AYER DIO ACUERDO PARA UN CARGO AÚN NO VACANTE El Senado provincial cruzó el Rubicón  Con la firme postura de los seis senadores del justicialismo, empeñados en que el pliego no sea tratado hasta que quede firme la controversia judicial en torno al cargo, el oficialismo gobernante hizo caso omiso y avanzó en prestar acuerdo abriendo un nuevo frente en la ya traumática relación con el más alto Tribunal de la Nación, que sigue con preocupación la sistemática conducta de no acatar los fallos de la Corte. El caso de la división del Ministerio Público y la particular situación creada con el Juzgado de Mercedes son algo más que una luz amarilla. Muestran -en su justa dimensión- el poco respeto que los poderes públicos de la Provincia de Corrientes tienen para con decisiones de un Tribunal que es el intérprete final de la Constitución de la República.
En los últimos tiempos, la Corte dejó sin efecto varios fallos del Superior Tribunal de Corrientes. De todos ellos, sólo el del Caso Aguad fue cumplimentado estando ya la causa en el Archivo.
Las bancadas del oficialismo dieron ayer otra vuelta de tuerca al avanzar con el tratamiento del pliego de la Juez de Saladas, aun cuando hasta la fecha no hay decisión firme de la Justicia.
Por su parte, el justicialismo mostró unidad de criterio y acatamiento a los criterios de la Corte.
El Superior Tribunal tiene, desde hace meses, cajoneado un recurso de casación interpuesto por el ex titular. Y se descuenta que, como en el caso de Mercedes, la Corte Suprema terminará por invalidar las decisiones del Jury por inobservancia de garantías constitucionales que habilitan la intervención del alto Tribunal en su responsabilidad de ejercer el control de constitucionalidad.
En los últimos tiempos, la Corte dejó sin efecto varios fallos del Superior Tribunal de Corrientes. De todos ellos, sólo el del Caso Aguad fue cumplimentado estando ya la causa en el Archivo. Los demás aún siguen incumplidos a pesar del tiempo transcurrido.
Como se recordará, el Poder Ejecutivo provincial solicitó acuerdo para la designación en el cargo de juez de Instrucción y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en Saladas, para la doctora María del Carmen Mareco.
Asimismo, solicitó acuerdo para cubrir el cargo de defensor de Pobres y Ausentes Nº 1 de Corrientes, para la doctora Roxana Itatí Duarte López.
La nueva sesión ordinaria del Senado se abocó entonces al análisis de pliegos para cubrir cargos en la Justicia. Se trató de la sesión ordinaria número 13 de la Cámara de Senadores de Corrientes. En su orden del día figuraban tres expedientes a tratar y dos solicitudes de acuerdo, con despacho de comisión, para cubrir cargos en la Justicia provincial.
CONDENA A LOS BUITRES
Una resolución vinculada a la coyuntura que vive el país mereció también el pronunciamiento de las Cámara alta correntina, tal como lo comentó a EL LIBERTADOR el senador justicialista Rubén Pruyas.
Por unanimidad de las bancadas se aprobó una moción de condena a la presión que los denominados "fondos buitre" vienen ejerciendo sobre el país, a través de un fallo judicial del juez norteamericano Thomas Griesa.
La Resolución se dirige a la Procuraduría General de la Nación, para que por su intermedio se haga jugar un rol a la Corte Suprema de Justicia de la Nación intercediendo en la defensa de los intereses nacionales.
Esto porque se consideró, por parte de los senadores opinantes, que aquel polémico fallo del magistrado norteamericano pone en peligro la estabilidad financiera de la Argentina.
El primer expediente que se trató en la sesión de ayer fue un proyecto de ley presentado por el senador (MC) Vicente Picó, por el que se declara patrimonio cultural e histórico de la Provincia a la antigua chimenea de la ex Sarpa.
El segundo fue un documento en el que la Cámara de Diputados remite en revisión un proyecto de ley por el que se establece que el Registro Civil deberá comunicar mensualmente a la Anses Delegación Corrientes y al IPS la nómina de personas fallecidas en el ámbito de la Provincia.
En el tercer expediente, Diputados remite en revisión proyecto de ley por el que se determina que la factura del servicio de agua potable deberá llevar la impresión de la leyenda "El agua es vida, no la derroches".
Fuente: Ellibertador.
Viernes, 1 de agosto de 2014
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