POR FEDERICO BERNAL “Argentina Digital”: más soberanía, más desarrollo, más Estado y más pueblo  Reconstrucción y revolución en la Argentina del Bicentenario. "Dejar las telecomunicaciones libradas a las fuerzas del mercado es un error que ningún país 'serio' del mundo se arriesga a cometer. El Espacio Radioeléctrico no podrá ser reprivatizado".
El proyecto de ley de telecomunicaciones "Argentina Digital" garantiza el derecho a las comunicaciones, consolida el rol del Estado Nacional como planificador del área, fija un marco normativo compatible con las nuevas tecnologías y planifica la Plataforma Digital construida pacientemente desde 2006 (creación de AR-SAT) con el propósito de asegurar universalidad de acceso social y geográficamente. Una ley que fomente el desenvolvimiento, el uso federal y democrático de las denominadas TICs hace a la modernización de la República, su sociedad y aparato productivo e industrial. Asimismo, una ley que contrarreste las prácticas anticompetitivas del mercado hace a un capitalismo más sano y funcional, atándolo aún más a los intereses del pueblo argentino y sus generaciones venideras.
ARGENTINA DIGITAL. El Proyecto busca garantizar el derecho humano a las comunicaciones y establecer la neutralidad de las redes declarando de interés público el desarrollo y la regulación de las TIC. En ese sentido, la prestación de servicios se realizará en régimen de competencia, se excluirá cualquier tipo de regulación de contenidos. El Territorio Nacional será una única área de explotación y prestación y se promoverá el rol del Estado como planificador. Entre los puntos de mayor relevancia del Proyecto figuran: 1) el establecimiento de una velocidad mínima de transmisión; 2) que la administración del Espacio Radioeléctrico será responsabilidad indelegable del Estado Nacional y nunca más podrá volver a ser privatizado; y 3) el Estado Nacional administrará los recursos de redes satelitales dando prioridad a los satélites geoestacionarios argentinos de la empresa pública AR-SAT. Por último y en relación a los controles, es importante mencionar que se busca establecer un riguroso régimen de sanciones a las licenciatarias (apercibimientos, multas, suspensiones, comisos, decomisos, clausura, inhabilitación y caducidad de licencia), así como fijar una tasa de control, fiscalización y verificación del 0,5% de los ingresos totales devengados por los servicios TIC. Las "TIC", dicho sea de paso, comprenden la confluencia de las redes fijas y móviles que proporcionan a los usuarios la capacidad de recibir y transmitir información de voz, audio, imágenes y datos.
MONOPOLIOS Y TICS. Los argumentos que rechazan la nueva normativa propuesta, normativa que es en esencia una ley antimonopólica, son los argumentos de los monopolios y oligopolios. Así ha sucedido en todos los países del mundo cuando este tipo de leyes antitrust entran en juego. "Que se avanza sobre las empresas", "que el gobierno todo lo devora", etc., etc. Es lo único que pueden decir. Claro que el gobierno avanza, pero sobre las prácticas anticompetitivas, de abuso de posición dominante, de cartelización. En definitiva, avanza sobre las prácticas que son combatidas en todos los países serios y civilizados del mundo y que perjudican el normal funcionamiento del mercado y el bolsillo del consumidor. Dejar las telecomunicaciones y las TICs libradas a las fuerzas del mercado es un error que ningún país "serio" del mundo se arriesga siquiera a cometer. De hecho y como demuestran los estudios científicos más recientes, las TICs han transformado radicalmente la manera en que se produce y se comunica la información. Las TICs incluso, y esto es fundamental, resultan clave para la eficiencia de las instituciones gubernamentales y empresas públicas en poder del Estado nacional, en función por supuesto del inmenso radio de acción en el que por lo general operan y la masa de clientes a la que prestan determinado servicio. Por lo tanto, que las TICs y las telecomunicaciones cuenten con una normativa acorde a los tiempos que corren, que coloque al Estado como actor protagónico, es deseable desde la consolidación de una nación inclusiva, soberana y autosuficiente, imposible de realizar sin un Estado moderno y eficiente.
UNA RECONSTRUCCIÓN REVOLUCIONARIA Y POPULAR. El Estado Nacional invirtió durante el período 2003-2014 en el Plan de Telecomunicaciones alrededor de AR$ 21.440 millones, representando el 50% de la inversión total del sector. Los accesos residenciales a Internet se incrementaron en diez años un 983%, pasando de 1,2 millón a 13 millones, y la cantidad de líneas de celulares asciende actualmente a 45 millones, un 1000% más que hace una década atrás. Se formaron 47 mil trabajadores y 3000 especialistas en el sector; en el caso de la empresa pública AR-SAT S.A., la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) e INVAP Sociedad del Estado, pasaron de emplear 700 a 3000 profesionales, representando un 428% de incremento. Fueron creadas diez empresas provinciales en Formosa, Chaco, La Rioja, Misiones, Santiago del Estero, Catamarca, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Tierra del Fuego. A propósito, hace muy bien el ministro de Planificación Federal cuando contextualiza "Argentina Digital" en el proyecto político puesto en marcha once años atrás: "Nos tocó desde el año 2003, al igual que en otras áreas de infraestructura, reconstruir un sistema que estaba desmembrado por las políticas neoliberales..." Reconstrucción, en efecto, es lo que viene sucediendo con el país y su pueblo. Pero no cualquier reconstrucción, sino una revolucionaria en su transformación estructural de la Argentina y con destino a reincorporar a las decenas de millones de compatriotas que habían sido expulsados del mapa de la semicolonia que fuimos (y que resulta incompatible con el pueblo adentro) entre 1976 y mayo de 2003. Bien que hace Julio De Vido pues, cuando nos recuerda que esa reconstrucción revolucionaria, popular y verdaderamente democrática comenzó, en materia de libertad de expresión, telecomunicaciones y tecnología espacial en enero de 2004 cuando Néstor Kirchner decidió anular "la Concesión del Espacio Radioeléctrico a la Empresa Francesa Thales Spectrum", siendo nosotros uno de los "tres países en el mundo con el espacio privatizado" junto a la "República Gabón y Burkina Faso". Ni el diario La Nación ni el Grupo Clarín por supuesto hicieron la comparación pertinente con las empobrecidas y sometidas naciones africanas. A la medida anterior, siguieron la anulación de "las Concesiones de las Posiciones Orbitales 81 y 71,8 a la Empresa Nahuelsat, que estaban a punto de perderse porque no había ni un plano del satélite que debía ocuparlas ni un plan estratégico para mantener las posiciones" y casi en paralelo la creación de la empresa AR-SAT para "ejecutar la Política de Telecomunicaciones y ocupar las Posiciones Orbitales con satélites construidos en la Argentina y no alquilados". Otro gran y estratégico paso, recordó el ministro, fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en septiembre 2009, junto a la creación de la Televisión Digital Terrestre Pública, Libre y Gratuita y, un año más tarde, el Plan Nacional Argentina Conectada. Tales hitos, los pilares de una plataforma tecnológica y en infraestructura que se propone abarcar toda la geografía nacional y mediante la cual "se lograron resultados notables en materia de tecnología e infraestructura de las comunicaciones", posibilitando a su vez nuestra adaptación y acople "a todos los saltos tecnológicos que se dieron en el mundo". Y ahora, "Argentina Digital"... Más se reconstruya (y construya desde cero), más nos interconectemos, más se beneficie e incluya a la sociedad, más se empodere al Estado, más se solidifique el acercamiento entre el sector privado (que apuesta por el país) y ese mismo Estado, más se combata al anarquismo de mercado, más se refuercen los marcos regulatorios y la estructura jurídica, legal y constitucional de la Argentina del Bicentenario, mucho más cerca un nuevo triunfo popular en 2015.
Martes, 11 de noviembre de 2014
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