OPINIÓN México sin Estado  En los útimos 20 años el Estado mexicano perdió el monopolio del uso de la fuerza, el monopolio del cobro del tributo, y el control sobre el territorio. En México el Estado dejo de ser Estado. Los partidos políticos permitieron el ingreso a sus filas de grupos criminales, miembros del ejército fueron cooptados y la policía ha sido corrompida o coersionada. Lo que no sabemos es cuán alto ha llegado el crimen organizado, ni el papel que juegan los actores gubernamentales dentro del negocio.
Las noticias sobre las protestas por la masacre de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, en México dan la impresión de que vemos el inicio de la revuelta popular, de la insurrección generalizada. Pero no hay fantasma que recorra México ni masa crítica que se levante.
El Presidente Enrique Peña Nieto debería preocuparse por la crisis política, que demuestra que la estructura que el Partido de la Revolución Institucional (PRI) construyó y controló durante 71 años ya no funciona. Pero no solo no les funciona a ellos, sino que no le funciona a ningún otro partido, para prueba los 120 mil asesinatos y entre 30 y 100 mil desaparecidos –la cifra oficial es la más baja– durante los 12 años de gobierno del Partido de Acción Nacional (PAN). Del Partido de Revolución Democrática (PRD) poco se puede decir, se encuentra fracturado y tanto el gobernador de Guerrero como el alcalde de Iguala –quien presuntamente dio la orden para asesinar a los estudiantes– provenían de sus cuadros.
El Estado mexicano perdió, desde hace por lo menos 20 años, el monopolio del uso de la fuerza –hoy día el narcotráfico tiene armas de asalto como las del ejercito mexicano—el monopolio del cobro del tributo—la extorsión de parte de los cárteles de las drogas y los grupos de sicarios tiene sometidos a comerciantes y empresarios en todo el territorio nacional—y el control sobre el territorio—si no de qué otra manera la policía municipal puede detener a balazos a casi 50 personas (algunos estudiantes escaparon de la masacre) a la luz del día y entregárselos a un grupo criminal que según la versión oficial los mataron e incineraron al aire libre, todo en una zona altamente militarizada.
En otras palabras, el Estado dejo de ser Estado, aunque la actual administración asegure que ni Iguala, ni Guerrero son el Estado mexicano. Por su parte los partidos políticos permitieron el ingreso a sus filas de grupos criminales, algunos miembros del ejército fueron cooptados y la policía ha sido corrompida o coersionada. Ahora, lo que no sabemos es cuán alto ha llegado el crimen organizado, ni el papel que juegan los actores gubernamentales dentro del negocio. Por lo regular, las estructuras estatales negocian, vía la coerción, con los grupos criminales y, soborno de por medio, les permiten operar con la condición de que denuncien a otros criminales que se encuentren por fuera del acuerdo. Así los gobiernos pueden dar resultados.
Así los mercados ilegales y los gobiernos coexisten desde hace mucho tiempo, pensemos en las patentes de corso que permitían robar –principalmente a los barcos españoles– con permiso de la reina de Inglaterra. El mayor problema es el de la violencia derivada de los mercados ilegales. Cuando las instituciones se debilitan y pierden credibilidad, entonces los grupos criminales pueden –y seguramente lo harán– optar por enfrentar a un Estado en lugar de someterse a él. ¿Para qué pagarle por protección a quien es más débil que uno? Es entonces que la violencia aumenta. El caso se agudizará si alguna autoridad se incorpora o lidera alguna de las mafias porque será considerado un enemigo para sus rivales y por tanto lo será también el gobierno al que representa.
Ayotzinapa no es el primer caso de una masacre en lo que va del México de la transición política. El 5 de junio de 2009 murieron 49 niños y más de 70 resultaron heridos en un incendio provocado en una bodega vecina a una guardería infantil, el móvil del incendio era desaparecer documentos que evidenciaban un acto de corrupción del gobernador. No hay nadie en prisión por ello. En agosto de 2010, 72 emigrantes centro y sudamericanos fueron secuestrados por el Cártel de los Zetas y asesinados a balazos. En abril de 2011 se descubrió la llamada Masacre de San Fernando con un saldo de 193 muertos. Justo unas semanas antes de la masacre de Ayotzinapa se dio a conocer que lo que se reportó en junio pasado como un enfrentamiento entre criminales y militares fue en realidad una masacre, donde los miembros del Estado dispararon contra un grupo, sí de criminales, pero que se habían rendido y entregado las armas. Todos los casos están en la impunidad, lo que suma a la incapacidad coercitiva del Estado. Si la posibilidad de castigo es poca el incentivo para delinquir es mayor.
El caso de Ayotzinapa tuvo una gran repercusión, quizá por lo organizados que están los estudiantes en México hoy día y su vínculos con las redes sociales que sirven para amplificar las protestas. Esa amplificación también genera que algunos grupos marginales que esperan desde hace mucho un levantamiento en México crean que el momento se está dando. Es cierto que la toma de protesta de Enrique Peña Nieto fue opacada por los enfrentamientos entre manifestantes y policía, y que ya van varias escaramuzas desde que secuestraron a los 43 normalistas de Ayotzinapa. Es muy posible que como escribí hace un mes en Bastión Digital si no se hace justicia con este caso, se esté abonando para que los grupos guerrilleros de Guerrero como el ERPI o el EPR engrocen sus filas con aquellos que sientan que la democracia no les está respondiendo, o bien que conformen sus propios grupos. Y aunque en México siempre ha habido guerrillas, en las condiciones actuales solo aumentaría el catálogo de violencias.
Por su parte los gobiernos han sido cuidadosos de no reprimir con la fuerza pública para no lanzarle leña al fuego (aunque existen casos de fabricación de culpables ante los disturbios, sobre todo en la Ciudad de México). Esa falta de accionar dio pie a que las protestas violentas sean más visibles. De momento, son más quienes creen en el cambio pacífico vía la movilización, por lo que es difícil que veamos una “Primavera Mexicana” o una nueva revolución, pero tampoco se ve que la clase política mexicana tenga la voluntad para realizar los cambios que se necesiten para instaurar un verdadero estado de derecho, ni que las clases dominantes presionen para que esto se logre.
La forma de solucionar esto no depende de un solo hombre. La revista The Economist ha sugerido cambiar al Secretario de Gobernación (ministro del interior) para colocar ahí a un ex candidato presidencial a quien se le vincula con el PRI de mano dura, lo que equivaldría a una virtual abdicación de Peña Nieto.
Pero México hoy día no necesita mano dura, no necesita demagogia, no necesita una revolución. México hoy día necesita justicia, quizá no habría que pedir que renuncie el presidente, sino que renuncien los ministerios públicos que son incapaces de armar una averiguación previa adecuadamente, que renuncien los jueces que dan amparos a asesinos y criminales. Que renuncien los procuradores de justicia que nunca llegan al fondo ni encuentran culpables de alto perfil. Hace falta que se impongan multas y sanciones a los partidos que financian campañas con el dinero del crimen organizado y permiten que lleguen criminales. Hace falta que los mexicanos renuncien al miedo y al cinismo.
**Tomado de BASTION Digital
Martes, 18 de noviembre de 2014
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