POR MOIRA INSAURRALDE “Es necesario reformar el Código Penal para adecuar las leyes locales a la Constitución”  El titular de la Federación Argentina de Magistrados pasó por Corrientes para participar de las primeras Jornadas Regionales del Secretariado Judicial y del Ministerio Público. En una entrevista exclusiva con El Litoral habló sobre el rol de los secretarios, la independencia, la falta de presupuesto y la necesidad de equiparar salarios con la Justicia Federal, entre otros temas.
Víctor María Velez es presidente de la Federación Argentina de Magistrados y en su extenso curriculum se destaca también su participación en la redacción del proyecto de reforma del Código Penal de Catamarca. Con vasta experiencia en el tema, opinó sobre el debate nacional y local. La importante función de los secretarios judiciales y la necesidad de más capacitación en pos de la independencia, como objetivo del Poder Judicial, fue otro de los asuntos analizados. El presupuesto y la necesaria equiparación entre provincias así como los salarios en relación a la Justicia Federal, también fueron parte de la charla con El Litoral.
A dos años de su última visita, llega ahora para participar de las Jornadas Regionales del Secretariado Judicial y del Ministerio Público. ¿Qué importancia tiene este tipo de encuentros?
Es un espacio que los secretarios se fueron ganando. Y la Federación con el apoyo de todos los colegios provinciales ha ido otorgando porque verdaderamente se lo merecen. Y además porque nosotros creemos que en los secretarios está la Justicia del futuro.
¿Por qué la Justicia del futuro?
No digo que es el futuro de la Justicia, sino la Justicia del futuro. Porque son jóvenes, porque es un cargo muy dinámico, en la mayoría de los casos es un cargo de paso, la mayoría de los secretarios van a ser defensores, van a ser fiscales, van a ser jueces. Entonces es importante que tengan este espacio, que debatan sus problemas dentro de parámetros razonables. La posición en la que ellos están los ubica muy cerca de la realidad. Porque atienden al público, son el primer escalón de la Justicia donde transita la gente, tienen trato con magistrados y funcionarios, con los abogados; gestionan la oficina; asumen muchas responsabilidades -algunas delegadas y otras informales-, pero asumen muchas. Son generalmente la mano derecha de jueces y funcionarios. Ayudan a proyectar decisiones. Entonces tienen la posibilidad de acceder a una formación integral. Encima se preocupan por eso y se capacitan. Para nosotros es la Justicia del futuro, por eso apostamos a ellos en la medida que podemos. Y creo que estas rees son sumamente positivas, no pueden dejar de existir.
¿Y cuáles serían las cuestiones a mejorar en los secretariados?
La primera es la capacitación en todas sus variantes. Capacitarse en general es tener la posibilidad de ser más libres. Cuando uno más se capacita más libre se siente y mientras más libre se sienta, en mejores condiciones está para ser independiente. Y lo que se necesita en la Justicia es tener funcionarios independientes. Que además sean eficaces, por supuesto, pero esta es la esencia de la Justicia. Que resuelva imparcialmente, que resuelva por la prueba, por la ley y no por presiones políticas, empresariales, de mercado.
¿La Justicia recibe mucha presión? ¿El poder político presiona?
Y la política en algunas cuestiones pretende influir. Pero también hay que entender que hay aspectos de la organización judicial que hay que repensarlos. Hoy creo que es un momento para repensar la organización judicial. No hablo desde la política partidaria sino que hay que tener políticas judiciales, hay que desarrollarlas. Políticas de Estado judicial.
¿Y por qué ahora es el momento de repensar una política judicial?
Porque ahora entramos (el año pasado) en un debate clave porque se pretendía, desde un costado, la democratización de la Justicia, y eso hizo que se movieran las estructuras y comenzáramos a preguntarnos realmente qué significa democratizar la Justicia. Nosotros pensamos que es un servicio y un derecho que el ciudadano tiene a que sus conflictos sean resueltos rápido, bien e imparcialmente. Porque lo que garantiza paz como respuesta al conflicto es una decisión imparcial. Entonces desde el poder que sea, político, mediático, empresarial o de mercado, cuando hay intereses hay presiones para que el conflicto se resuelva a favor de esos intereses. Y si los jueces ceden a esos intereses, la Justicia, lejos de ser imparcial, va a ser parcial, y así afecta este derecho básico que el ciudadano tiene. Entonces lo que tenemos que discutir ahora es cómo vamos a tener una organización judicial que sea capaz de garantizar decisiones imparciales. Porque para lograrlo hay que ser independiente. La imparcialidad y la independencia están unidas.
Hace unos días se realizaron en Corrientes las “V Jornadas Regionales de la Justicia de Paz y Faltas del NEA” y uno de los puntos sobresalientes fue la cuestión del presupuesto…
Y es el combustible que se necesita para funcionar. Y mientras mejor la calidad de combustible, con mejor calidad funcionamos. Los presupuestos son básicos. Hay dos puntos sobre los que todos los que formamos parte del Poder Judicial estamos interesados: primero el presupuesto tiene que ser suficiente. El concepto de suficiencia tiene que ver con la razonabilidad y con el lugar. Y después los dos aspectos son la autarquía y la autonomía. Un presupuesto suficiente. Si para lograr un presupuesto suficiente hay que lograr autarquía, bueno, Corrientes la tiene. Y hay que tener autonomía para manejarla.
¿Es suficiente el presupuesto?
No, no es suficiente a nivel país. Hay provincias que destinan entre un 6 y un 7 por ciento del presupuesto general. Corrientes está entre esas provincias que tienen uno de los mejores porcentuales de presupuesto. Hay provincias que tienen 2,2 por ciento. Y para poder gestionar la enorme cantidad de conflictividad personal y social hay que tener una estructura adecuada, y esa estructura no la tenemos. Entonces lo que tenemos que hacer es repensar políticas de Estado judicial. Empezar a sacar conflictividad de la esfera de lo judicial porque los aparatos judiciales no pueden resolver todos los problemas. Hay que tratar de que lleguen menos. Pero esto no quiere decir que los problemas que no deba resolver la Justicia queden irresueltos. Hay que buscar la mediación civil, la penal, la resolución de las pequeñas causas, justicias barriales, justicias de menor cuantía que sean más rápidas. Hay que transparentar los procedimientos en muchos casos a través de la oralidad, que es lo que permite la publicidad. Hay que abrir en algunos casos los sistemas judiciales para que pueda participar el ciudadano, por ejemplo el juicio por jurado.
El juicio por jurado es uno de los temas en el marco del debate sobre el proyecto de reforma del Código Penal. ¿Es necesario reformarlo?
Sí, el Código Penal pide a gritos no una reforma, sino reemplazar el que está por otro que apunte a la realización de los principios de la Constitución. Cuando diseñaron la Constitución establecieron una política criminal determinada y optaron por una política criminal liberal e igualitaria. O sea, básicamente asentada en los principios de libertad y de igualdad. Esto no quiere decir que el principio de autoridad haya sido desconocido. Y el Código Penal que ha sufrido más de 400 reformas es asistemático, en donde en algunos casos se protege más la propiedad que la vida, para poner un ejemplo. Entonces lo que hay que hacer es acomodar estas cosas, terminar con estos desfasajes. Y el Código tiene muchas críticas, pero muchas son por desconocimiento que tiene más que ver con una cuestión mediática. O de intereses. Pero que sería importante que se debata sobre esto y si hay puntos que cuestionar, que se los cuestione. El tema de la reincidencia se puede conversar, reestructurar. No es que no haya reincidencia, es un concepto diferente, se sacó la palabra. Pero es un debate que hay que darlo.
En Corrientes también hay un proyecto de reforma. ¿Es necesario el debate y la reforma local?
Y siempre los debates son necesarios y provechosos. Los ámbitos para debatir son la legislatura, los ámbitos académicos, los judiciales. A mí me parece que el proyecto es bueno, y además necesario porque hay que ajustar las leyes provinciales a lo que dice la Constitución, que tiene tres puntos: un juez imparcial que ya no tiene facultades de investigación, un fiscal que es el responsable de la prueba y es el que va a acusar siempre y cuando corresponda, y puede actuar acompañado de la víctima; y una defensa que tiene que ser sólida y capaz.
Viernes, 15 de agosto de 2014
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