno nacional, que no siempre lo advierte, son las condenas contra el Estado en organismos internacionales por violaciones a los derechos humanos. Muchas veces esos fallos exigen que el Estado federal obligue a las provincias a modificar las lógicas que condujeron a la violación, como en el caso Bulacio, sobre las reglas para la detención de personas. Pero nunca se instaló la comisión que debía encargarse de esa adecuación en todas las provincias. Lo mismo ocurre con los Principios para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y los Principios Básicos del Empleo de la Fuerza y las Armas de Fuego, de las Naciones Unidas. Cumplir con esas recomendaciones requeriría la existencia de órganos de control independientes, el seguimiento de todas las causas en las que murieron o fueron heridos policías o civiles. El Ministerio de Seguridad reglamentó en 2012 el programa de uso de la fuerza, pero con la sucesión de cambios aún no logró que la Policía Federal lo aplique de modo sistemático. De las provincias, ni hablar. El demorado Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, promulgado pero no constitui-do, sería otro instrumento nacional de incidencia en la capacitación y el rediseño de las prácticas provinciales. Por último, aunque tal vez lo más importante, la justicia federal tiene un rol fundamental que cumplir en las provincias, investigando la connivencia de sus policías con las redes de ilegalidad en delitos federales, como contrabando, trata de personas, de estupefacientes o de armas. Así lo demuestran las investigaciones de los fiscales Senestrari y Murray.
Lunes, 16 de diciembre de 2013
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