GRIESA EN SU LABERINTO Un caos judicial con sentido y trasfondo político  El bloqueo del juez de Nueva York a los pagos argentinos de deuda provoca un inusual desorden en el sistema financiero internacional. Las contradicciones y las demandas cruzadas condicionan el escenario de una hipotética negociación tras que venza la cláusula RUFO.
Desde que la Corte Suprema de Estados Unidos convalidó las extravagantes decisiones del juez Thomas Griesa a favor de los fondos buitre, la disputa legal sumó actores impensados y se ramificó hacia distintos tribunales del mundo. Las demandas cruzadas fueron abiertas en Londres, Bruselas y Nueva York, dividiendo el campo de batalla dentro del propio sistema financiero internacional. Las causas involucran a grandes fondos de inversión radicados en Europa con bonos regidos por la legislación inglesa, bancos internacionales encargados de transferir los vencimientos y otras entidades financieras situadas en Luxemburgo o Bélgica que están a cargo de diferentes instancias del pago de los intereses de la deuda argentina. Los juicios en marcha son relevantes para las terceras partes no involucradas afectadas, que buscan cobrar sus acreencias en tiempo y forma o cubrirse de posibles reclamos en su contra por incumplir con sus obligaciones contractuales. Pero el resultado de los litigios también es determinante para definir la correlación de fuerzas en las hipotéticas negociaciones entre el Ministerio de Economía y los buitres+holdouts que se habilitarán legalmente a comienzos de 2015, cuando caduque la cláusula de Derechos Sobre Futuras Ofertas (RUFO, por sus siglas en inglés).
El origen del berenjenal judicial es el bloqueo al mecanismo de pago de la deuda externa dispuesto por Griesa a pedido de los fondos buitre para garantizar el cumplimiento de su sentencia. Existen muchas sentencias firmes en primera instancia que favorecen a los demandantes, pero ningún juez otorgó a los buitres un poder de fuego como hizo el magistrado neoyorquino: las entidades financieras que intervienen en el pago de la deuda externa sólo pueden canalizar los fondos depositados por Argentina si el país paga la totalidad de los fondos reclamados por buitres (ver aparte).
Aproximadamente tres de cada diez bonos emitidos durante la reestructuración de la deuda están regidos por legislaciones extranjeras. Se trata fundamentalmente de instrumentos en dólares sujetos a la jurisdicción de Nueva York y papeles en euros dominados por las leyes de Inglaterra. Desde fines de junio, los titulares de esos títulos se vieron imposibilitados a cobrar los vencimientos de intereses, aunque Argentina ha depositado los fondos en las cuentas del Bank of New York Mellon (BoNY) o, desde que esa entidad fue desplazada como agente fiduciario de la deuda, en Nación Fideicomisos. A esos acreedores se suman los tenedores de títulos en moneda estadounidense, regidos por la legislación argentina, que están radicados fuera del país. En su caso, se vieron perjudicados ya que el propietario de la entidad responsable de canalizar sus fondos decidió sujetar los movimientos de su filial argentina a las decisiones del juez.
Por eso, a lo largo de los últimos cuatro meses, los bonistas afectados y el Gobierno comenzaron a demandar a los bancos por violar sus obligaciones y, a su vez, las distintas entidades involucradas en la cadena de pagos desbordaron los tribunales con pedidos de clarificación, ya que no comprendían el alcance de las decisiones del juez. El bloqueo a los bonos emitidos con ley neoyorquina es impenetrable –todos los planteos legales iniciados por poderosos fondos de inversión, como Fintech Advisory, fracasaron–, pero existen grietas que pueden debilitar la valla que poseen los buitres en los títulos dominados por la ley inglesa y la argentina.
Tres veces por única vez
Las órdenes emitidas por Griesa para forzar la ejecución de su sentencia a favor de los fondos buitre bloquearon el pago de todos los bonos, incluso la parte de los títulos con legislación argentina en dólares en manos de acreedores radicados en el extranjero. Las demandas cruzadas alrededor del mundo proliferaron a finales de junio, cuando el máximo tribunal de Estados Unidos desechó analizar el caso y por omisión confirmó la cuestionada sentencia de Griesa. Sin embargo, los planteos judiciales vinculados a los bonos en dólares con ley local comenzaron hace 18 meses, pero el juez omitió sistemáticamente resolver sobre el fondo de la cuestión. A cargo de los primeros pedidos de clarificación en las cortes neoyorquinas estuvo el Citibank, ya que su filial argentina es la responsable de canalizar una parte de los pagos de intereses de esos títulos.
Los pedidos de clarificación realizados ante las diferentes instancias judiciales comenzaron en mayo de 2013. El holding financiero estadounidense sobreactuó su rol en la causa. Por eso, en lugar de permitir que su sucursal local continúe normalmente con sus funciones de agente pagador, decidió preguntarle a Griesa si sus órdenes alcanzaban al Citi en Argentina. Lo extraño de esa consulta es que, si bien los dueños del banco son capitales extranjeros, se trata de una entidad financiera argentina regida por la Ley de Entidades Financieras y supervisada por el Banco Central.
Embarcados en ese extremo respeto/temor al poder del tándem Griesa-buitres, el Citi y el Gobierno demostraron en los tribunales que los bonos con ley argentina no son deuda externa y, que por lo tanto, están fuera del alcance de la jurisdicción del juez. Además, sostuvieron que las órdenes de Griesa eran incumplibles. Existen bonos idénticos e imposibles de distinguir de los entregados durante el canje (los que supuestamente debían quedar sometidos al bloqueo) de los que fueron emitidos en otras operaciones como, por ejemplo, parte de la compensación a Repsol por su participación accionaria en YPF.
A pesar de la contundencia de la argumentación legal, el magistrado reaccionó recién cuando el Palacio de Hacienda intimó al Citi a cumplir con sus obligaciones y advirtió la posibilidad de multarlo y hasta quitarle la licencia para operar en el país. Con la presión que generó esa amenaza y la evidencia del abuso de jurisdicción cometido, el errático magistrado neoyorquino dio marcha atrás y postergó la aplicación del bloqueo. Fueron tres autorizaciones de pago “por única vez” (a cada vencimiento) que dieron luz verde al banco para canalizar la porción de los intereses de la deuda a su cargo.
Durante aquella audiencia celebrada a fines de septiembre en Manhattan, los abogados buitre apelaron a todos sus recursos para evitar un fallo a favor del Citi. “No hay urgencia”, le reiteró varias veces uno de los letrados demandantes que buscaba postergar cualquier determinación del juez, cuando comenzó a olfatear la orientación de su decisión. “No va a ayudar confundirnos. Yo soy el autor de esa medida cautelar y tengo una buena idea de lo que quise decir”, afirmó fastidiado el octogenario juez, ante los intentos de los letrados de los buitres NML Capital, Aurelius y Blue Angel, que entienden la relevancia de mantener activo el bloqueo. “Era mi visión y lo sigue siendo, que los bonos con legislación argentina son diferentes a los bonos sujetos a las órdenes”, sostuvo con convicción el magistrado en septiembre pasado durante el segundo permiso excepcional, aunque su determinación se esfumó rápidamente.
Si bien ahora el juzgado habilitó el pago correspondiente al próximo 31 de diciembre, sigue sin resolver el fondo de la cuestión. Se había fijado una audiencia para el 9 de diciembre para abordar el tema pero, a pedido del fondo NML Capital, el encuentro fue postergado sin fecha y con cronograma a ser fijado en enero de 2015.
London calling
Los Eurobondholders son un conjunto de inversores que poseen parte de los bonos en euros regidos por la legislación inglesa. Entre los miembros del grupo “ad hoc” figuran los fondos Quantum Partners –encabezado por el financista húngaro-estadounidense George Soros– y Hayman Capital Master –que tiene como titular al multimillonario texano Kyle Bass–. Esos inversores iniciaron acciones judiciales en los tribunales de Londres contra el Bank of New York Mellon, buscando presionarlo a desbloquear los 225 millones de euros depositados por Argentina a fines de junio.
En la demanda conjunta también participan otros fondos, como Knight Capital Management, Perry Capital, Monarch Master Funding, QVT Fund, Quintessence Fund y Centerbridge Partners. Los Eurobonholders realizaron tres pedidos al juez Guy Newey en Londres. En primer lugar, solicitaron declarar que los euros depositados por Argentina en las cuentas del BoNY el 26 de junio les corresponden. En segundo término, reclamaron una declaración del juez afirmando que una orden de una corte extranjera no puede afectar un contrato gobernado por el derecho inglés. Por último, pidieron una medida cautelar para que el BoNY no pueda distribuir sus euros entre los buitres ni reintegrárselos al país.
Cauteloso, el magistrado británico consideró “desafortunado” el curso que tomó la causa, pero evitó cuestionar las decisiones de Griesa. Newey ya desestimó avanzar con la medida cautelar, aunque sí se pronunciará sobre las declaraciones solicitadas en una audiencia que tendrá lugar entre el 17 y 19 de diciembre en Londres. En el equipo económico entienden que desde allí no emergerá ninguna medida con efectos prácticos inmediatos contradiciendo al sistema judicial estadounidense. Sin embargo, no descartan que un desarrollo favorable de esa instancia tenga repercusiones en la puja con los buitres.
“Cómo sea tratado el dinero es relevante para los términos de cualquier arreglo que pudiera finalmente ser alcanzado. Si este pedido funciona bien, incluso si contradice una orden americana, los holdouts estarán en una posición mucho menos beneficiosa en cualquier negociación que si, por un período indefinido, Argentina no puede cumplir con el resto de sus obligaciones”, afirmó Newey durante la audiencia celebrada en Londres a comienzos de noviembre.
Con menos de seis meses al frente de una derivación en una causa desarrollada en otro país, el lord británico dejó en evidencia el alcance del poder otorgado por Griesa a los buitres. No se trata solamente de bloquear el pago de los fondos. Como indicó Newey, el alcance jurisdiccional del bloqueo a los pagos de la deuda determina la fortaleza buitre en cualquier conversación que pudiera iniciarse a partir del 1º de enero, cuando caduca la cláusula RUFO. Si Griesa estuviera presionado a habilitar al BoNY a canalizar los pagos de los bonos con legislación europea –como sucedió con el caso del Citi–, la bala de plata de los buitres se oxidaría.
Aunque incomodarían al BoNY, lo que suceda en Londres no tendrá implicancias inmediatas. Las declaraciones de Newey deberán ser llevadas a los tribunales estadounidenses para que arrojen algún resultado. El banco que hasta ahora estuvo inmunizado ante las demandas se verá amenazado y el potencial perjuicio podría forzar a Griesa a revisar nuevamente sus órdenes y liberar el dinero. Como el BoNY fue desplazado como agente de pago de los vencimientos de intereses y se revocó la autorización para contar con una oficina en el país, no está claro si, frente a ese hipotético escenario, la entidad volvería a utilizarse o si se canalizarían sus pagos a través de Nación Fideicomisos.
Lunes, 24 de noviembre de 2014
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